Rubén Rocha Moya volvió al gobierno de Sinaloa después de 112 días de licencia. Volvió sin previo aviso, por decisión propia, según explicó. Y apenas había calentado nuevamente la silla cuando volvió a pedir licencia.
Un día y medio de gobierno. Ni para alcanzar a desempacar.
La escena podría resultar cómica si no ocurriera en uno de los estados más golpeados por la violencia y si el protagonista no fuera un gobernador acusado formalmente en Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico, armas y presuntos vínculos con una organización criminal.
Pero el asunto Rocha Moya dejó de ser solamente sinaloense.
Se convirtió en un problema para Morena, para la presidenta Claudia Sheinbaum, para la relación México-Estados Unidos y, sobre todo, para la narrativa con la que la Cuarta Transformación pretende explicar su relación con el crimen organizado.
Porque el regreso de Rocha ocurrió justo cuando las circunstancias alrededor de su caso comenzaban a cambiar.
Estados Unidos no solamente presentó una acusación contra el gobernador y otros nueve funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa. La Fiscalía estadounidense sostiene que funcionarios del gobierno estatal habrían colaborado con Los Chapitos para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y respaldo político.
México respondió reclamando pruebas.
La presidenta Sheinbaum sostuvo que no bastaban acusaciones y exigió evidencia contundente antes de considerar cualquier acción contra Rocha. Su argumento tuvo una lógica jurídica elemental: nadie debería ser condenado por una acusación extranjera sin pruebas que puedan sostenerse ante la justicia mexicana.
El problema es que mientras el gobierno mexicano pedía pruebas, Estados Unidos seguía acumulando piezas.
Uno de los nombres más importantes es el del general Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Rocha. Mérida se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en mayo. La fiscalía lo acusa de colaborar con Los Chapitos y de haber recibido presuntamente sobornos mensuales superiores a cien mil dólares a cambio de filtrar información sobre operativos contra el grupo criminal. Una jueza estadounidense afirmó que existe una cantidad considerable de evidencia en su contra.
Pero hay algo todavía más delicado.
Mérida habría sido aceptado como testigo cooperante y posiblemente protegido por las autoridades estadounidenses. La información publicada señala que entregó inicialmente información al gobierno de Estados Unidos.
Y aquí comienza el verdadero problema político.
Porque un testigo cooperante no es una declaración de culpabilidad contra nadie. Pero tampoco es una pieza irrelevante.
Si un exfuncionario de alto nivel del gobierno de Rocha está colaborando con la justicia estadounidense, cualquier información que proporcione puede modificar sustancialmente el expediente. Y si además otros personajes vinculados a la administración sinaloense han comparecido ante la Fiscalía mexicana, la investigación deja de parecer una acusación aislada contra un gobernador y empieza a adquirir la forma de una posible red de relaciones políticas, administrativas y criminales que las autoridades de ambos países están intentando reconstruir.
Por eso el regreso de Rocha fue políticamente inoportuno.
No solamente porque contradijo la decisión que él mismo había tomado meses atrás al separarse del cargo, sino porque colocó a la presidenta en una posición incómoda.
Sheinbaum había defendido la necesidad de esperar pruebas. Rocha regresó alegando precisamente que la Fiscalía General de la República no había encontrado elementos en su contra.
Pero el gobernador cometió un error político monumental: confundió la ausencia de una acusación mexicana con la existencia de un respaldo político.
Y descubrió rápidamente que no era lo mismo.
Morena se deslindó de su regreso. Gobernadores del partido cerraron filas con la presidenta. Desde Palacio Nacional se cuestionó que una decisión personal pudiera colocarse por encima del interés público. Finalmente, Rocha volvió a solicitar licencia.
El gobernador que regresó para demostrar que podía regresar terminó demostrando exactamente lo contrario.
Que podía volver al despacho, sí.
Pero que ya no podía volver políticamente igual.
Y aquí aparece la dimensión nacional.
La 4T ha construido buena parte de su identidad alrededor de la idea de que el poder político debe estar por encima de intereses particulares, de que nadie está por encima del proyecto y de que el Estado debe recuperar el control frente a los poderes fácticos.
El caso Rocha plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando uno de los propios gobernadores de Morena queda atrapado entre una acusación estadounidense, una investigación mexicana, colaboradores que enfrentan procesos en Estados Unidos y un partido que ya no está dispuesto a respaldar públicamente sus decisiones?
Porque el problema ya no es solamente si Rocha es culpable o inocente.
Eso deberá resolverlo la justicia.
El problema político es otro: ¿qué tanto puede resistir el discurso de la Cuarta Transformación cuando las acusaciones de colusión entre autoridades y crimen organizado alcanzan directamente a uno de sus gobiernos?
Y todavía hay una dimensión internacional que no puede minimizarse.
Washington ya convirtió el caso en un asunto de seguridad binacional. México, por su parte, ha respondido invocando soberanía y reclamando evidencia. La tensión no es menor: Estados Unidos sostiene que existen elementos suficientes para llevar a juicio a funcionarios mexicanos, mientras el gobierno de Sheinbaum ha cuestionado la solidez y motivaciones de algunas acusaciones.
La relación bilateral puede soportar muchas diferencias.
Lo que resulta mucho más complicado es que uno de los gobernadores de un partido gobernante aparezca señalado en una acusación federal estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico y que, al mismo tiempo, uno de sus antiguos colaboradores pueda convertirse en una fuente relevante para la justicia de aquel país.
Ahí la palabra soberanía deja de ser suficiente.
Porque la soberanía no consiste en pedirle a otro país que deje de investigar.
Consiste en demostrar que México puede investigar mejor, más rápido y con mayor credibilidad a sus propios funcionarios.
Y hasta ahora, el caso Rocha ha producido exactamente lo contrario: un gobernador que desaparece, reaparece, contradice a su partido, vuelve a desaparecer y deja detrás una estela de preguntas que nadie ha respondido completamente.
Mientras tanto, Sinaloa sigue esperando algo bastante menos sofisticado que una teoría política: seguridad, certidumbre y un gobierno que gobierne.
Quizá por eso la imagen más reveladora de todo este episodio no sea la de Rocha entrando nuevamente al Palacio de Gobierno.
Es la de Rocha saliendo otra vez.
Porque en política, regresar al poder puede ser una decisión personal.
Conservarlo, en cambio, requiere que alguien todavía quiera que regreses.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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