Vivimos en una época en la que la política ya no solo se ejerce: también se transmite, se edita, se comparte y se consume.
Hoy, una decisión pública parece necesitar, además de sustancia, una narrativa; además de resultados, una estrategia de comunicación. Y entonces surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿los gobiernos están gobernando para resolver o para comunicar?
La política siempre ha necesitado comunicación. Desde la antigua Grecia, pensadores como Aristóteles entendían que la capacidad de persuadir era parte esencial del ejercicio público.
Gobernar implica explicar decisiones, construir consensos y generar confianza. El problema aparece cuando la comunicación deja de ser una herramienta del gobierno y se convierte en el objetivo del gobierno.
En la actualidad, las redes sociales y la velocidad de la información han transformado la lógica del poder. Un anuncio parece más urgente que una política pública; una fotografía tiene más alcance que un informe técnico; un video de treinta segundos puede tener más impacto político que meses de trabajo institucional.
La gestión pública comienza entonces a medirse en tendencias, reproducciones y percepción.
El filósofo Guy Debord advirtió hace décadas que las sociedades modernas corrían el riesgo de convertirse en una “sociedad del espectáculo”: un entorno donde la imagen sustituye a la experiencia y donde parecer desplaza al ser.
Aunque su reflexión no fue pensada para la política digital contemporánea, hoy resulta especialmente vigente.
Gobernar para resolver exige tiempo, diagnósticos, decisiones difíciles y, muchas veces, resultados que no son inmediatos ni espectaculares.
Comunicar, en cambio, ofrece gratificación instantánea: una conferencia, una campaña, un mensaje bien diseñado o una narrativa atractiva pueden generar la sensación de avance incluso cuando los cambios estructurales aún no existen.
Eso no significa que comunicar sea negativo. Un gobierno que no comunica deja espacios vacíos que terminan ocupados por rumores, desinformación o incertidumbre. La transparencia también requiere presencia pública. El problema aparece cuando la lógica de la comunicación empieza a definir la agenda de gobierno y no al revés.
Entonces comienzan a surgir preguntas que vale la pena hacernos como ciudadanía: ¿se anuncian programas o se evalúan resultados?, ¿se inauguran soluciones o solo expectativas?, ¿se priorizan políticas que generan impacto mediático sobre aquellas que generan impacto social?
El sociólogo Max Weber sostenía que quien ejerce el poder público debe actuar bajo una ética de responsabilidad: no basta con tener buenas intenciones ni con producir discursos convincentes; importa asumir las consecuencias reales de las decisiones.
Bajo esa idea, la política no debería juzgarse por la calidad de su narrativa, sino por la profundidad de sus resultados.
En ese contexto, el reto para los gobiernos contemporáneos no es elegir entre gobernar o comunicar. La verdadera exigencia está en lograr que la comunicación sea consecuencia de una buena gestión y no sustituto de ella.
Porque cuando la política se convierte únicamente en espectáculo, el ciudadano deja de ser participante y se transforma en audiencia. Y una democracia sólida no necesita espectadores que aplaudan relatos: necesita ciudadanos capaces de preguntar, contrastar y exigir resultados.
Al final, gobernar no debería consistir en demostrar que algo parece funcionar.
Gobernar sigue siendo, pese a los reflectores y a los algoritmos, la capacidad de transformar la realidad más allá de la imagen.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
