ROTAFOLIO | ¿Y ahora, quién diantres va a investigar?

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La detención en Chihuahua, el pasado 21 de noviembre, del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo por parte de la Fiscalía General del Estado, y la decisión este domingo 27 de una jueza local de consigna, Hortencia García Rodríguez, de vincularlo formalmente a proceso con prisión preventiva por un año – sin mayor justificación de esa medida cautelar y violando una suspensión -, debiera llamar la atención de todas aquellas personas a las que interese realmente la lucha contra la corrupción y la impunidad en México.

Es un asunto que trae un enorme trasfondo político y un hecho muy delicado por la forma ilegal y perversa en la que se planeó y se está operando, desde un Estado de la República gobernado presumiblemente por el PAN, una estrategia para tratar de criminalizar a quienes realizaron investigaciones fundamentales en contra de la corrupción, no sólo para la entidad, sino para todo México.

De entrada la manera en la que se ha sofocado en la opinión pública nacional el asunto – lo que a nivel local es una brutal distorsión – es muy revelador de la dimensión de la operación política y los múltiples intereses que concurren de lo que ahora sucede en Chihuahua. La polarización que atrapa a la Nación y el encono en ascenso de los bandos enemigos gobierno-oposición, se traslada ya irremediablemente a un buen número de medios de comunicación que militan abiertamente en la defensa de los intereses de unos y otros.

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Medios que brindan protección, mediante la concesión o el silencio, a las contradicciones y fechorías de la disputa 4T – PRIAN.

Sí, uno de los grandes atropellados de este choque de trenes que vivimos, es el derecho a la información, y entre las víctimas: la verdad como deber. El mundial de futbol que embelesa es la mejor coartada.

Una venganza anunciada.

La detención del Maestro Francisco González Arredondo es una venganza política personal de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, en contra de quién ni mas ni menos la encausó penalmente, acusada del delito de cohecho, al ser parte de la nómina secreta de César Duarte, cuando era Gobernador de Chihuahua, y ella Diputada local. En plena campaña a la gubernatura, Campos fue vinculada a proceso por un juez de control estatal en audiencias públicas de juicio oral – todas videofilmadas y ya en youtube -, al demostrarse mediante un arsenal probatorio que a lo largo de mas de dos años, recibió mensualmente de manera subrepticia – en el sótano de la secretaría de hacienda estatal y en sobre cerrado -, diversas cantidades de dinero en efectivo cuyo monto total ascendió a poco mas de 10 millones de pesos. Ganó la elección por amplio margen, y un día antes de su toma de protesta, el Magistrado de la tercera sala penal, Juan Carlos Carrasco Borunda, le retiró la vinculación a proceso, y ordenó reponer el procedimiento. La causa quedó suspendida. Desde entonces la venganza estaba anunciada por ella, en declaraciones penosas, pero que hoy se vuelven útiles para documentar el evidente conflicto de interés que existe en este caso.

Ahora quien ha sido llevado a proceso es el exfiscal que la acusó. Puesto a disposición de la jueza 24 horas después de su detención, se le imputa el delito de tortura psicológica en contra de 5 testigos con identidad reservada – que adquirieron esa calidad bajo criterio de oportunidad – y brindaron testimonios en mas de 20 carpetas de investigación sobre la corrupción política de César Duarte. 6 años después de haber aportado información muy relevante para documentar el latrocinio del exgobernador, calculado en seis mil millones de pesos, se declaran víctimas de tortura psicológica para poder retractarse. Son testigos que no sólo hicieron declaraciones ante distintos ministerios públicos, sino ante varios jueces, jamás argumentaron coacción o tortura psicológica. Sus dichos condujeron a los hechos investigados y ciertos.

Al concretar su venganza personal, la Gobernadora María Eugenia Campos lleva a cabo también la estrategia comprometida para allanarle el camino de la libertad a su antiguo jefe político César Duarte, con quien está indisolublemente unida por el pasado de corrupción que los ata. Se trata de desacreditar las investigaciones y desarmar los expedientes tanto de la Nómina Secreta como de las 19 órdenes de aprehensión que conforman “El Caso Duarte” aduciendo que los testimonios fueron manipulados mediante tortura psicológica. Pretenden dejar de lado y olvidar que las indagatorias confirmaron la veracidad de los testimonios, y revelaron que el dinero que salió de las arcas del gobierno fue encontrado precisamente en las cuentas y en el patrimonio de Duarte y que, sus colaboradores fueron quienes lo auxiliaron para que ello fuera posible.

