En México hay más de 43 mil organizaciones de la sociedad civil registradas, pero menos de una cuarta parte tienen capacidad legal de recibir donativos. Mientras el Estado insiste en monopolizar la ayuda social, las OSC enfrentan estigmatización, falta de recursos y un marco legal incompleto.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son, en esencia, la expresión más clara de la ciudadanía organizada: voluntarias, sin fines de lucro, creadas para atender causas sociales que van desde los derechos humanos hasta la protección ambiental. En teoría, deberían ser aliadas estratégicas del Estado. En la práctica, enfrentan un panorama adverso: descalificación, hostigamiento fiscal y un financiamiento cada vez más precario.
Según el Registro Federal, existen 43,487 OSC en México, pero solo un 21.7 % tienen estatus de donataria autorizada. Entre 2021 y 2022, las OSC activas con registro cayeron en 52 % y desde 2019 la reducción supera el 66 %. El contraste internacional es vergonzoso: México apenas cuenta con 33 OSC por cada 100,000 habitantes, frente a 670 en Estados Unidos y Chile, 270 en Argentina y 170 en Brasil. Un país con necesidades enormes, pero con un músculo social debilitado.
En 2019, las donatarias recibieron 47,659 millones de pesos en donativos y más de 20,270 millones por actividades relacionadas a su objeto social. Pero ese financiamiento no se ha sostenido. El apoyo público ha sido opaco, intermitente y condicionado, lo que ha empujado a muchas OSC a la sobrevivencia mínima. Cuando el Estado recorta fondos, no cancela “proyectos secundarios”: cancela servicios vitales para comunidades que dependen de ellos.
Hoy el gobierno insiste en centralizar la asistencia social. Bajo una lógica populista, busca ser el único proveedor y el único salvador, marginando a las OSC y señalándolas como adversarias. Se les acusa de ser “críticas incómodas” o fachadas políticas, cuando en muchos casos son las únicas presentes en donde el Estado nunca estuvo. Y no es casualidad que gran parte de estas iniciativas estén lideradas por mujeres: son ellas quienes sostienen el tejido social con hechos, no con discursos.
El sector civil también carga con sus propios pendientes, muchas OSC no han sabido comunicar su impacto ni traducir su labor en métricas claras. Esto ha permitido que surja la percepción de que algunas son trampolines políticos o negocios disfrazados de altruismo. La ciudadanía debe exigir resultados medibles, transparencia y profesionalización, porque pertenecer no es lo mismo que participar, y participar sin rendición de cuentas no basta.
México no tiene un marco legal que regule y promueva el voluntariado como semillero de ciudadanía activa. En otros países, el voluntariado es un espacio formador de líderes sociales; aquí, sigue siendo invisible y desaprovechado. Esta omisión es una deuda histórica: sin voluntariado fortalecido, las OSC no podrán escalar de esfuerzos aislados a un verdadero movimiento nacional.
Desde mi experiencia en 2019 como parte del consejo de Girasoles A.C., organismo cuyo propósito es retomar e incluir al adulto mayor en la vida productiva y social, así como en mi labor de consejero de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) de 2019 a 2020, donde se impulsan proyectos de organizaciones de la sociedad civil y programas de instituciones públicas, puedo afirmar que la participación activa de los consejeros en estos organismos es de vital importancia.
Ahí me di cuenta de que lo que falta no son solo causas, sino disciplina: más mediciones, evaluaciones, claridad en el impacto social, y sobre todo ser congruentes y personas virtuosas. Tuve que dejar esos consejos porque no contaba con el tiempo ni la dedicación necesarios para apoyar como se debía, en pocas palabras no quería solo calentar la banca y colgarme las medallas.
La verdad incómoda, pero hay que decirla: si no se reconoce, no hay área de oportunidad para mejorar. Y es que, demasiados políticos se acercan a las OSC para tomarse la foto, presumir “sensibilidad social” y engordar su currículum. Ese parasitismo le ha robado credibilidad al sector.
Las OSC no son accesorios ni vitrinas de vanidad: son el músculo ciudadano que mantiene viva la democracia. Si seguimos debilitándolas, no solo perderemos proyectos sociales: estaremos dejando a México sin brújula para enfrentar sus mayores crisis.
