El Departamento del Tesoro de EEUU renovó por tres meses una licencia que impide a tenedores de bonos tomar más del 50 % de las acciones de Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela en EEUU.
Caracas (VOA) – La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU extendió hasta el 16 de abril de 2024 una licencia general que impide a los tenedores de bono de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tomar el control de las acciones de Citgo, la filial estadounidense de la estatal venezolana.
La licencia general número 5N autoriza a partir del 16 de abril “ciertas transacciones relacionadas con el suministro de financiamiento y otras transacciones en el bono de PDVSA del 2020, al 8,5 %” prohibidas por una Orden Ejecutiva del 21 de mayo de 2018 y enmendada el 25 de enero de 2019.
“A partir del 16 de enero de 2024, la licencia general 5M de fecha 18 de octubre de 2023, queda reemplazada en su totalidad por esta licencia general 5N”, precisa un del Departamento del Tesoro publicado este martes.
En octubre del año pasado, en respuesta a la firma de los acuerdos entre la Plataforma Unitaria de la oposición y el gobierno de Maduro en Barbados, el Departamento del Tesoro emitió 4 licencias generales para flexibilizar ciertas sanciones, pero advirtió que podrían ser revocadas en cualquier momento en caso de que el gobierno no cumpla con sus compromisos.
“Se modificaron dos licencias relevantes para eliminar la prohibición de negociación secundaria de ciertos bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PDVSA. La prohibición de negociar en el mercado primario de bonos venezolanos sigue vigente”, expuso el 18 de octubre un comunicado del Departamento del Tesoro.
Venezuela corre riesgo de perder Citgo, la séptima mayor refinería en EEUU, que los acreedores intentan embargar para saldar deudas pendientes del Estado venezolano.
A inicios de este mes, la Corte Suprema de EEUU rechazó revisar un fallo judicial que autoriza la venta de acciones de Citgo, controlada por la oposición venezolana por decisión del gobierno estadounidense, que considera al Parlamento de 2015 como el último organismo con legitimidad en el país, a pesar de que su legislatura terminó en 2021.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó la decisión de la Corte Suprema estadounidense y acusó a Washington de cometer un “despojo” de Citgo.
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