En la jugada de tres bandas, otro objetivo aparece con claridad: desmontar particularmente la investigación de la Operación Safiro que toca los más altos niveles del sexenio de Enrique Peña Nieto.  Esto se desprende del desarrollo que ha tenido la audiencia de imputación del Licenciado González Arredondo. Los testigos de identidad reservada que ahora se dicen víctimas de tortura psicológica, son los mismos que declararon en el juicio oral que se llevó a cabo en contra de Alejandro Gutierrez Gutierrez, “La Coneja”.  Se trata de Ever Eduardo Aguilar, José Jaime Bustamante Pérez, Jesus Olivas Arzate y Miguel Ángel Mezquitic Aguirre; todos ellos funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la administración de César Duarte.

Jaime Bustamante, fue el personaje que armaba todos los entregables para justificar el saqueo de dinero, creaba documentación de programas, sistemas. Miguel Angel Mezquitic y Jesús Olivas, eran los encargados de autorizar en la tesorería de la secretaría de hacienda la salida del dinero. Ever Aguilar también estaba en la dirección de egresos de la tesorería estatal, elaboraba la documentación que justificaba las salidas de dinero; la documentación contable. El brindó varias veces un testimonio señalando que le constaba que Gerardo Villegas Madriles, el director de egresos, llevaba el dinero a la casa de Gobierno. Estos testigos participaron en la mayoría de los desvíos. Firmaron varios criterios de oportunidad. Ahora son asesorados, en su calidad víctimal, por el abogado Guillermo Saucedo Espinoza, uno de los defensores de María Eugenia Campos en el proceso que la vinculó a proceso por la nómina secreta.

La ley impone que, si un testigo a quien se le brindó criterio de oportunidad (obviamente porque es cómplice o coautor) se retracta de sus imputaciones o bien incumple el acuerdo que firmó con la autoridad, la consecuencia inmediata debe ser que el criterio se le retire y se le procese en la calidad original que tenían, de imputados. Pero la Gobernadora de Chihuahua les ha ofrecido, personal y directamente, protección y ahora son testigos protegidos para retractarse, seis años después, de los testimonios que ofrecieron.

Acusación y Vinculación anticipadas.

La acusación contra González Arredondo, adolece de fallas técnicas muy delicadas, además de ser absolutamente cuestionable que se le detenga afirmando que cometió el delito de tortura psicológica partiendo de que, todos los involucrados en el esquema de corrupción y que fueron llevados ante la justicia, promovieron recursos y amparos ante autoridades estatales y federales, y esas investigaciones fueron revisadas y calificadas bajo el principio de legalidad, esto es, las mismas fueron pasadas por el escrutinio riguroso de múltiples jueces federales.

Sin embargo desde los primeros días como Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos anunció la venganza. El 11 de octubre del año pasado se hizo eco de un “reportaje” de La Jornada que a ocho columnas destacaba: “Creo Corral centro de acoso político para inculpar a opositores”, donde se desarrolló por primera vez la acusación de que los operadores de Justicia para Chihuahua habían arrancado declaraciones a testigos mediante “tortura psicológica”. Sin una sola fuente, la nota firmada por Gustavo Castillo García, presumiblemente “enviado” para realizar el reportaje, era en realidad un encargo de la estrategia de defensa de Duarte-Campos-Beltrones, para iniciar la treta que triangularon incluso con la CNDH, a través de Adalberto Mendez, otro de los colaboradores de este tinglado.

La Gobernadora convocó a rueda de prensa y soltó: “Estamos hablando de abuso de autoridad, estamos hablando de vulnerabilidad a los derechos humanos y estamos hablando pues de los principios básicos de las garantías individuales de los chihuahuenses y del uso de las instituciones públicas para fines personales, fines electorales, fines políticos. Esto no se había visto o no teníamos conocimiento, bueno desde hace más de 50 años en nuestro país y es una situación muy grave y es de mucho daño pues para nuestras instituciones. Nos lastima el haber visto esta publicación el día de hoy”.

