La corrupción es rampante en los despojos de las viviendas, y los juicios simulados, son la muestra de ello, ante la complacencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno,afirmó Griselda Sosa líder de El Barzón.
Ciudad Juárez (ADN / Arturo Hernández) – El problema de la vivienda en esta ciudad es una constante, y a decir de Griselda Sosa, es un tema al que ningún funcionario de los tres niveles de gobierno le ha puesto atención en perjuicio de miles de familias que, de un día para otro han perdido su patrimonio.
La líder de El Barzón en esta frontera mencionó que lo anunciado por el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su mandato, de que ningún trabajador seria despojado de su vivienda ha quedado en mero discurso, porque según lo dijo, los desalojos continúan, no solo de derechohabientes que cayeron en cartera vencida, sino también de cientos que se encuentran al corriente en sus pagos al Infonavit.
“A ninguna dependencia le ha interesado abordar el tema de los desalojos de la vivienda, cuando debería ser un asunto de interés público, sin embargo, ese desinterés ha provocado juicios amañados en donde están involucrados muchos miembros del sistema judicial, además de funcionarios públicos que están metidos en el negocio de la vivienda, en muchos de los casos, a través de prestanombres”, señaló.
Agregó que el problema se viene arrastrando desde administraciones federales anteriores, cuando los directivos del Infonavit antepusieron sus intereses económicos al bienestar de los trabajadores, y puso como ejemplo el Juicio de Nayarit, en donde se simularon juicios colectivos en perjuicio de miles de beneficiarios de diversos partes del país, entre ellos, 20 mil derechohabientes de Ciudad Juárez.
“La corrupción es rampante en los despojos de las viviendas, y los juicios colectivos de Nayarit y de Coahuila del 2014, son una muestra de ello, y a pesar de que una jueza local del municipio de Compostela, Nayarit, confirmó que fueron ilegales los juicios civiles radicados en su jurisdicción, para despojar de viviendas a más de 60 mil derechohabientes del Infonavit de varios estados del país, la dependencia federal no ha hecho nada por reparar el daño, y por el contrario, los desalojos se mantienen de parte de quienes se acreditaron ilegalmente esas viviendas”, añadió.
Dijo que el daño hubiera sido mayor si no es que se pone al descubierto el fraude, hecho que impidió la cancelación de la propiedad a nombre del trabajador en favor de las inmobiliarias y de los despachos de abogados, “de no haber sido así, muchos juarenses más hubieran resultado perjudicados”.
“Hoy, miles de familias son amenazadas a través de juicios fraudulentos en donde se han confabulado jueces, actuarios y hasta notarios, quienes sin ningún miramiento atentan en contra de las familias de los trabajadores al ser cómplices de un robo, porque eso es lo que son los desalojos, son un robo”, externó.
Manifestó que funcionarios municipales y estatales se han abocado a la recuperación de la vivienda abandonada, por obvias razones, y es porque ahí hay negocio, al tener la posibilidad de repararla y volverla a vender con créditos del Infonavit, lo que resulta por demás paradójico, y que, a su parecer, demuestra el nivel de corrupción que existe en las instancias que se supone están para velar por el bienestar común.
“No veo que exista un interés, de nadie, por solucionar este problema, y, por el contrario, lo que veo es que algunos funcionarios son parte de esta corrupción e impunidad que perjudica a la clase trabajadora”, mencionó con desaliento, y llamó a quienes se encuentren en esta situación a que busquen asesoramiento en busca de alternativas para evitar el despojo de su patrimonio, y agregó que de acuerdo a los datos con los que cuenta, son 10 casos de desalojos que se dan por semana, sin que ninguna autoridad intervenga.
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