Hace poco viví una de las experiencias más duras de mi vida: ver a mi papá atravesar una crisis de convulsiones sin que recibiera la atención adecuada. Estar en un hospital y sentir que no hay un protocolo claro, ni personal preparado para actuar de inmediato, es un dolor que no quiero que nadie más cargue.
Las convulsiones no esperan. Cada minuto cuenta para evitar daños irreversibles, pero hoy en México no existe una norma obligatoria que garantice la atención médica inmediata, con medicamentos y especialistas disponibles en cualquier unidad de salud.
La literatura médica señala que los eventos convulsivos urgentes como el estado epiléptico requieren una intervención rápida para evitar secuelas, y se han desarrollado guías clínicas al respecto.
También hay protocolos de “código crisis convulsiva” en algunos centros que han demostrado reducir el tiempo de atención, disminuir estancias hospitalarias prolongadas y mejorar el pronóstico.
Pero: esas guías o protocolos no están universalmente implementados, ni tienen fuerza legal para garantizar su aplicación en todo el sistema público y privado.
En México, la prevalencia de la epilepsia que es una de las causas de convulsiones recurrentes es notablemente alta: se estiman entre 3.9 y 41 por cada mil habitantes en diferentes zonas del país.
Y aún así, los estudios alertan de “lagunas” en acceso a servicios, tecnologías diagnósticas y tratamiento oportuno.
Lo anterior no es sólo una estadística abstracta: es la realidad de miles de familias que llegan al hospital con angustia, incertidumbre y sin la certeza de que todo el sistema de salud esté preparado para responder.
Nos dicen que “suena a locura” aspirar a la atención digna inmediata, estandarizada y garantizada tanto en hospitales públicos como privados. Y quizá lo es, en un país donde muchas veces la salud parece jugarse al volado. Pero justamente por eso es urgente iniciar un movimiento que haga visible esta causa: que transforme el dolor individual en ley colectiva.
Propongo que los legisladores establezcan lo siguiente como obligación legal:
Un protocolo obligatorio, aplicable a todas las unidades de atención (públicas y privadas), para la atención inmediata de personas con crisis convulsivas graves (por ejemplo, convulsiones múltiples, estado epiléptico).
Que dicho protocolo incluya: personal capacitado en primeros auxilios neurológicos, disponibilidad inmediata de medicamentos anticonvulsivantes (como benzodiazepinas), estudios diagnósticos básicos urgentes (laboratorio, imagen), criterios claros de traslado o atención especializada.
Registro obligatorio de los tiempos de respuesta y resultado clínico de cada episodio, para seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Garantía de que no habrá dilación por ausencia de medicamento o disponibilidad de especialista; es decir, no depender de la suerte de qué hospital o turno sea.
Porque la salud no puede ser un privilegio ni un volado: debe ser un derecho garantizado, incluso en los momentos más críticos.
El sistema de salud mexicano no cuenta aún con un “código-crisis-convulsiva” generalizado que funcione como el “código infarto” o “código ictus”. Aunque se han dado experiencias aisladas que demuestran que sí puede mejorar resultados.
Lo que proponemos es que esa experiencia deje de ser la excepción y pase a norma.
Desde mi experiencia personal y me permito hablar en primera persona porque es mi historia, pero también la de miles, sé lo que es sentir impotencia, vértigo, ver al ser querido vulnerable, sin certeza de que el sistema responda. Pero también sé que el dolor puede convertirse en motor de cambio. Ahora: cuando el dolor busca convertirse en ley, convocamos a la sociedad, a los colectivos de salud, a las familias afectadas y a los legisladores a que juntos hagamos eco.
Otras luchas han logrado visibilizar necesidades largamente ignoradas: enfermedades raras, derechos de personas con discapacidad, cáncer infantil. Aquí no se trata de “pedir un favor”, se trata de reconocer que la crisis convulsiva grave es un evento médico urgente, que implica riesgo vital, daño cerebral, discapacidad futura, que no puede esperar a que “algún hospital tenga personal”.
Que podamos decir: en México, nadie en crisis convulsiva queda a la deriva, porque existe ley, protocolo, atención garantizada.
Para quienes leen esto y han pasado por algo similar: no están solos. Su voz también importa. Que esta emergencia de salud que muchas veces se vive en silencio, sin prensa, sin visibilidad tenga su espacio en la agenda pública. Que podamos construir juntos una norma que haga que el dolor no sea solo memoria, sino fuerza legislativa.
Porque el dolor duele, pero también puede convertirse en motor de cambio.
Nora Sevilla
Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.
