El juez Richar Leo falló en contra de una medida del gobierno Trump que permitía a los empleados de CBP realizar las entrevistas iniciales de asilo.
San Diego, Cal. (VOA) – Un juez federal falló el lunes que los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no pueden realizar la entrevista inicial de las personas que solicitan asilo, lo que representa un revés para una de las estrategias del gobierno del presidente Donald Trump para acotar el asilo.
La orden judicial a nivel nacional probablemente tendrá poco o ningún impacto inmediato debido a que el gobierno ha suspendido de facto el proceso de asilo durante la pandemia de coronavirus, alegando cuestiones de salud pública.
El gobierno de Trump argumentó que los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) que habían sido designados para las entrevistas estaban capacitados de manera similar a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), otra agencia del Departamento de Seguridad Nacional. El juez federal Richard J. Leon en Washington estuvo en desacuerdo.
“¡Paparruchas!”, escribió el juez en su fallo de 22 páginas. “Los requisitos de capacitación citados en la declaración del gobierno no están cerca de ser ‘comparables’ con los requisitos de capacitación de funcionarios de asilo”.
Leon, quien fue designado por el expresidente George W. Bush, dijo que los empleados de la CBP reciben de dos a tres semanas de capacitación a distancia y presencial, mientras que los funcionarios de asilo reciben por lo menos nueve semanas de capacitación formal.
El juez también puso en duda si la CBP, una agencia policial que incluye a la Patrulla Fronteriza, podría hacer revisiones de manera no contenciosa, tal como lo requieren las regulaciones.
Representantes de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. El USCIS señaló que no comenta sobre litigios pendientes.
Los abogados de algunas mujeres y sus hijos originarios de México, Ecuador y Honduras que no pasaron la evaluación preliminar —conocida como entrevista de “miedo creíble”, en la que deben persuadir a las autoridades de que tienen un temor fundado a la persecución en su país natal— alegaron que los empleados de la CBP no estaban autorizados para realizar el trabajo y que carecían de capacitación.
“Esta decisión pone fin al falso proceso de usar agentes de la Patrulla Fronteriza contenciosos para realizar entrevistas sumamente delicadas a los solicitantes de asilo”, dijo Julie Carpenter, abogada del Centro de Justicia Tahirih, que interpuso una demanda en nombre de los solicitantes de asilo.
El juez no abordó otros argumentos, como que la medida era inválida debido a que el comisionado de la CBP, Mark Morgan, se desempeña en calidad de interino y carece de autoridad bajo la ley federal.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, un órgano de control legislativo, dijo hace unas semanas que los dos funcionarios principales del Departamento de Seguridad Nacional, que también se desempeñan en calidad de interinos, no son elegibles para operar la agencia debido a que fueron nombrados incorrectamente bajo la ley federal.
El Departamento de Seguridad Nacional no estuvo de acuerdo. La semana pasada, Trump nominó a Chad Wolf, el secretario interino de la dependencia, para ocupar el puesto de manera permanente.
La CBP comenzó la capacitación el año pasado y, en febrero, 91 empleados comenzaron a hacer las evaluaciones iniciales, de acuerdo con un reporte del Instituto de Política Migratoria, una organización apartidista. Aprobaron al 37% de la gente en un periodo de 12 meses que terminó en mayo, comparado con el 64% que aprobaron los funcionarios de asilo del USCIS.
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