México sigue siendo, con todas sus letras, un Estado fallido. Las instituciones no funcionan, la justicia no se imparte, la ley no se cumple y la autoridad se diluye entre pactos inconfesables, silencios cómplices y una corrupción que ya no se esconde, sino que se exhibe como método. La inseguridad pública se ha convertido en la medida real del poder, ya que quien domina el territorio no es el gobierno, sino las bandas del crimen organizado que operan con total impunidad.
Si no fuera por las decisiones del presidente Donald Trump, muchos de los capos más visibles seguirían existiendo, actuando y serían intocables en México. La presión política, económica y diplomática que ejerció Estados Unidos obligó al gobierno mexicano a capturar y extraditar a algunos líderes del narcotráfico que llevaban años comprando protección oficial. Pero incluso ese aparente avance resultó una ilusión: los viejos capos fueron sustituidos por otros, igual o más violentos, y protegidos por los mismos políticos.
Cambiaron los nombres, pero no la estructura del poder criminal.
La narcopolítica es hoy una constante nacional. Gobernadores, alcaldes, policías y hasta legisladores han sido señalados por sus vínculos con el crimen organizado, sin condenas públicas de los gobernantes, ni consecuencias reales. Y lo más lamentable es que mientras las élites se disputan el control del negocio, el ciudadano común vive asediado por una violencia cotidiana e insoportable: asaltos en las calles, cobro de derecho de piso, desapariciones, asesinatos y un miedo que se ha vuelto parte de la rutina. La inseguridad ya no es noticia, es un hábito nacional.
Vivimos escándalos que no se habían visto nunca, o que antes al menos se disimulaban.
Hoy estamos peor que antes, y antes ya estábamos mal. Aquellos que tanto criticaron a los gobiernos previos han demostrado ser peores, pero estos no soportan la crítica, tienen la piel muy delgada y recurren a la censura como instrumento de control. Han construido un relato en el que ellos son los “impolutos”, los únicos buenos, los redentores del pueblo, mientras la evidencia los desmiente todos los días.
México camina peligrosamente hacia un estado totalitario. La persecución a periodistas, el uso político de la justicia, la manipulación mediática y la destrucción de los contrapesos institucionales son señales claras. No hay legalidad, ni justicia, ni siquiera un sentido elemental de civilidad. Las fiscalías están podridas hasta la raíz, los jueces viven bajo amenaza o presión, y el ciudadano (desprotegido, indignado y cansado) ya no sabe a quién recurrir.
El país parece flotar en un vacío donde la ley no pesa y el poder no tiene límites. Lo que antes era ingobernabilidad hoy se ha vuelto anarquía, y lo que antes era corrupción hoy es además descaro. La pregunta no es si México está en crisis, sino cuánto tiempo más podrá sostener esta farsa de Estado sin derrumbarse del todo.
Se puede entender que la revocación de madato sea una espada de Damocles para poder dar un manotazo en la mesa acompañada de un ya basta, pero el costo es muy alto entre más tiempo pasa. Aquellos que con pruebas han sido señalados como corruptos y vinculados con el narcotráfico, se exiben impunemente en la escena pública, cinicamente, lascerando la confianza del pueblo bueno en quien puso su esperanza.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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