La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República no solo sorprendió: encendió focos rojos, nadie la esperaba. Y no por el personaje en sí —que ya cargaba con un desgaste enorme desde las denuncias familiares y de examistades cercanas—, sino por el cómo se dio su salida. En política, los gestos importan; en derecho, los fundamentos importan más. Y aquí, ni el gesto ni el fundamento terminan de cuadrar. Al final, la forma es fondo.
El exfiscal presentó su renuncia alegando que aceptaba una embajada. Nada más. Sin explicar una causa grave, sin acreditar incapacidad, sin señalar violación legal algunatodo lo que dice la Ley ni siquiera fue tomado en cuenta. Y aun así, el Senado la aprobó como si todo fuera “normal”, bajo un guion que parece más acuerdo político que procedimiento constitucional.
Lo repito: la ley es clara. Para que un Fiscal General deje el cargo antes de tiempo debe existir una causa grave. Pero, al parecer, ahora “grave” significa tener una embajada. Si un ofrecimiento diplomático fue la justificación, entonces ¿dónde queda la legalidad? No fue una negociación institucional. No fue un cierre de ciclo. ¿Y la causa grave? No se mencionó ninguna. Se brincaron ese detalle… y ese detalle es, precisamente, el corazón del Estado de derecho.
Mientras tanto, desde Palacio se envió el mensaje de que “no hubo ruptura”. Perfecto, nadie esperaba ver pleito público. Pero aquí no se trata de amistades, se trata de instituciones. Un fiscal no se mueve como si fuera parte del gabinete. No debería obedecer a tiempos políticos ni a ajustes internos del gobierno. Es —o debería ser— un órgano autónomo.
Lo ocurrido deja claro que esa autonomía está mucho más lastimada de lo que estábamos dispuestos a admitir. Durante años nos aferramos al discurso de que la Fiscalía era un órgano verdaderamente independiente, diseñado para resistir presiones políticas y operar con criterios estrictamente técnicos. Pero la forma en que se dio esta salida expone lo contrario: una institución vulnerable, permeable a los acuerdos de alto nivel y utilizada como ficha dentro del tablero político. Y duele reconocerlo, porque la autonomía de la Fiscalía no es un lujo académico; es la garantía mínima de que la justicia se aplica sin pedir permiso. Si la cabeza de la institución puede moverse sin una causa grave, sin explicación y sin respeto al procedimiento, entonces no hablamos de autonomía… hablamos de simulación.
Ahora, ¿por qué esto importa? Porque si la Fiscalía se administra como pieza política, entonces todo cae: investigaciones, criterios de oportunidad, persecución penal, casos de corrupción, seguridad nacional. Imagínese el país donde la fiscalía cambia por acuerd y no por reglas. Ese país es más débil, más opaco y más peligroso.
Y lo más inquietante es el precedente: si hoy se hace así, mañana también se podrá. Y el siguiente gobierno… igual. Y el que sigue. Y así, sin darnos cuenta, la figura diseñada para ser la más técnica, la más fría, la más ajena al poder político, termina convertida en otra oficina más del Ejecutivo.
El relevo se vendió como una “nueva etapa”. Ojalá lo fuera. Pero cuando la puerta se abre sin fundamento, lo que entra no es confianza: entra la duda. Y en temas de justicia, cuando la duda se instala, la legitimidad se evapora.
México merece una Fiscalía fuerte. Una Fiscalía autónoma. Una Fiscalía donde las salidas tengan causa, no pretexto; donde la ley marque el ritmo, no la política. Si este cambio realmente quiere significar algo, que empiece por lo básico: respeto al procedimiento. Porque sin eso, no hay transformación que aguante.
Y sí, lo que pasó deja mucho de qué hablar… y más de qué preocuparse.
Daniel Alberto Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
