Exhorta legislatura local a que los casos se investiguen en Juárez y se evite revictimización.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó un enérgico exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), para que acepten y atraigan todas las carpetas de investigación abiertas por presuntos abusos cometidos en la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI No. 32) del ISSSTE, con sede en Ciudad Juárez.
La diputada Xóchitl Contreras Herrera (PAN), promotora del punto de acuerdo, denunció que de las más de veinte carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado buscó derivar a la FGR, sólo dos fueron aceptadas. Estas, además, están siendo investigadas en la Ciudad de México, lo que representa un obstáculo para las víctimas y sus familias, y constituye una vulneración a sus derechos humanos.
“Se trata de hechos graves que merecen toda la atención y sensibilidad institucional, no evasivas ni lavados de manos”, subrayó la legisladora, quien reiteró que la competencia de la FEVIMTRA para investigar este tipo de delitos es clara, pero ha sido evadida con argumentos que calificó como jurídicamente débiles.
A propuesta del diputado Luis Fernando Chacón, el exhorto fue ampliado para incluir a otras instancias competentes, solicitando que en todo momento se garantice la no revictimización de las niñas, niños y sus familias, y que las investigaciones se realicen en Ciudad Juárez, donde ocurrieron los hechos.
El caso ha generado gran preocupación en la comunidad fronteriza, luego de que padres de familia denunciaran públicamente abusos sexuales contra menores en la guardería federal. Contreras denunció que la estrategia de la FGR parece orientada a evitar su responsabilidad, al pretender que la fiscalía local realice toda la investigación y ellos únicamente judicialicen los casos seleccionados.
La estancia infantil EBDI No. 32 depende directamente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que sitúa el caso en el ámbito federal. No obstante, la FGR se ha negado a asumir la totalidad del proceso de investigación, pese a los lineamientos legales que le otorgan competencia.
Con este exhorto, el Congreso local exige que se cumpla con el principio de interés superior de la niñez y se protejan los derechos de las víctimas. La legislatura ha solicitado que el proceso se desarrolle en el lugar de los hechos, con atención especializada y enfoque sensible que evite daños adicionales a las familias afectadas.
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