La tragedia de los casi 400 cadáveres localizados en una propiedad de la colonia Granjas Polo Gamboa en Ciudad Juárez, donde operaba un crematorio, no es solo una aberración logística o sanitaria. Es un fraude moral de proporciones incalculables. Lo que se descubrió no es simplemente un cúmulo de cuerpos; es un cúmulo de mentiras, de traiciones y de dolores profundamente renovados para miles de familias que confiaron en el ritual de la cremación como un acto final de amor y respeto hacia sus seres queridos.
Las funerarias ligadas al llamado Crematorio Plenitud ofrecieron un servicio que debía estar regido por principios éticos, sanitarios y legales. Prometieron incinerar cuerpos con respeto y entregar las cenizas correspondientes. A cambio, los deudos recibieron urnas con contenido que hoy está en entredicho. La sola posibilidad de que esas cenizas no correspondan al familiar fallecido, o que ni siquiera sean restos humanos, constituye un golpe emocional devastador.
El crimen más profundo aquí es el que se inflige al alma. El duelo, que ya es difícil, ahora queda invadido por la duda, por el asco y por la rabia. Se ha vulnerado el derecho más íntimo de cualquier persona: el derecho a despedirse con verdad. No hablamos solo de negligencia, sino de un atentado directo contra la salud mental de cientos, quizá miles de personas, condenadas ahora a revivir su dolor desde la incertidumbre, la sospecha y la culpa.
Y mientras tanto, las autoridades se limitaron inicialmente a minimizar los hechos. Decir que “no hay delito que perseguir” fue un acto de insensibilidad brutal y una declaración de derrota institucional. ¿En qué clase de sociedad estamos viviendo si un fraude de esta magnitud puede ser tratado solo como una anomalía administrativa?
El deterioro moral de quienes participaron directa o indirectamente en esta red funeraria es alarmante. No se trata solo de criminales que actuaron en la sombra, sino de personas con rostro, con títulos, con licencias y con supuesta vocación de servicio. ¿Qué tipo de salud mental tiene alguien que trabaja todos los días entre cientos de cadáveres en descomposición, acumulándolos como si fueran basura, y luego entrega urnas vacías o con restos que no pertenecen a nadie en específico? La respuesta es tan oscura como los actos que cometieron: una mezcla de insensibilidad, codicia y profunda deshumanización.
Este caso deja una herida abierta en la confianza ciudadana hacia los procesos de cremación. Durante años, muchas familias optaron por esta vía buscando respeto, intimidad, practicidad e incluso por motivos económicos. Hoy, esa confianza está hecha cenizas. ¿Cuántas familias optarán ahora por la sepultura solo para asegurarse de que su ser querido realmente descansa donde debe?
Aunque ya hay dos personas detenidas —José Luis Arellano Cuarón, presunto propietario del crematorio, y uno de sus trabajadores— esto es apenas el inicio. Son muchos más los que deben ser llevados ante un juez: desde quienes administraron las funerarias que enviaron los cuerpos, hasta quienes avalaron el funcionamiento del crematorio sin regulación ni supervisión alguna. También deben rendir cuentas quienes, desde lo público, ignoraron denuncias, omitieron inspecciones o, peor aún, protegieron con su silencio este esquema fraudulento.
La barbarie ya no está en los márgenes de la legalidad; opera bajo contratos, con facturas ylogos empresariales. Lo ocurrido en Juárez no puede ni debe quedar impune. No solo por la justicia que merecen los muertos, sino por la salud mental, la dignidad emocional y la confianza institucional, que se ha roto para los vivos.
Este no es solo un caso para archivar ni un escándalo que debe caer en el olvido mediático. Es un llamado urgente a la conciencia colectiva, a la reconstrucción del respeto por la vida… y por la muerte.
Pedro Torres
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