Los mexicanos votaron este 2 de junio pasado por darle a Claudia Sheinbaum la
presidencia de la República. También votaron para darle una mayoría absoluta a
Morena y a sus aliados en el Congreso de La Unión.
Aunque nunca se imaginaron los mexicanos que esa mayoría absoluta artificialmente,
iba a ser convertida por el INE como mayoría calificada, si el Tribunal Electoral ratifica
dicha decisión, permitirá, literalmente, destruir nuestra República y nuestra democracia,
para crear auténticamente un gobierno autocrático. Con esa mayoría calificada el
partido del gobierno podrá hacer cualquier cambio a la Constitución, pudiendo tener
posibilidades ilimitadas de políticas autocráticas.
¿Qué es un gobierno autocrático? Es un gobierno dirigido por una sola persona, que no
tiene límites en el ejercicio del poder.
El primer cambio, programado por el presidente López es, la destrucción del poder
judicial de la Federación, porque se destituye a la totalidad de los integrantes de dicho
Poder, independientemente del plazo en que sean destituidos, eligiéndose a los nuevos
mediante voto popular.
Con esto, se elimina por completo el balance de Poder, permitiendo que todas las
resoluciones de gobierno que violen el principio de legalidad, ya no puedan los
ciudadanos impugnarlas, así como las violaciones a los derechos humanos.
El principio de legalidad consiste en que toda acción de gobierno debe de estar
debidamente motivada y fundamentada en una ley previamente establecida al acto de
gobierno impugnado. Los derechos humanos, son los consagrados por la Constitución
y los tratados internacionales, otorgados a todo ser humano por el solo hecho de serlo.
Si se tiene capturado por el poder ejecutivo al poder legislativo y al poder judicial, los
ciudadanos quedaríamos totalmente desprotegidos de los actos autoritarios del
gobierno y de las violaciones a los derechos humanos realizadas por las autoridades,
incluyendo las del poder ejecutivo y las del poder legislativo.
El título de esta columna dice “qué hemos hecho los mexicanos”. Ello aduce a que, con
la votación mayoritaria otorgada tanto a la presidente electa como al Congreso de La
Unión, nunca se tuvo la intención de generar un gobierno autoritario. Esto es lo que
tiene que considerar el Tribunal Electoral antes de otorgar la mayoría calificada a los
partidos del gobierno.
Las consecuencias de tener un gobierno autoritario son infinitas. Enumeraré las
principales:
- Se puede perder la libertad, por cualquier motivo, independientemente de que
haya prisión preventiva oficiosas limitada a ciertos delitos, ya que el poder
judicial queda capturado por parte del Ejecutivo. Cualquier ciudadano está
desprotegido de que lo encarcelen sin motivo alguno. Esta pérdida es la madre
del resto de pérdida de garantías que tendremos, ya que cualquier acto u
omisión de un ciudadano, puede acarrear la pérdida de la libertad. -
Pérdida de la libertad de expresión. El gobierno podrá dictar cualquier política
que haga que perdamos nuestra libertad de expresión, teniendo el mazo de la
cárcel a su disposición en todo momento. - Pérdida de nuestro patrimonio. El gobierno podrá confiscar nuestras
propiedades, bienes y dinero en efectivo, con la única presión de las
consecuencias que esto pueda tener el que los inversionistas extranjeros y
nacionales pierdan la confianza para invertir, generándose una crisis económica. - Afectaciones a nuestra salud, seguridad, educación, bienes y servicios
proporcionados por el Estado a los ciudadanos. Al estar el gobierno en plena
libertad de hacer, literalmente lo que se le pegue la gana, así como faltar a sus
obligaciones gubernamentales, el gobierno podrá imponernos la educación que
desee, faltar a sus obligaciones de proporcionarnos, servicios de seguridad,
salud y de impulsar la construcción de vivienda, así como faltar a sus
obligaciones de proporcionarnos los servicios públicos necesarios, como el
agua, la electricidad, gas y telecomunicaciones.
Por todo lo anterior, debemos los ciudadanos insistir al Tribunal Electoral que no le
dimos a Claudia, ni a Morena y aliados, los votos para poder cambiar la Constitución
que hemos pagado por ella sangre para poder protegernos de los abusos del poder y
garantizar nuestros derechos humanos.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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