Y agregó: “…Te puedo hablar de mi caso, que fue una clara fabricación eh, pues con supuestos elementos, pues no lo dudaría. Me lastima porque es el uso faccioso de las instituciones, sobre todo para  con los chihuahuenses…”

Luego en una entrevista el 3 de junio con Ciro Gómez Leyva, la Gobernadora fue más allá de lo que las supuestas víctimas de tortura psicológica han alegado en sus acusaciones. Se le cuestionó si realmente Duarte seguiría en la cárcel o no, toda vez que “se está hablando de que hubo testigos coaccionados vía tortura… para que hablaran en contra de él”.

María Eugenia Campos se adelantó a contestar: “Sí hubo, sí hubo, y te lo digo en mi caso, en mi caso testigos protegidos hoy, a toro pasado, eh… me lo dicen y hay declaraciones, hay testimoniales, hay pruebas de que hubo tortura, hubo intentos de suicidio, hubo intentos de homicidio. Se metían a las cárceles, Ciro, a las tres de la mañana en el gobierno de Javier Corral, y esto te lo digo porque tengo pruebas, tres de la mañana, tres de la mañana los desnudaban, les echaban agua fría para que declararan lo que el señor gobernador, el Tlatoani todo poderoso quería que declararan”.

Desde entonces, ya no se requería hacer ningún examen médico psicológico  ( o protocolo de Estambul) a las supuestas víctimas; las conclusiones estaban hechas por la propia gobernadora. Una diligencia que requiere realizarse por un equipo multidisciplinario, capacitado y acreditado para tal fin, pero sobre todo imparcial, terminó en un cuestionable peritaje por el que el gobierno de María Eugenia Campos pagó 600 mil pesos a una asociación civil denominada Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos.

Para asegurar que se cumpliera el propósito de la Gobernadora, el Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, llevó en su propio despacho la investigación ignorando el mandato de la Ley General para sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, que claramente señala en su artículo 55 que, “las instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especializadas con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación”.

A pesar de contar con una unidad especializada la Fiscalía General del Estado, Fierro Duarte se turnó asi mismo la integración de la carpeta, auxiliado por un área de consulta, su director jurídico. En Chihuahua no hay actualmente ministerios públicos certificados en tortura; la Ministerio Público y los agentes de la policía que participan en la investigación contra Francisco González Arredondo, no tienen la especialización. Todo está fabricado para perseguir al que los persiguió.

La Operación Justicia para Chihuahua.

El exfiscal Francisco González Arredondo, es un profesional del derecho con más de 18 años de servicio en la Fiscalía General del Estado, con un amplio reconocimiento social en Chihuahua, lo que le valió ser propuesto por organizaciones y colectivos como el primer Fiscal Especializado en Derechos Humanos y Desaparición forzada, actualmente es maestro de la facultad de derecho de la UACH y Presidente del Instituto de Ciencias Penales.

Pero sin duda, su más trascendental desempeño fue en la lucha anticorrupción. Coordinó el mega proceso de combate a la corrupción que se produjo durante mi gobierno, conocido como la Operación Justicia para Chihuahua y que logró documentar y demostrar ante decenas de jueces federales y locales el enorme latrocinio que saqueó al Estado durante la administración de César Duarte Jáquez, calculado en mas de 6,000 millones de pesos.  Se trató de un grupo muy profesional de peritos, analistas, policías y ministerios públicos que desarrollaron estrategias y métodos con altos estándares internacionales para investigar redes de corrupción política, seguir la ruta del dinero y capturar a los responsables.

Se ejerció acción penal en contra de 49 personas, entre ellas ex servidores públicos y empresarios. Se libraron 92 órdenes de aprehensión. 78 vinculaciones a proceso, y se lograron 16 sentencias condenatorias. Sólo por la vía penal, a través de la reparación del daño y el pago de multas se recuperaron 1,356 millones de pesos que ingresaron de nuevo al patrimonio del Estado. Se aseguraron y embargaron 139 bienes inmuebles, compuestos en su mayoría por predios rústicos, aunque también se identificaron lotes urbanos, fincas urbanas y un penthouse en condominio, cuyo monto total asciende a un aproximado de 500 millones de pesos.

