La diputada de Morena propone que homicidios y agresiones por motivos de activismo sean considerados delitos con calificativa agravante.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de brindar mayor protección legal a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos, la diputada Leticia Ortega Máynez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua y establecer como calificativa los delitos de homicidio, lesiones y feminicidio cuando las víctimas sean activistas o defensoras de derechos humanos.
Durante su intervención, Ortega Máynez subrayó que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el activismo social, ambiental o comunitario. “No puede haber justicia ni protección cuando se omite reconocer en la ley penal la situación de riesgo agravado que enfrentan ciertos grupos, como lo son las y los defensores de derechos humanos”, expresó.
La legisladora mencionó casos emblemáticos como el de Isabel Cabanillas, artista y activista asesinada en Ciudad Juárez en 2020, y el del defensor rarámuri Julián Carrillo, asesinado en 2018 en la Sierra Tarahumara, ambos crímenes aún impunes que, dijo, reflejan un patrón de violencia sistemática en la entidad contra quienes luchan por la justicia social y ambiental.
La reforma propuesta plantea que, en los casos en los que las agresiones, homicidios o feminicidios se cometan contra personas defensoras de derechos humanos y dicha motivación pueda ser demostrada, se considere una agravante que aumente la sanción penal correspondiente. Ortega Máynez señaló que esta iniciativa busca no solo sancionar con mayor severidad, sino enviar un mensaje político claro: “En Chihuahua, quien asesine o agreda a una persona por defender derechos humanos enfrentará una pena más severa”.
La propuesta también se fundamenta en el marco jurídico internacional, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instan a los Estados a adoptar medidas legales para prevenir y castigar las agresiones contra este sector vulnerable.
Ortega Máynez enfatizó que su iniciativa responde a un doble compromiso: con las víctimas y sus familias, y con la construcción de un Estado que reconozca y respalde el papel esencial de las y los defensores de derechos en la consolidación de una democracia verdadera. “Defender derechos no debe costar la vida”, sentenció la legisladora al concluir su participación.
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