En política hay momentos que marcan un antes y un después. Ayer ocurrió uno de ellos. La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. La votación terminó con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, muy lejos de los 334 que se requerían para aprobarla.
Más allá de los números, el hecho tiene un significado político profundo: la presidenta sufrió su primera gran derrota legislativa.
Durante el sexenio anterior, México vivió una dinámica muy distinta. Al expresidente López Obrador le aprobaban prácticamente todo. Muchas de sus iniciativas transitaban por el Congreso con velocidad quirúrgica, a veces sin que siquiera se revisara una coma o se abriera un debate profundo. La mayoría oficialista funcionaba como una maquinaria disciplinada que acompañaba casi automáticamente los proyectos del Ejecutivo.
Hoy la realidad es distinta.
Claudia Sheinbaum encabeza el mismo movimiento político, pero no tiene el mismo control político sobre el Congreso. La votación de la reforma electoral dejó claro que incluso dentro del bloque que normalmente respalda al oficialismo existen fracturas y resistencias. La falta de votos de aliados que históricamente acompañaban a Morena fue suficiente para que la iniciativa se estrellara contra el muro legislativo.
Ante la derrota en la reforma constitucional, la maquinaria de MORENA ya ha anunciado la activación de un “Plan B”: una serie de reformas a leyes secundarias que solo requieren mayoría simple. Sin embargo, este camino es una vía de doble filo.
Si bien es una herramienta legal, el uso sistemático de leyes secundarias para evadir el consenso constitucional suele terminar en la Suprema Corte de Justicia. La lección para el partido en el poder es clara: legislar por la vía corta a menudo resulta en el camino más largo hacia la invalidez jurídica. La verdadera victoria política no reside en “darle la vuelta” a la Constitución, sino en construir un marco electoral que convenza incluso a los escépticos.
Desde una óptica social, el rechazo a esta reforma puede leerse como una victoria para la ciudadanía. Al no aprobarse cambios que muchos sectores consideraban una amenaza a la independencia de los órganos electorales, se garantiza que el árbitro siga siendo autónomo. El “pueblo” gana cuando las reglas del juego no se cambian de manera unilateral por quien ostenta el poder en turno. La estabilidad del INE y del Tribunal Electoral es el suelo parejo sobre el cual se construirá la confianza para los comicios intermedios de 2027.
Este tropiezo legislativo es una oportunidad de oro para la administración de Sheinbaum. La presidenta tiene ahora la posibilidad de distanciarse del estilo de su antecesor y demostrar que es capaz de liderar a través del diálogo real.
La propuesta es sencilla pero ambiciosa: En lugar de forzar un “Plan B” que polarice aún más al país, el Ejecutivo debería convocar a una Mesa Nacional para la Evolución Electoral. Una mesa donde participen académicos, sociedad civil y todas las fuerzas políticas para diseñar una reforma que busque la eficiencia presupuestal sin sacrificar la autonomía.
México no necesita una reforma “de partido”; necesita una reforma “de Estado”. Si la presidenta logra transformar esta derrota en una convocatoria abierta al consenso, habrá ganado una batalla mucho más importante: la de la legitimidad democrática.
César Calandrelly
Comunicólogo / Analista Político
