El próximo 1 de junio México celebrará elecciones populares para elegir por primera vez ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces federales, así como magistrados y jueces locales en varias entidades. En esta ocasión los votos se integrarán en un expediente de casilla que se trasladará a las correspondientes consejos distritales del INE para realizar allí el escrutinio y cómputo.
La búsqueda y el reclamo de la sociedad mexicana del siglo XX por vivir en una Nación de libertades, en la que el Estado dejara de actuar de manera arbitraria en la vida diaria y donde se pusiera fin al autoritarismo y corrupción de los gobiernos, debía transitar fundamentalmente por un cambio de paradigma: pasar de ser habitantes tutelados para convertirnos en ciudadanos activos.
La ciudadanización de la vida pública en México, que implicó para muchos mexicanos sufrir la represión, censura, exclusión y castigo feroz del sistema; forzó la apertura del entonces sistema de partido hegemónico; en síntesis, la propuesta de la inconformidad ciudadana fue el ejercicio de la mayoría de edad en pensamiento y obra.
Gracias a la lucha cívica, llegó a concretarse, con sus detalles, el fin formal del presidencialismo sin límites, símbolo del abuso del poder, fuente del despotismo político y administrativo contemporáneo en estados y municipios, consentidor de cacicazgos temporales y figura que otorgaba bendiciones y favores a intereses en turno.
Diluir el presidencialismo autoritario (que no su eliminación) no era o no debió ser un fin, suponía eso sí, un paso importante y determinante para avanzar en ese concepto por los pusilánimes tenido por abstracto, manoseado por los oportunistas y calificado de complejo por los convenencieros, que pareciera hoy a caído en desuso: la Democracia.
Y efectivamente, la fuerza de la ciudadanía rindió frutos en cuanto a la democracia procedimental: se generó un padrón electoral confiable, se instrumentó la credencial para votar con fotografía, se dotó de autonomía constitucional al órgano electoral y más importante aún: se ciudadanizaron en mayor o menor medida los procesos electorales en todos sus pasos y componentes.
En suma, México pudo al fin, en lo general, organizar elecciones libres y auténticas, bajo la premisa de “el voto es libre y secreto”. Experimentándose ya tres transiciones pacíficas del poder en el Ejecutivo federal en un lapso de 20 años y donde la alternancia entre partidos o candidaturas independientes ha sido parte de la normalidad en elecciones locales y legislativas.
La piedra angular de este sistema electoral garante en lo general del respeto al voto popular es que este funciona a partir de que se involucra y faculta directamente a ciudadanos que reciben, clasifican, cuentan, escrutan a fondo y computan los votos emitidos el día de la jornada electoral.
Lo anterior resulta de una conquista histórica de los mismos ciudadanos mexicanos, una exigencia apuntalada en la Historia reciente desde la oposición al antiguo PRI, desde el entonces PAN místico y combativo y desde la izquierda rebelde e idealista que paradójicamente pedían al antiguo régimen cumplir su lema originario: Democracia y Justicia Social.
Pues bien, hoy acontecemos a una franca des ciudadanización de los procesos electorales en el caso de la elección judicial de junio próximo, donde los integrantes de las mesas directivas de casilla seccionales solo recibirán, contarán y clasificarán los votos por cargo judicial a elegir y donde el escrutinio y cómputo por candidatura se realizarán en los consejos distritales del INE.
El traslado de los paquetes electorales sin haberse realizado el escrutinio y cómputo respectivo por parte de la mesa directiva de casilla integrada por ciudadanos que participan como insustituible autoridad electoral luego de ser insaculados, supone un grave aliciente para la manipulación de los expedientes electorales y por ende un riesgo inminente para la legalidad del proceso, además de que resta de manera muy importante la certeza y objetividad necesarias al procedimiento electoral.
Los lineamientos que para el caso ha aprobado el INE no pueden subsanar la ausencia ciudadana en el escrutinio y cómputo de la elección con cadenas de custodia ni transmisiones en vivo por YouTube. Organizar una elección nacional cuesta y debe invertirse lo necesario para capacitación, tecnología y logística.
Mas grave aún es la posibilidad de que este modelo de escrutinio y cómputo se traslade eventualmente a los demás comicios electorales, con un INE debilitado presupuestal e institucionalmente y donde bajo el pretexto de ahorrar en capacitación, tiempo y organización, volvamos a un esquema electoral dominado por el gobierno y su partido.
Si bien no se tratan de elecciones para renovar al poder Ejecutivo o Legislativo, al tratarse de elegir a miembros del poder judicial deben seguirse los principios constitucionales que rigen los procesos electorales y los derechos políticos de los ciudadanos, por lo que no se puede prescindir de la participación ciudadana en todo su procedimiento sin que en alguna medida se choque con estos.
Claro que debemos adoptar nuevos métodos y tecnologías que den eficiencia a los procesos, sin descuidar garantizar la normalidad mínima para el desarrollo de elecciones libres y auténticas en el insustituible marco de la participación ciudadana.
“Por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia.”
(Proverbios 8:15)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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