Una de las iniciativas de reformas a la Ley que el Ejecutivo federal estará anunciando este lunes es la referente al sistema de pensiones para el retiro, tema bastante importante como para dejárselo del todo a los partidos políticos.
Partamos de que más de la mitad de los trabajadores mexicanos, con datos del INEGI, se ganan el sustento diario dentro de la informalidad. Bajo esta lógica, no podemos hablar de un sistema de pensiones para el retiro que cubra de manera equitativa a la población mexicana.
Lo anterior es, o deberá ser, un punto de inicio en la discusión del tema. La iniciativa es, lo decíamos en nuestra pasada aportación, conveniente dados los intereses electorales del gobierno federal, pero también representa una oportunidad para poner los puntos sobre las íes sobre tan delicada asignatura.
El sistema de ahorro para el retiro no debe confundirse con la pensión del bienestar para los adultos mayores (pensión universal), esta última no implica contribución alguna por parte de los trabajadores ni de algún patrón y se sustenta únicamente de las finanzas públicas.
Las pensiones del bienestar para adultos mayores en la práctica son parte de la política social del gobierno federal, pero se sujetan a la reforma constitucional del artículo 4º del 2020, cuyo párrafo adicionado, a la letra dice: Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una Pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los Afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.
La comentada reforma constitucional de 2020 elevó a rango constitucional el imperativo del Estado por proteger socialmente a la población, fundamentalmente y en la práctica, a través de los programas de asistencia social del gobierno federal, así como de un eventual sistema nacional de salud.
De igual forma, a finales del mismo año se realizaron ajustes a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro que de inicio redujeron el piso de semanas cotizadas para alcanzar una pensión de retiro (prestación económica vitalicia o temporal) de 1,250 a 750 semanas. Para 2024 se requerirán para trabajadores del IMSS 825 semanas cotizadas para acceder a alguna pensión.
Dentro de los mismos ajustes se asentó un incremento gradual de las aportaciones que realiza el patrón y el Estado; así como el de regular de manera real las ganancias por comisiones de las AFORES.
Estás reformas de finales de 2020, según la CONSAR, beneficiaron en tres años a miles de trabajadoras y trabajadores que pudieron acceder a una pensión con una mayor tasa de reemplazo. Aunque de manera general con montos aún muy insuficientes, pero beneficios al fin.
¿Hace falta legislar más en materia de pensiones para el retiro? Obviamente sí. Aún y con los ajustes realizados en aras de paliar con pensiones mínimas garantizadas y con la pensión universal la enorme vulnerabilidad de la mayoría de los trabajadores mexicanos respecto al retiro, el problema tenderá a agravarse.
La tendencia en México y de manera general en el mundo occidental es que naturalmente la población tiende a envejecer, mientras que la población joven decrece, cargándose el costo del retiro a la cada vez más disminuida población joven que ya cuenta con graves retos económicos a enfrentar.
Volvamos al tema de la informalidad. No se necesita ser especialista para deducir que la causa raíz del problema se encuentra allí, mientras poco más de la mitad de los trabajadores mexicanos no estén incorporados a un sistema de ahorro para el retiro, las leyes en la materia incidirán de manera muy parcial en la perenne búsqueda de la Justicia Social.
Más allá de que al calor de la algarabía electoral se saque a colación el tema de las pensiones dignas, la sociedad civil y la iniciativa privada deben incorporarse al debate.
No es un tema que debe dejarse a acuerdos cupulares entre partidos políticos o a cálculos electorales, por el contrario debería implicar un diverso análisis técnico, abierto a la sociedad.
Además, hay mucho que hacer en materia de Política Pública: educación financiera, promoción de la formalidad, fomento de las actividades productivas, inclusión laboral, mayores estímulos al ahorro voluntario, generación de empleos calificados y bien remunerados.
El gasto del presupuesto público ya enfrenta presiones derivadas de los programas sociales del gobierno federal, que descobijan a otros rubros que merecen la atención del Estado. Solo la generación de riqueza podrá entonces solventar un verdadero sistema de pensiones dignas y de amplia cobertura, lo que nos lleva de nuevo a tareas de Política Pública.
Desde 1997, luego de una reforma a la ley, los trabajadores pueden recibir una pensión en función del tiempo y ahorro para el retiro que se acumula en sus cuentas individuales, mismas que son administradas por las AFORES.
La reforma de ese año (1997) no se tradujo en beneficios para la mayoría de los trabajadores mexicanos, que para lograr un monto de pensión medianamente digno deben realizar aportaciones permanentes de ahorro voluntario a sus cuentas, algo bastante complicado dados los bajos salarios y la sostenida debilidad del poder adquisitivo de la población.
Es muy redituable sacar el tema en tiempos electorales, sin embargo, debe procesarse de manera responsable y no debería derivar en un plumazo que implique mayor déficit fiscal. Un paso en falso sería que se abriera la puerta para que el gobierno tratara de meter mano a los más de 5.5 billones de pesos que manejan actualmente las AFORES.
No hay quien no este de acuerdo en alcanzar pensiones de retiro dignas para todos, pero inicia ampliando las prestaciones laborales al grueso de la población, propiciando el crecimiento económico y fortaleciendo el poder adquisitivo.
“Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano; teme a tu Dios. Yo, Yahveh.”
(Levítico 19:32)
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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