Se programa la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo miércoles 24 de agosto; se exhibe que el exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto tiene 5 propiedades y recursos por 85 millones de pesos
Ciudad de México (ADN / Martín Orquiz) – Un juez de control concedió anoche imponer prisión preventiva justificada para el exprocurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, arrestado el viernes pasado al recibir acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
En la audiencia inicial, que duró alrededor de 12 horas, se estableció que el próximo miércoles 24 de agosto se realizará la sesión en la que se determinará la vinculación o no a proceso del exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto y exgobernador de Hidalgo.
Murillo Karam fue quien elaboró las conclusiones de lo investigado en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fue nombrada como Verdad Histórica.
La prisión preventiva justificada que se le impuso tiene base en que el acusado posee 5 propiedades y recursos por 85 millones de pesos, además de una red de amistades, factores que podrían permitirle huir y no presentarse a la próxima audiencia, argumentó la FGR.
Personas presentes en la audiencia indicaron que el imputado ya se mostraba cansado debido al tiempo que duró la sesión e incluso trató de tomar la palabra cuando el juez le preguntó si quería decir algo, pero sus abogados defensores le pidieron que no lo hiciera.
Murillo Karam fue arrestado el viernes anterior en el exterior de su casa, ubicada en Lomas de Chapultepec, después que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer el miércoles anterior que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia determinó que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.
Además, la FGR dio a conocer que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 en la ciudad de Iguala.
Se solicitó también acción judicial para 5 autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala y uno de Cocula, más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que estas personas están vinculadas con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores.
Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
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