El diputado panista Jorge Soto hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a los medios de comunicación tras la aprobación de un paquete legislativo que, según él, establece un marco legal para la vigilancia masiva de los mexicanos. Soto argumenta que esta legislación se justifica bajo pretextos como la seguridad, la justicia y la búsqueda de desaparecidos, pero en realidad representa una amenaza a la privacidad de los ciudadanos.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) .- El legislador destacó la reciente aprobación en el Senado de la Ley de Telecomunicaciones, que exige vincular cada línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta medida permite a las autoridades acceder a llamadas, mensajes y datos de geolocalización sin necesidad de una orden judicial. Soto enfatizó que esta situación pone fin a la privacidad y somete a los ciudadanos a un control estatal sin precedentes.
Además, el diputado denunció la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, gestionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta plataforma permite al gobierno cruzar información personal de los ciudadanos, incluyendo datos sobre compras, ubicación y huellas digitales, sin la supervisión de controles judiciales ni garantías de protección de datos. Soto considera que esto es un paso hacia una vigilancia estatal desmedida.
El legislador también criticó la nueva legislación en materia de radiodifusión, que otorga al Ejecutivo federal la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo el argumento de proteger los “derechos de las audiencias”. Este concepto, según Soto, es ambiguo y susceptible de interpretación, lo que podría llevar a abusos de poder.
Soto citó el ejemplo de China como una advertencia sobre los peligros de la vigilancia estatal. En ese país, el gobierno ha desarrollado un sistema de monitoreo total, donde cada ciudadano es vigilado a través de cámaras con reconocimiento facial y otros medios. Este sistema, que comenzó con leyes que prometían seguridad y orden, ha resultado en un control absoluto sobre la vida de los individuos, afectando su acceso a servicios y oportunidades.
El diputado concluyó su intervención exigiendo un debate nacional amplio sobre el tema y un freno inmediato al avance de estas leyes. Soto aboga por una agenda que proteja los derechos civiles y digitales de la ciudadanía, advirtiendo que la justificación actual de la vigilancia bajo discursos de justicia y seguridad podría ser utilizada en el futuro para perseguir a voces disidentes.
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