Si analizamos que la corrupción se generó, a partir del establecimiento del gobierno revolucionario en nuestro país, sumaremos ciento nueve años que han transcurrido bajo un sistema autoritario y antidemocrático.
Durante ese tiempo el enriquecimiento inexplicable de funcionarios de primer nivel, así como de los presidentes de la república en turno, fue la causa que motivó a que establecieran en el país a sus familiares y amigos, para controlar todos los recursos económicos, así como los liderazgos de los sindicatos y gremios de trabajadores de todo tipo de actividades, descuidando la seguridad pública y el bienestar nacional.
Uno de los problemas más graves que ha originado la corrupción son los feminicidios. Delito que se legisló con el objeto de proteger la vida de las mujeres, que han sido víctimas de asesinos seriales, del crimen organizado, así como del alto grado de violencia familiar desde hace más de cuarenta años.
La explicación de la continuidad de los crímenes contra mujeres, es la corrupción. Las investigaciones realizadas por diversos cuerpos de seguridad, reportajes e investigaciones periodísticas, han señalado directamente a empresarios vinculados con cárteles, así como a ex gobernadores, diversos funcionarios públicos y dirigentes de partidos políticos, como los autores intelectuales de las desapariciones de mujeres.
La innegable corrupción que pesa toneladas de sangre inocente derramada, ha obstaculizado que la justicia sea imparcial y expedita. Aunado a que la pobreza extrema, falta de valores y diversos traumas en las familias, así como las adicciones a las drogas y el alcohol, son generadores de violencia extrema contra la mujer.
La violencia ejercida contra la mujer, tiene antecedentes desde que el hombre la sometió como un complemento de su vida, destinada a las labores del hogar. Sumisa y obediente. La liberación femenina comenzó a finales de los sesentas y principios de los setentas y hasta la fecha ha logrado escalar al mismo nivel que el hombre, por su capacidad e inteligencia.
Las mujeres sostienen un camino largo luchando para proteger su vida. Es infame lo que ocurre principalmente en nuestro país y particularmente en el Estado de Chihuahua como en Ciudad Juárez. Tal parece que ya es una costumbre escuchar las noticias diariamente, en las que nos enteramos que son encontrados cuerpos mutilados, salvajemente torturadas y violadas. Lo que a un psicópata le causa placer.
Sin embargo las mujeres siguen reclamando su derecho a la vida sin violencia. El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. Y cada vez se suman más a este movimiento, que realmente es alentador y que universalmente destella para exigir justicia.
Es inadmisible que las autoridades durante más de cuarenta años, sigan solapando como cómplices perversos a los feminicidas y violadores. A los que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres que son el principal eje de la familia, pues además tienen el don de dar vida a través de su vientre.
La corrupción debe cesar de inmediato y la ley debe aplicarse sin distinción alguna. La mafia de criminales contra mujeres ha crecido ante la impunidad injustificada. Por tal motivo, se han creado diversos instrumentos internacionales para combatir el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Existen dos tratados internacionales, de los cuáles México es parte: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
El Estado Mexicano promulgó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una forma de implementar acciones para combatir la violencia contra las mujeres. Contiene la obligación de crear modelos de atención para garantizar a las mujeres su seguridad y el goce de sus derechos humanos, generando el Protocolo para Atención de Usuarias y Víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México.
Debe promoverse la cultura de la denuncia entre la sociedad que nos incluye a todos. La participación ciudadana es determinante para lograr erradicar la violencia. Pero el principal obstáculo sigue siendo la falta de confianza de las autoridades asignadas para fortalecer a las víctimas. Ni los testigos se atreven a participar para dar con los criminales porque no tienen garantías de protección y reserva de datos, aunque en derecho existen. ¡Ni una más!.
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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