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    mayo 17, 2024 | 23:02

    TORRE FUERTE: El precio del silencio

    Publicado el

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    Fernandez Sigala Factura

    TORRE FUERTE

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    • El precio del silencio
    • Cosas buenas que parecen malas
    • Foro Juárez Escucha
    • Hachazo a los jueces en Chihuahua

     

    El precio del silencio /

    Los 27 concesionarios del servicio de transporte de Vivebús están exigiendo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado que intervenga en las irregularidades y anomalías que desde hace meses fueron denunciadas en el servicio y operación de transporte, mismas que, ante la postulación de Ramón Galindo Noriega como candidato del PAN al gobierno de la ciudad, fueron escondidas de bajo del tapete por parte del exjefe de la oficina de transporte, Víctor Estala Banda.

    Hoy se sabe que el exrepresentante del gobernador de Chihuahua y el mismísimo operador de Galindo (Víctor Estala), están impulsando al secretario técnico del Fideicomiso, José María Fernández Sigala para que se quede al frente de la oficina de transporte público en Juárez, que le ha permitido durante toda la gestión gubernamental de Javier Corral, todas las libertades al presidente del consejo de Administración de INTRA, Raúl Rodríguez Santillanes, quien tiene en picada y en severos problemas financieros a Vivebus.

    Por cierto, que hace una semana el propio Fernández Sigala anduvo auto-cabildeándose en la capital del estado para lograr el visto bueno del gobernador, con el apoyo del actual director general de transporte, Joel Gallegos para quedarse como funcionario titular de la oficina de transporte público estatal en la frontera.

    José María Fernández el hombre que decidió asegurar una nada despreciable suma de 57 mil 692 pesos mensuales (fotografía principal de la Torre Fuerte), con el apoyo de sus ‘nuevo patrón’: Raúl Rodríguez Santillanes, empresario y a veces colaborador de primer nivel de Armando Cabada en los Servicios Públicos, es el mismo personaje que decidió mentirle al gobernador de chihuahua contándole de la panacea de la oficina de transporte estatal y del sistema de Vivebus.

    Pero la realidad es que, además de los problemas internos y las denuncias por irregularidades financieras en el manejo por parte del actual presidente de INTRA, el sistema Vivebus adeuda 7.6 millones de pesos al sistema de recaudación BEA -que recauda los ingresos de los usuarios y los deposita al Fideicomiso, amén de que solamente operan 37 de 61 unidades que se supone deben estar al servicio dentro del sistema de transportación en Ciudad Juárez.

    Jose Maria Fernandez Sigala
    José María Fernández Sigala

    Lo anterior dejó desnudo, literalmente, a José María Fernández Sigala quien sí, a cambio, hizo todo tipo de ‘maromas’ para que el Fideicomiso y no directamente INTRA (porque violentaba la ley), le pagara un sueldo superior a 750 mil pesos anuales.

    Desde su creación, el acuerdo 30/2013 del sistema de transporte de Vivebus dejo muy en claro, que ni el secretario técnico, ni el comisariado tendrían remuneración alguna. Pero José María cayó en la tentación del poder corruptor de Raúl Rodríguez Santillanes, a quien desde hace varios meses le permiten total libertad para hacer y deshacer en Vivebus. El resultado ha sido desastroso en materia financiera.

    Por todo ello, los concesionarios del transporte piden al gobernador que gente de la capital, y no de Ciudad Juárez, para evitar colusión e influencia en los intereses, intervengan y auditen el sistema de Vivebús en Ciudad Juárez.

    En breve los transportistas presentarán una demanda por delito de peculado, y seguramente saldrán a relucir muchas irregularidades financieras que incluso, presumen, que llega a la campaña del candidato a la alcaldía por el PAN, Ramón Galindo.

    Los transportistas están preocupados, no sólo por la posibilidad de que el gobernador autorice el nombramiento de José María Fernández Sigala como jefe de transporte del Estado, sino porque el hombre en mención, forma parte de una cofradía en la nueva estructura de intereses del transporte en el gobierno de Chihuahua, y que indiscutiblemente atañen y golpean al gobernador Javier Corral Jurado.

    Nos cuentan que la jefatura de transporte que ocupó Víctor Estala Banda y que sería cedida a José María Fernández, es también parte del precio del silencio.

    Un dato revelador. El trabajo del arquitecto Mario Humberto Echanove, que llegó de la capital para levantar el ‘tiradero’ de Estala en el transporte, ha sido bien vistió por los transportistas.  Le aplauden que con toda rigurosidad haya procedido a la regularización del transporte y de las unidades, cuando todo ese proceso, sin motivo aparente, fue frenado por el anterior jefe de la oficina de transporte público en Juárez.

    “Echanove se encargó de limpiar el “batidero” que dejo Víctor Estala. Eso dicen los concesionarios.

    ‘Cosas buenas que parecen malas’ /

    La vieja conseja dice: ‘No hagas cosas buenas que parecen malas”. Y la última de las actividades realizadas y orquestadas por parte del gobierno municipal a través Desarrollo Social, tuvieron un amargo sabor y un dejo, y hasta la sospecha de quiebre y rompimiento en las relaciones entre el alcalde Armando Cabada y su suplente, Alejandro Loaeza.

