Independientemente de las dificultades que han generado las sanciones y la pandemia del coronavirus, el gobierno iraní no vacila en aplicar duras leyes punitivas para mantener a su población a raya, según un informe de Naciones Unidas.
Ginebra (VOA/) – Un nuevo informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán condena el uso generalizado de medidas punitivas y la violencia patrocinada por el estado para mantener a la población a raya. Michelle Bachelet, alta comisionada del organismo mundial para los derechos humanos, presentó el informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe encuentra que la economía en desplome de Irán, el deterioro de los niveles de vida y el aumento de las tensiones sociales y políticas derivadas de la pandemia de COVID-19 están alimentando el descontento público y las protestas.
A pesar de estos problemas, el informe dice que las autoridades no muestran voluntad de adoptar reformas significativas o reaccionar con compasión a las situaciones que surgen de esta crisis. El informe del secretario general indica que el gobierno se mantiene firme y aplica controles punitivos más duros.
Bachelet señaló, por ejemplo, que Irán continúa el uso generalizado de la pena de muerte para actos que, según el derecho internacional, no constituyen “los delitos más graves”.
“En violación de las normas de derechos humanos, las condenas a muerte también se imponen con frecuencia sobre la base de confesiones forzadas obtenidas mediante tortura o tras graves violaciones del derecho a un juicio justo. En 2020, al menos 267 personas, incluidas nueve mujeres, fueron ejecutadas, pero solo 91 de estas ejecuciones fueron anunciadas ”, dijo Bachelet.
En lo que va del año, dijo que al menos 95 personas han sido ejecutados, seis de ellos mujeres. Agregó que más de 80 menores están en el corredor de la muerte y que al menos cuatro corren riesgo de ejecución inminente.
El informe señala que las minorías étnicas, religiosas y de otro tipo corren un riesgo especial de sufrir abusos, desapariciones forzadas y ejecuciones. Bachelet dijo que el informe documenta el uso inadecuado de la fuerza por parte de agentes de seguridad contra manifestantes y transeúntes, así como la intimidación, detención arbitraria y enjuiciamiento penal de defensores de derechos humanos, abogados y periodistas.
“Hasta la fecha, no ha habido rendición de cuentas por ninguna de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en respuesta a las protestas. La impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos sigue siendo una preocupación crucial”, dijo Bachelet.
El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Esmaeil Hamaneh, desestimó el informe, calificándolo de politizado, perjudicial y lleno de acusaciones infundadas.
“El informe presentado hoy se basa en un mandato totalmente político iniciado por un grupo de países con ideas afines o con prejuicios similares que durante mucho tiempo han instrumentalizado los derechos humanos como parte de su agenda de confrontación contra Irán”, dijo Hamaheh.
El embajador agregó que Irán está comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos.
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