Cuando el gobierno pretende apropiarse de la respuesta.
¿Qué es la verdad? La pregunta acompaña a la humanidad desde que el ser humano comenzó a interrogarse sobre sí mismo, el mundo y Dios. Sin embargo, adquirió dimensiones universales cuando Poncio Pilato la formuló frente a un preso que tenía ante sí. Aquel prisionero era Jesús de Nazaret.
La escena no puede reducirse a una conversación entre un gobernante y un acusado.Pilato representaba al imperio más poderoso de su tiempo; Jesús, golpeado y aparentemente indefenso, comparecía ante él. Uno tenía soldados, tribunales y autoridad para condenar. El otro no tenía ejército, cargo público ni defensa jurídica. No obstante, hoy recordamos a Pilato principalmente porque estuvo frente a Jesús. La historia puso a cada uno en su lugar.
Antes de que Pilato preguntara «¿Qué es la verdad?», Jesús hizo una afirmación que nadie más ha sido capaz de sostener con semejante autoridad moral, espiritual e histórica:
«Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz» (Juan 18:37).
No dijo que había venido para construir una versión conveniente de los hechos, defender los intereses de un partido o imponer una narrativa. Vino para dar testimonio de la verdad. Más aún, en otro momento declaró: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida» (Juan 14:6).
Jesús no solamente habló acerca de la verdad: se presentó como su encarnación. Nadie más ha podido afirmar algo semejante y sostenerlo durante dos mil años frente a creyentes, adversarios, imperios, persecuciones, ideologías y revoluciones.
Los gobiernos pasan, los emperadores mueren y las propagandas terminan en el archivo muerto. La voz de Jesús permanece. Esa es una diferencia bastante incómoda para quienes confunden el poder temporal con la posesión de la verdad.
Hoy, en México, parece haberse encontrado una respuesta mucho más sencilla a la pregunta de Pilato: la verdad es lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum diga que es verdad.
Si una versión favorece al poder, es información. Si lo contradice, es mentira, manipulación, campaña de desprestigio o conspiración de la derecha. Así de fácil. Dos mil años de filosofía, teología, ciencia y búsqueda intelectual pudieron haberse evitado esperando la mañanera.
El problema con las nuevas disposiciones sobre los derechos de las audiencias no radica en reconocer el derecho de los ciudadanos a recibir información plural y distinguir entre noticias, opiniones y publicidad. Eso es razonable.
El peligro comienza cuando el gobierno adquiere facultades para interpretar qué información es veraz, objetiva o adecuada. En ese momento deja de proteger a las audiencias y comienza a tutelarlas. Ya no considera a los ciudadanos personas capaces de escuchar, comparar y discernir, sino menores de edad intelectuales que necesitan una verdad previamente revisada por la autoridad.
El gobierno ya no pretende quedarse con un gajo de la naranja. Quiere apropiarse de toda la fruta, determinar su sabor y hasta decidir qué puede llamarse naranja. Si mañana asegura que una manzana es naranja, quizá algún funcionario redacte el lineamiento correspondiente y explique que disentir constituye una afectación al derecho de las audiencias.
Aquí aparece el llamado chilling effect o efecto disuasorio. La censura moderna no siempre necesita clausurar estaciones, encarcelar periodistas o enviar policías a una redacción. Puede funcionar mediante normas ambiguas, sanciones severas y autoridades con un margen excesivo de interpretación.
Ante la posibilidad de multas, demandas, procesos interminables, ataques digitales o consecuencias económicas, periodistas, conductores y concesionarios comienzan a censurarse solos. El silencio resulta más barato que la libertad.
El caso de Sergio Sarmiento ilustra el mecanismo. Desde la mañanera se presentó un fragmento de un debate realizado hace más de 25 años para acusarlo de haber reconocido que los medios «mienten deliberadamente».
Sarmiento respondió que el video había sido mutilado y que se eliminó la parte que explicaba el verdadero sentido de su argumento: la necesidad de contar con buenas leyes contra la difamación y la calumnia, no de entregar al gobierno la facultad de decidir la verdad periodística.
La titular del poder ejecutivo federal tiene, por supuesto, derecho a responder a sus críticos. Pero no estamos ante un intercambio entre iguales. Sarmiento cuenta con un micrófono; el gobierno dispone de Palacio Nacional, medios públicos, presupuesto, redes institucionales, servidores públicos y una maquinaria digital preparada para repetir la condena.
El periodista cuestiona; el poder exhibe. Uno argumenta desde un medio; la titular del poder ejecutivo contesta desde el aparato del Estado.
Sarmiento pudo defenderse. Por tanto, no sería exacto afirmar que fue silenciado. Pero el mensaje no estaba dirigido exclusivamente a él. También lo recibieron reporteros, conductores, directivos y propietarios de medios: esto puede ocurrirles si contradicen la versión gubernamental.
Hoy se rescata un video, se recorta, se interpreta y se convierte en sentencia pública. Mañana podría añadirse una sanción administrativa. Pasado mañana, quizá nadie necesite ordenar el silencio porque los comunicadores habrán aprendido a practicarlo.
Esa es la mordaza más eficaz: la que la propia persona termina colocándose. El censor ni siquiera se ensucia las manos; solamente crea las condiciones para que los demás callen por miedo, conveniencia o supervivencia económica.
La contradicción es monumental. El gobierno pretende proteger a las audiencias de la manipulación, pero utiliza un fragmento presuntamente descontextualizado para desacreditar a quien critica sus lineamientos. Invoca la veracidad mientras selecciona la parte de la realidad que le conviene.
El Ministerio de la Verdad todavía no abre oficialmente sus ventanillas, pero todo indica que ya se encuentra realizando pruebas de funcionamiento.
Jesús dio testimonio de la verdad sin necesidad de ejércitos, presupuestos públicos, propaganda ni sanciones. La sostuvo aun cuando decirla lo condujo a la cruz. El poder político, en cambio, suele llamar verdad a aquello que le permite conservar el poder y mentira a cuanto lo incomoda. Por eso la pregunta de Pilato continúa vigente, aunque hoy deberíamos añadir otra: ¿quién vigilará al gobierno cuando pretenda convertirse en propietario, intérprete y policía de la verdad?
Los derechos de las audiencias deben proteger a los ciudadanos frente a los abusos, no proteger al gobierno frente a la crítica. Porque cuando el poder decide qué es verdad y además posee los instrumentos para castigar a quien discrepe, ya no tenemos ciudadanos informados. Tenemos súbditos convenientemente orientados. Ahí está El Meollo del Asunto.
Daniel Valles
Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana.
Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
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