    Y todo se derivo de un reporte de María Olga Rosales Escareño, que en las redes sociales (FB) pidió disculpa a los vecinos del Valle por un presunto desacuerdo en la entrega de las despensas hace unos días.

    Un convoy de cerca de siete unidades Urvan, repletas hasta las manitas de despensas se movilizaban a El Valle cuando el grupo de “escoltas” del presidente municipal se aparecieron para frenar la marcha del convoy, y dar contraorden a la supuesta aprobación del director general de Desarrollo Social, Alejandro Loaeza.

    El mensaje de Rosales fue contundente: “Hoy en la mañana para esos rumbos a la entrega de una nueva ilusión en la despensa que sabemos solo dura 2 días, que no es nada, pero el presidente municipal, Armando Cabada no las quiso dar y sus guaruras nos regresaron a Desarrollo Social con las Urvan cargadas de despensas, se las quiere llevar para Canal 44, para las madrinitas”;

    “Es triste, pero cierto para los que todavía creen en él”, decía el mensaje que corrió por las redes sociales y que golpeó de nueva la figura del presidente independiente de Juárez.

    Hoy Alejandro Loaeza entro al quite y dijo a este periodista que todo se derivó de un desacuerdo en torno a la agenda y al recorrido con el alcalde.

    Le movieron la agenda al presidente municipal y el evento de entonces se tuvo que cancelar…

    Foro Juárez Escucha / 

    El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con Alfonso Durazo, que será el próximo secretario de Seguridad Pública, y con el equipo que ha planeado tomar Juárez para lanzar el proyecto por la ‘Pacificación y Reconciliación Nacional’, se ha declaro listo para llevar a cabo los foros de consulta que plantean generar un espacio de dialogo en las que se puedan identificar las propuestas que respondan a las prioridades y necesidades en las diferentes regiones.

    Serán parte de los insumos para la formulación de las políticas publicas para la pacificación del país.

    El evento se ha programado para el día 7 de agosto, y tendrá para mala fortuna de los morenistas, y seguramente de incomodidad hasta para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, como conductor al Rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez.

    Tan sencillo que el gobernador de Chihuahua, tratándose de políticas públicas y de acciones de justicia, puede hacer papilla sobre las mesas de diálogo al gobierno y al hermano del rector de la máxima casa de estudios, y sólo como un ejemplo del modelo que ha tomado el gobierno para lograr justicia para Chihuahua.

    Será indiscutiblemente un evento de pronóstico reservado, con la presencia de varios actores de la vida política y social de Chihuahua. Nada más falta que uno de los invitados al Foro de Pacificación y Reconciliación Nacional sea Jaime Herrera Corral, el ex secretario de hacienda estatal en el gobierno de Duarte, y que el César Gobernador, sea uno de los perdonados por aquello de la reconciliación que se busca en el país.

    Los perfiles serán las víctimas, sociedad civil, grupos de situación en vulnerabilidad, autoridades locales, agrupaciones religiosas y academia.

     Por acá andará también Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, que, en el papel, al menos, será la ‘mano dura’ en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

    Las mesas abordarán temas conocidos localmente como seguridad y justicia, victimas, dinámicas fronterizas, migración y seguridad, prevención y cohesión social y construcción de paz.

    Hachazo a los jueces en Chihuahua /

    Al considerar que todos los jueces y magistrados de Chihuahua han sido opacos por no hacer públicas sus sentencias, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, ante la posibilidad de un “riesgo potencial” de corrupción de jueces y magistrados de la entidad.
    “La demanda fue admitida el 25 de julio por Matilde del Carmen González Barbosa, juez Décimo de Distrito en Chihuahua. Mexicanos contra la Corrupción busca que el Poder Judicial de la Federación haga públicas todas las sentencias que han emitido en los últimos años”, informó MCCI.

    A través de un comunicado, la organización informó de la interposición del amparo, considerando que el Poder Judicial en Chihuahua era opaco y que la decisión de no hacer públicas sus sentencias significaba un “riesgo potencial” de corrupción de jueces y magistrados de la entidad.

    “Los tribunales de Chihuahua únicamente hacen públicas un número reducido de sentencias, la difusión del resto de las resoluciones queda al arbitrio de cada juez. Esto refleja una opacidad total en Chihuahua y un riesgo potencial para la comisión de actos de corrupción”, apuntó la organización.

    De enero de 2016 a julio de 2018, precisó MCCI, jueces y magistrados de Chihuahua emitieron 87 mil 954 sentencias, de ellas únicamente mil 687 (menos del 2 por ciento), son públicas,

    “La forma a través de la cual los ciudadanos podemos verificar si los tribunales mexicanos imparten justicia con apego a los principios que deben imperar en un Estado de Derecho es a través del análisis de las sentencias que emiten, pues es la manera en la que los jueces y magistrados rinden cuentas”, finaliza el boletín.

    Mario Hector Silva

    Periodista y Analista Político.

    Si quiere compartir información, puede hacerlo a mi correo personal y será tratado con toda confidencialidad.


    Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.

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