Ya es del conocimiento popular que el presidente Peña Nieto, promueve la renombrada Ley de Seguridad Interna; un proyecto de ley que ya pasó por la cámara baja, y sólo espera la aprobación del Senado.
Este artefacto jurídico tiene, a mi juicio, variables de intención política más que un sano interés por buscar la paz interior.
Es un utensilio teledirigido a evitar el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Entre otros objetivos.
En diversos foros, he dicho lo siguiente:
“De aprobarse esta ley, será un instrumento legal para justificar la represión en México. Libertad absoluta a las fuerzas armadas para poderte detener sin ninguna orden de aprehensión, catear tu casa, saquearte, sustraer tus cosas personales, retenerte o desaparecerte”.
Es una apreciación basada en la experiencia de vida. Ilusos seríamos si pensáramos que el pensamiento del gobierno está verdaderamente preocupado por la tranquilidad de la nación. De ser así, ya habrían puesto paz.
Nuestra Constitución es suficiente para crear políticas de seguridad interna.
La legislación, que aún requiere el aval del Senado, establece los mecanismos de coordinación entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios para atender problemáticas de inseguridad en las localidades donde sea rebasada la capacidad de las autoridades competentes.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FALACIA
Aquí un texto que pretende “tranquilizar” a los que no creemos en ella.
“El proyecto define a la Seguridad Interior como la condición que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
Esta ley ha resultado muy polémica. Enfrenta críticas desde activistas, organismos de derechos humanos, hasta funcionarios de la ONU que observan el riesgo de las garantías de los mexicanos y la consideran el instrumento jurídico que posiciona una militarización en el país.
Un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que el riesgo es muy alto.
Sugieren que se estaría legalizando su actuar para lo que venga en las elecciones del 2018, eso de facultar al ejército y a las autoridades federales para realizar este tipo de tareas es muy riesgoso en un país que se quiera respetar los derechos humanos.
Creo que quieren justifica cualquier detención con el sólo argumento que es un asunto de seguridad nacional.
En el artículo 11 de esta ley, se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior, es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de “conflicto”. ¿Cómo cuál? ¿Quién calificaría la peligrosidad del conflicto como para desestabilizar la seguridad interna del país? ¿Hay algunos parámetros?, ¿Protocolos? No, sólo la ley así pelona, donde todo queda dispuesto para que se pueda usar a contentillo.
¿QUE DICE AMNISTÍA INTERNACIONAL?
Amnistía Internacional México, consideró la aprobación como un retroceso para los derechos humanos. “Esta aprobación es preocupante. No podemos permitir que se normalice la participación de las fuerzas armadas en labores policiales, pues llevamos décadas documentando las violaciones de derechos humanos que prevalecen bajo el uso sostenido de las fuerzas armadas; al contrario, se tiene que pensar en un retiro progresivo a la par de una profesionalización de la policía”, esto lo dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva del organismo en el país.
Finalizo con lo siguiente:
Qué tanta preocupación no tendrán en el gobierno de Peña Nieto que califica Martín Moreno, en una columna reciente, de “inverosímil, como alarmante; inaudito como preocupante; sorpresivo como amenazante…”; refiriéndose a los pronunciamientos de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, contra la propuesta de un civil respecto de la posibilidad de una amnistía a los narcos.
¿Desde cuándo los militares hacen política?
Cuando esto ocurre se le llama GOLPE DE ESTADO.
Abogado. Analista Político. Amante de las letras.
CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales.
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