Desde el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, con el enfoque de la austeridad republicana y el combate a la corrupción, también se inició el fin de los intermediarios mercenarios. Desde el diseño presupuestal para ejercer en el 2019 se cancelaron los recursos que se entregaban en gobiernos anteriores a los diputados a través del ramo 23, es decir, se empezó barriendo la casa. El dinero que se entregaba a los diputados quienes fungían como intermediarios ante gobiernos municipales, estatales y supuestos constructores, se utilizaba de manera discrecional para elaborar obra pública en cualquier lugar del país; no tenían un marco legal que regulara el destino de ese presupuesto, ni siquiera estaban obligados a concretarla en su distrito de origen, tampoco lo estaban a llevar a cabo obras que tuvieran un impacto social e integral. ¡Absolutamente no! Así podemos ver que la mayor parte de obra pública a cargo de los diputados sirvió de poco y costó mucho. Se estima que los montos entregados por año para cada diputado oscilaban entre 20 y hasta 100 millones de pesos por año, es por ello que como lo dice nuestro presidente López Obrador, la aprobación del presupuesto cada año pasaba sin tocar baranda, se dispersaba el dinero sin ton, ni son.
Otro golpe a los intereses económicos de los intermediarios con cargo al erario fue la entrega directa a beneficiarios de los programas sociales, particularmente los dirigidos al campo; en gobiernos anteriores las organizaciones comprometidas supuestamente con los campesinos, tales como Antorcha Campesina -por citar tan sólo un ejemplo,- también recibían su tajada, asociaciones civiles, fideicomisos y otras agrupaciones que se presentaban como benefactores de la sociedad, pero siempre financiados por el gobierno que delegaba obligaciones en dichas asociaciones. Así también, se otorgaron cantidades importantes de dinero a negocios privados como las estancias infantiles, cuyos propietarios recibían apoyo económico gubernamental por cada infante que cuidaban; en no pocos casos se sirvieron con la cuchara grande alterando la matrícula de supuestos niños inscritos, ya que de esa forma fraudulenta aumentaban considerablemente sus percepciones. Afortunadamente, este gobierno tomó decisiones responsables y la entrega de este apoyo se hace ahora de manera directa a las madres, de esta manera, ellas son quienes deciden en quien delegar el cuidado de sus hijos.
En el escenario del ámbito empresarial, los intermediarios también juegan frecuentemente un papel importante para detonar la producción, distribución y comercialización de bienes materiales, se puede decir que sí son necesarios, no obstante, el afán de lucro rebasa en forma considerable los límites de la ética y la justicia cuando lo que se comercializa y se explota es el esfuerzo de las y los trabajadores a través de empresas dedicadas a asumir las obligaciones de quienes en los hechos son los verdaderos patrones, me refiero a lo comúnmente conocido como “outsourcing” o subcontratación.
El último engendro de Felipe Calderón como presidente, fue la reforma laboral de 2012, la cual provocó movilizaciones masivas de trabajadores inconformes porque se trató de una regresión que afectaba de forma perniciosa los derechos laborales. Entre los aspectos polémicos de dicha reforma, destacaba la permisividad otorgada por la ley que favorecía la evasión fiscal y el incumplimiento de derechos y prestaciones en perjuicio de la clase trabajadora.
Calderón prometió que las condiciones de los trabajadores mejorarían, pero nada de eso sucedió, las huellas de los nueve años de abusos en perjuicio de ellos quedarán reflejadas en las semanas que les adeudan por concepto de cotizaciones al IMSS, lo que ha resultado en un menoscabo de su antigüedad laboral; esto también significó una competencia desleal para aquellos empleadores que sí cumplían con todas sus obligaciones patronales.
Desde el primer momento del gobierno de la Cuarta Transformación se ha tenido como uno de los principales objetivos el mejorar de manera sustantiva el salario de los trabajadores, particularmente de quienes pertenecen al rango salarial más bajo. El aumento a los salarios mínimos no tiene precedentes, con una inflación controlada, el poder de compra de los trabajadores verdaderamente se ha incrementado sustancialmente, aunque aún hay tareas pendientes que permitan resarcir con justicia la caída de alrededor del 80 por ciento en los salarios que fue provocada durante los 36 años de dictadura neoliberal; uno de esos pendientes es precisamente subsanar el daño causado por la subcontratación laboral.
A efecto de mejorar las prestaciones y estabilidad en el empleo, así como para evitar que los patrones eludieran el cumplimiento de diversas obligaciones de carácter laboral, de seguridad social y del ámbito tributario a través de diversos esquemas de contratación, el pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma ocho leyes federales (trabajo, IMSS, INFONAVIT, etc.) en las cuales se somete a regulación la subcontratación de personal; dentro de esta reforma se regula esta mala práctica de trato abusivo contra el trabajador, mediante la cual una persona física o moral pone a disposición a sus trabajadores en beneficio de otros, sin los beneficios que marca la ley.
En la nueva ley se establece que las agencias de empleos -en este caso intermediarios-, que intervengan en la contratación, podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, etc., pero especifica contundentemente, que en ningún caso se les considerará como patrones.
Esta reforma permite la subcontratación de servicios u obras especializados que no forman parte del objeto social, ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos; y también estipula la responsabilidad solidaria, en el sentido de que quien contrate la prestación del servicio o ejecución de obras con una empresa que incumpla sus obligaciones en materia de seguridad social, será responsable de las personas trabajadoras en la ejecución de dichas contrataciones.
En la misma reforma se establecen otras condiciones para acabar con la simulación en materia fiscal que ha sido una de las nefastas características del “outsourcing”, no obstante esta dañina práctica, debo resaltar que el avance en materia de derechos plenos para las y los trabajadores es lo más importante de esta reforma.
Hace unos días discutimos en la Cámara de Diputados la propuesta hecha al presidente de México por diversas empresas, cámaras de comercio y colegios de abogados para extender la fecha de entrada en vigor de esta reforma, puesto que para algunas de las empresas que usan este método de contratación les ha resultado complicado adaptarse a las nuevas reglas, aunque hay que reconocer que en general el sector empresarial está de acuerdo y coinciden en que se debe concluir con la simulación en materia de contratación laboral y con ello, dar fin también a los nueve años de regresión en materia de los derechos inalienables que fueron ignorados.
Éste es un gran paso de la Cuarta Transformación para acabar con el intermediarismo rapaz y un reconocimiento a los empleadores que están cambiando su modelo en favor de las y los trabajadores.
Juan Carlos Loera de la Rosa
Empresario y político defensor de la cuarta transformación.
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