Tal como ocurre en casi cualquier tipo de relaciones -armoniosas-, la cooperación y la coordinación son elementos imprescindibles cuando lo que se busca es alcanzar un beneficio común; de sobra está decir que, tratándose de los órdenes de gobierno, estos dos elementos, más que ser deseables, deberían entenderse como una responsabilidad.
Ahora bien, en un contexto de estrés hídrico creciente, como el que enfrenta Chihuahua, la colaboración técnica internacional puede ser una herramienta valiosa, siempre y cuando se enmarque en el estricto respeto a la soberanía nacional que recae a los recursos hídricos.
Esto viene a colación dado que, recientemente ha generado debate social un convenio suscrito entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Gobierno del Estado, y la agencia israelí de cooperación internacional. Si bien estos instrumentos se celebran con la intención de intercambiar conocimiento y experiencias en tecnologías de riego eficiente, tratamiento de aguas residuales y manejo de recursos en zonas áridas -áreas en las que se considera que Israel ha desarrollado experiencia aprovechable- cabe señalar que hay que abordar el tema con cautela, pero con firmeza.
En ese orden de ideas, más allá de escrudiñar el contenido de dicho convenio, el tema invita a una reflexión profunda sobre la soberanía hídrica, partiendo de que, el agua es un recurso vital y estratégico de la Nación.
Es así que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Aguas Nacionales establecen de manera clara que las aguas nacionales son patrimonio de la Federación, por lo que su uso, administración y aprovechamiento deben sujetarse siempre a los principios de interés público, sustentabilidad y equidad, en coordinación con las autoridades federales que juegan un papel primordial en la planeación y regulación de este recurso.
En Chihuahua, donde la agricultura además de la industria y las necesidades de la población compiten por un recurso cada vez más limitado, cualquier acción de cooperación debe fortalecer, pero NUNCA comprometer esta soberanía.
Es así que, la transferencia de conocimiento puede abonar a alcanzar objetivos compartidos, pero requiere bajo cualquier óptica, mecanismos claros de seguimiento, evaluación y rendición de cuenta que garanticen que los beneficios se traducirán en lo que finalmente se busca: mayor disponibilidad y distribución para los usuarios, fortaleciendo la estructura estatal.
Recordemos que, si bien, la cooperación internacional puede ser aliado, debe sujetarse al marco constitucional y al respeto a la soberanía nacional. El Estado tiene una vocación productiva y una comunidad resiliente, que requiere fortalecer la gobernanza del agua con coordinación efectiva y total transparencia, manteniendo el objetivo de ser un motor de desarrollo para esta y las próximas generaciones.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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