Se incautaron miles de cabezas de ganado vacuno, equino y exótico, de distintas razas. Y Se recuperó de forma definitiva mediante declaraciones judiciales de abandono a favor del Gobierno del Estado, más de 10 inmuebles rústicos y urbanos, entre los que destaca el rancho más grande que tenía César Duarte, “Santa Rita”, con una extensión de mas de 29,000 hectáreas, equivalente a la totalidad del fundo legal de la Capital del Estado.

En la vía administrativa se dictaron 25 resoluciones por diversas sanciones, entre ellas, inhabilitaciones y multas. Y en su vertiente fiscal, se realizaron 151 auditorías que permitieron la recuperación, en cuentas de Gobierno del Estado, de 656 millones, así como embargos de bienes por créditos fiscales que ascendieron a 629 millones de pesos. Esto se consiguió porque la Operación Justicia para Chihuahua involucró una investigación fiscal muy completa y profesional que fue calificada por el anterior Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, como “un referente nacional en el combate a la corrupción y la impunidad”, “la investigación más amplia y profunda sobre defraudación fiscal que se haya realizado en un Estado de la República”.

Es que se detectaron 27 esquemas agresivos de evasión fiscal: la administración del ex gobernador César Duarte facturó 36, 366 millones de pesos a través de 519 empresas fantasma y 383 “proveedores”, entre personas físicas y morales. Al término de la administración, se habían dejado en proceso 59 créditos fiscales por 1,953 millones de pesos. Los cuales fueron abandonados por el nuevo gobierno.

Como nunca antes en la historia de la lucha contra la corrupción e impunidad, se diseñó una estrategia legal a fin de que el litigio de los casos no se agotara en los tribunales locales y alcanzara también los juicios de amparo tramitados por los involucrados en los desfalcos. De ese mega proceso, resultaron investigaciones de gran impacto para la opinión pública nacional, como la llamada Operación Safiro, el desvío multimillonario de recursos al PRI de Manlio Fabio Beltrones, y la Nómina Secreta de César Duarte, un mecanismo corruptor por el cual el exgobernador construyó, mediante sobornos, una red de complicidad y protección que incluyó a políticos de la mayoría de los partidos, medios de comunicación, empresarios, legisladores y hasta líderes religiosos.

Criminalizar el combate a la Corrupción.

En Chihuahua está en marcha una brutal crimininalización del combate a la corrupción, una vergonzosa forma de perpetuar la impunidad de altos personajes de la política mexicana, vinculados tanto al PRI, como al PAN. Como bien lo escribió en la Revista Proceso, Ricardo Raphael, “perseguir al perseguidor es una vieja estrategia. Cuando no puedes demostrar la inocencia del criminal, se criminaliza a quien la investiga”.

El asunto es de trascendencia nacional, porque se están torciendo figuras claves de la investigación criminal. Jamás se volverá a confiar en los mecanismos que la ley otorga para hacer investigaciones valiosas, por en aras de una venganza se están destruyendo los mecanismos con que cuenta el sistema acusatorio.

Pero además, como de manera lapidaria y exacta, lo dijo la Doctora Muna Dora Buchain, ex directora de auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación: “Los que investigamos corrupción somos perseguidos, difamados y cargamos con violencia política estructural, lo cual inhibe a cualquier testigo o persona que desee denunciar actos de corrupción y eso es tolerado y propiciado por las autoridades actuales. Es el costo de revelar esta gran estructura de corrupción de los cuales muchos siguen ahora infiltrados, disfrazados de honorabilidad. Operación Safiro y Estafa Maestra están conectados por el mismo modus operandi y autores intelectuales. ¿Quién diantres va a meterse a investigar?.

Ni mas ni menos, ese el desincentivo que ahora se manda al País, desde Chihuahua. La cínica faceta de quienes buscan regresar al poder en el 2024, para librar a México del Comunismo. ¡Que con su pan se lo coman!.

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Javier Corral Jurado

Javier Corral Jurado Político, periodista, académico, y columnista.
Multi-galardonado por su actividad periodística. Fue Gobernador del Estado de Chihuahua de 2016 a 2021 y Senador de la República en donde formó parte de las comisiones de Educación, Gobernación y participa como Secretario de la Comisión de Radio y Televisión, así como Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta columna se reproduce bajo permiso de su autor.

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