En México no enfrentamos únicamente una guerra contra el crimen, sino una guerra de incentivos. Mientras el Estado no logre ofrecer mejores alternativas que la delincuencia, la violencia seguirá reproduciéndose. Pero no se trata solo de gobiernos y presupuestos, la clave está también en lo que ocurre dentro de cada hogar y en cómo sociedad y sector productivo acompañan este esfuerzo.
Hoy el crimen organizado opera como un gran empleador. Estudios académicos calculan que los cárteles cuentan con entre 160,000 y 185,000 integrantes, y que requieren reclutar al menos 350 jóvenes cada semana para sostenerse. Para muchos, la delincuencia representa un ingreso seguro, estatus social y una salida rápida de la precariedad. La pregunta es: ¿por qué resulta más atractivo unirse a un grupo criminal que seguir el camino de la escuela, el trabajo formal o el esfuerzo familiar?
Parte de la respuesta está en los incentivos inmediatos. Un policía en México gana en promedio 13,000 pesos mensuales, apenas un tercio con un salario digno. En contraste, las organizaciones criminales ofrecen pagos rápidos y tentadores. Bajo esa lógica, ¿qué joven, sin un soporte sólido en casa, elegirá la ruta más difícil?
El ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador muestra que es posible reducir la violencia con mano dura. Su estrategia llevó a que el país pasara de tener tasas de homicidio superiores a 50 por cada 100,000 habitantes a registrar en 2024 apenas 1.9, la más baja del hemisferio. Sin embargo, su modelo está basado en un régimen de excepción, arrestos masivos y medidas que han sido criticadas por abusos.
La gran lección es que ningún gobierno, por más firme que sea, puede sostener la paz si no cambia los incentivos de fondo. Y esos incentivos comienzan en la familia. Un hijo que le hace más caso a sus amigos que a sus padres es un joven en riesgo. Ahí radica la verdadera batalla: en la capacidad de los padres para formar en valores, integridad y toma de decisiones sólidas.
La educación empieza en casa, no en el cuartel ni en el Congreso.
Pero la otra parte de la ecuación está en el empleo formal. El Estado tiene la responsabilidad de generar condiciones, pero no puede hacerlo sin los empresarios. En México, poner un negocio suele convertirse en un viacrucis de trámites, impuestos y trabas burocráticas. Se olvida que cada empresa abierta es también una fuente de empleo legítima que le compite directamente al crimen organizado. Si queremos ganar esta guerra de incentivos, gobierno y sector privado deben trabajar juntos: el primero quitando obstáculos, y el segundo apostando a la inversión y la formalidad.
La violencia se puede reducir, sí, pero no con golpes espectaculares ni con promesas vacías. Se necesita un Estado fuerte que ofrezca empleo y servicios, empresarios respaldados para generar riqueza, y familias comprometidas en educar y guiar a sus hijos.
La verdadera paz llegará cuando la decisión de un joven, frente a la disyuntiva entre el crimen y la legalidad, se incline hacia la integridad no porque sea el camino más fácil, sino porque es el más correcto.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
