El Comité Nacional Republicano lanzó una iniciativa en estados políticamente oscilantes para movilizar a miles de supervisores de centros de votación, trabajadores electorales y abogados con el fin de que presten servicio de vigilantes de la “integridad electoral” en noviembre.
Estados Unidos (VOA) – El Comité Nacional Republicano lanzó el viernes una iniciativa en estados políticamente oscilantes para movilizar a miles de supervisores de centros de votación, trabajadores electorales y abogados con el fin de que presten servicio de vigilantes de la “integridad electoral” en noviembre, una medida que suscitó de inmediato la preocupación de que pueda desembocar en acoso a trabajadores electorales y socavar la confianza en los comicios de Estados Unidos.
El CNR dice que su plan ayudará a los votantes a tener fe en el proceso electoral y asegurar que sus votos importan. Sin embargo, mientras el expresidente Donald Trump y sus aliados siguen difundiendo afirmaciones falsas de que las elecciones de 2020 fueron estropeadas por un fraude generalizado, la iniciativa también sienta las bases para que se repita el intento de Trump de socavar los resultados, una táctica que terminó por dar pie al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.
Los aliados de Trump ya han señalado que podrían no aceptar los resultados si pierde frente al presidente Joe Biden.
El CNR ha dicho que su nueva iniciativa se centrará en detener “los intentos demócratas de eludir las normas”. El partido desplegará supervisores para vigilar cada paso del proceso electoral, creará líneas telefónicas directas para que los observadores de las urnas informen los problemas percibidos, y emprenderá acciones jurídicas para que dichos problemas sean atendidos.
El Partido Republicano a nivel nacional dice que espera reclutar a 100.000 voluntarios, una cifra que para algunos expertos electorales será difícil de alcanzar incluso en un año de elecciones presidenciales de alto perfil.
El presidente del CNR, Michael Whatley, dijo el viernes que el comité colocará directores de integridad electoral en 15 estados, incluidos los más disputados, y trabajará con los partidos estatales para establecer programas similares en los demás estados.
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