¿Qué les puedo decir? Vivimos en lo que cada día se parece más a un chiste mal contado. No podemos voltear para ningún lado sin encontrarnos con un nuevo albur, en el que unos cuantos se hacen casita entre ellos para que los demás sigamos chupándonos el dedo.
Es una vergüenza nacional saber que tantos políticos enfrentan señalamientos e investigaciones, no solo en México, sino ya en instancias internacionales, y que todavía tengan el descaro de querer tapar el sol con un dedo.
Lo ocurrido durante las últimas semanas es un verdadero insulto a la inteligencia colectiva de las y los mexicanos. Cada día se vuelve más notoria la imagen de un gobierno rebasado y, por momentos, sometido ante la delincuencia. Y, como si eso no fuera suficiente, aparece Rocha.
Porque Rubén Rocha Moya representa precisamente eso: la gota que derramó el vaso; la desvergüenza llevada a su máxima expresión.
No estamos hablando de un rumor publicado en redes sociales ni de una acusación improvisada por algún adversario político. Fiscales federales de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas, además de una supuesta colaboración con la facción de Los Chapitos.
Hay que decirlo con claridad: una acusación no equivale a una sentencia y todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Rocha ha negado los señalamientos y tendrá derecho a defenderse ante las instancias correspondientes. Pero una cosa es respetar el debido proceso y otra muy distinta fingir que no pasa nada.
Porque tampoco estamos hablando de un funcionario menor. Hablamos del gobernador de uno de los estados más golpeados por la violencia y con mayor presencia histórica del crimen organizado. Por eso, los señalamientos no pueden tratarse como una simple diferencia política ni despacharse con un boletín lleno de frases ensayadas.
Rocha solicitó licencia después de conocerse la acusación en Estados Unidos. Más de cien días después decidió regresar al Palacio de Gobierno como si el tiempo hubiera borrado los cuestionamientos, como si el cargo fuera una propiedad personal y como si la sociedad sinaloense no mereciera ninguna explicación.
Su regreso duró apenas unas horas. La presión política aumentó, la propia presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no le parecía pertinente y Rocha terminó solicitando nuevamente licencia.
Entonces, la pregunta es muy sencilla: ¿qué cambió?
¿Qué ocurrió durante esos meses para que Rocha considerara que podía regresar? ¿Quién le dijo que los señalamientos habían desaparecido? ¿Dónde están las pruebas que, según él, permiten dar el asunto por terminado? Y si todo estaba aclarado, ¿por qué tuvo que volver a retirarse?
Ese ir y venir no transmite inocencia ni certeza institucional. Transmite improvisación, soberbia y la sensación de que las decisiones se toman dependiendo de la presión política del momento.
El problema es que durante años nos han querido acostumbrar a confundir lo legal con lo correcto. Nos dicen que, mientras no exista una sentencia definitiva, cualquier funcionario puede permanecer en el poder, tomar decisiones, manejar recursos públicos y exigirnos confianza absoluta.
No. La presunción de inocencia protege a las personas frente al poder punitivo del Estado, pero no puede utilizarse como un cheque en blanco para gobernar. La responsabilidad penal deberá resolverse ante los tribunales; la responsabilidad política y ética se responde frente a la ciudadanía.
Un gobernante puede no haber sido condenado y, aun así, haber perdido la confianza pública necesaria para continuar en el cargo.
Lo verdaderamente preocupante del caso Rocha no es solamente la gravedad de las acusaciones, sino la actitud de una clase política que parece creer que todo puede resolverse con discursos, silencios y acuerdos internos. Como si México fuera propiedad de los partidos y no de las personas que todos los días padecen la violencia, las desapariciones, las extorsiones y la inseguridad.
Si las acusaciones provenientes de Estados Unidos son falsas, el Estado mexicano debe desmentirlas con pruebas, investigaciones serias y resultados transparentes. Pero si existen elementos que las respalden, las autoridades deben actuar sin importar colores, amistades, cargos o compromisos políticos.
La soberanía nacional tampoco puede convertirse en escondite de funcionarios cuestionados. Defender a México significa defender sus instituciones, exigir respeto al debido proceso y garantizar que nadie se encuentre por encima de la ley. No significa cerrar filas alrededor de un político únicamente porque pertenece al partido gobernante.
El gobierno no puede comportarse como abogado defensor de sus funcionarios. Su obligación es proteger el interés público y garantizar que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.
Por eso Rocha representa la gota que derramó el vaso. No porque ya exista una sentencia definitiva en su contra, sino por el descaro de intentar regresar al poder en medio de acusaciones tan graves y pretender que la sociedad aceptara su retorno sin explicaciones.
Lo más grave ya no es que intenten tapar el sol con un dedo. Lo verdaderamente grave es que siguen creyendo que los mexicanos no alcanzamos a ver la mano completa.
Rocha no solamente derramó el vaso: nos confirmó que llevaba mucho tiempo desbordándose, mientras desde el poder insistían en decirnos que la mesa seguía completamente seca.
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
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