Parece ser que la tumultuosa concentración del 18 de marzo, manejada por el gobierno utilizando recursos públicos y usando su músculo burocrático con el cual se movilizaron a miles de personas vinculadas principalmente con el gobierno, tenía en realidad como fin el resaltar la figura presidencial, en lugar de celebrar la llamada “expropiación petrolera”, terminó dando una nota escandalosa de la quema de la esfinge de la Ministra Presidente de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández.
En contraste, la gran manifestación ciudadana realizada el 26 de febrero para apoyar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, última instancia en defensa de nuestros derechos constitucionales destacó la protección a nuestro sistema democrático que se encuentra en jaque por el llamado “Plan B”, sin tener muestras de odio destructivo.
El hecho de atacar a la Ministra Piña, de por demás reprobable, es manifestación de odio hacia una mujer, que aparte de su situación como tal, representa a uno de los Poderes de la Unión, cuya función es la defensa de la Constitución ante las acciones de gobierno que la violan, tiene su origen en los constantes ataques espetados por el presidente de la República en contra de la Ministra Peña y al Poder Judicial Federal, que se convierten, por desgracia, en una indicación hacia la agresión.
Ello, viniendo de la más alta tribuna de un Jefe de Estado, es una situación intolerable que atenta en contra de la propia esencia del Estado, situación que en otros países merecería la destitución del titular del Poder Ejecutivo.
México se encuentra en un gran peligro ocasionado por el propio presidente de la República que atenta en contra de nuestro sistema republicano, democrático, de división de poderes, sujeto a un orden constitucional, que tiene como fin el establecimiento de un orden institucional que genere condiciones para brindarle al pueblo bien común, que garantice que los individuos que integran al pueblo se puedan desarrollar libremente para realizar sus vocaciones, con sus familias y cumplir con sus anhelos en la vida.
Debemos todos denunciar y repudiar estos ataques a nuestro sistema en el que se basan nuestras libertades. Debemos exigir respecto a las instituciones esenciales del Estado mexicano. No podemos llevar a cabo una vida digna y civilizada si permitimos la destrucción de nuestra división de poderes que son garantía del orden constitucional.
La primer responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal es garantizar que las autoridades, empezando por el propio titular del Poder Ejecutivo, cumplan con el orden constitucional y el Estado de Derecho. Si el presidente es el que constantemente ataca dicho orden, basándose en un proyecto político propio, ideologizado en el que se basa para justificar los atropellos a la Constitución, debemos los mexicanos cerrar filas y estar atentos a que dicha situación no prevalezca, ejerciendo constantemente nuestros derechos de petición al Poder Judicial, para que corrija de inmediato dichas desviaciones.
Debemos tomar conciencia de que nos encontramos en un grave peligro de rompimiento violento del orden constitucional propiciado directamente desde la más alta magistratura del país, que es la del presidente de la República.
Los recursos que tenemos los ciudadanos para atacar lo anterior es la denuncia pública ante los medios de comunicación, las redes sociales y las manifestaciones en las calles, como las realizadas a lo largo y ancho del país y algunas ciudades del extranjero, el 13 de noviembre y el 26 de febrero. Pero también interponiendo recursos ante el Poder Judicial de la Federación, que paren con sus sentencias y ejecutorias los constantes ataques a nuestras instituciones republicanas.
La presión internacional también es un camino adecuado para luchar en contra de un primer mandatario cuya conducta se centra en sacar un supuesto proyecto político que hace caso omiso al orden constitucional, violando múltiples derechos humanos tutelados por organismos internacionales, violando múltiples tratados internacionales de los cuales México es parte.
La lucha debe continuar hasta derrotar a este régimen que se nos trata de imponer.
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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