El inicio de los trabajos para la Reforma Integral a la Constitución de Chihuahua representa la mejor oportunidad para que los diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura -así como los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial- demuestren a los ciudadanos del estado de Chihuahua que verdaderamente les interesa trabajar en beneficio de la colectividad y dejar en claro que no responden a intereses de grupo.
El pasado jueves 10 de marzo se aprobó la creación de la Comisión Especial encargada de llevar a cabo el proceso de reforma constitucional y el lunes 14 se presentó el plan de trabajo y exposición de los alcances de la reforma a integrantes de los tres poderes del Estado, órganos autónomos y partidos políticos.
Una vez hecho lo anterior, se dio el arranque de las actividades tendientes a alcanzar el objetivo de actualizar la Constitución Política del Estado de Chihuahua a las nuevas realidades, armonizarla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adecuar o actualizar el lenguaje con el que está redactada, darle mayor claridad, orden y una estructura coherente.
De acuerdo con conocedores de derecho constitucional, esta reforma integral se requería desde hace algunos años -la última se realizó hace 28 años, en 1994-, por lo que representa el mayor reto para los integrantes de la actual Legislatura. Claro, sin dejar de lado a los otros entes de gobierno y, por supuesto, tomando en cuenta la participación de grupos de ciudadanos y ciudadanas. Pero es claro que quienes llevan la voz cantante son los diputados integrantes del Congreso estatal.
Un buen augurio es la intención de que los trabajos tendientes para reformar la Constitución se desarrollen en un esquema de Parlamento Abierto, que incluye la realización de foros y consultas donde los aportes e ideas de la academia, la sociedad civil y la ciudadanía en general abonen a la toma de decisiones. Imagino un esquema incluyente, que integre las propuestas del mayor número de entes representativos de la sociedad chihuahuense, en el que se alcancen, si no consensos, al menos acuerdos que favorezcan la vida en comunidad en un marco de respeto a los derechos de todas y todos.
Sin embargo, es necesario que los legisladores, de todos los colores, sean conscientes de que no se pueden alcanzar los objetivos planteados si no se trabaja en un esquema de respeto a las instituciones y en particular a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Chihuahua, al Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo y a la dignidad de los integrantes de la actual Legislatura.
Son de conocimiento público los abusos cometidos por la presidenta del Congreso del Estado, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, en el manejo de las sesiones en el pleno de ese órgano representativo de los ciudadanos de todo Chihuahua. Menciono solo dos, aunque son muchos más los agravios cometidos en perjuicio de los integrantes de otras fracciones parlamentarias, en base al hecho de que ella forma parte de la bancada con mayor numero de diputados, es decir, imponiendo las mayorías y violentando la búsqueda de consensos. El primero, al imponer como presidente provisional del Congreso en una de las sesiones iniciales al diputado Omar Bazán, cuando ello correspondía a la diputada María Antonieta Pérez Reyes. El segundo, al aceptar la solicitud de un receso en la sesión del pasado jueves 10 de marzo, sin consultar al pleno, para acudir los integrantes de su bancada a ofrecer una conferencia de prensa en el exterior de la torre legislativa, sin que hubiera justificación alguna para ese hecho.
Este último hecho provocó la reacción de los diputados integrantes de las bancadas del PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y de Morena, es decir, de todos los diputados con excepción de los integrantes de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, que decidieron no regresar al pleno cuando la diputada Bujanda lo solicitó, provocando que se suspendiera la sesión. Reacción que no esperaban y que les cayó como un balde de agua fría.
Los legisladores del PAN deben aprender a hacer política, eliminar la soberbia de que las mayorías son para imponerse y hacer lo que les venga en gana. Si desean que los trabajos para alcanzar la reforma fluyan, deben actuar en base a lo manifestado el pasado lunes por su coordinador, Mario Humberto Vázquez, quien hizo “un llamado a esta comisión que se conformó bajo los principios de pluralidad, paridad y proporcionalidad, así como a todas mis compañeras y compañeros diputados que conformamos la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado: veamos los puentes que nos unen, sumemos en las coincidencias y no nos enfoquemos en discusiones estériles”. Si la expresión es genuina, la reforma va, de lo contrario los legisladores panistas echarían por la borda la mejor oportunidad de trascender en la historia de nuestro estado.
La disposición de los demás diputados para que la reforma sea una realidad es notoria. Para el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, “la transformación del derecho es inaplazable, su actualización resulta necesaria, nos corresponde vivir en una época en donde los cambios culturales, políticos y sociales obligan al Estado, entendiendo este en su concepto amplio, a llevar a cabo no solo adecuaciones a su marco jurídico, sino a revolucionar normas fundamentales, generar reformas estructurales cuyo objeto hace unos cuantos años parecieran imposibles o simplemente impensadas”.
La posibilidad está dada, ojalá y prive el ejercicio de la política en su sentido más amplio y nos dejemos de politiquerías. ¡Que la reforma vaya!
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