En días pasados en un noticiero matutino, escuché la llamada de una señora que se mostraba muy molesta ante la probable visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez, las razones que aducía para tal enojo y desaprobación eran los recursos públicos que seguramente se destinarían para atender los requerimientos que una visita de Estado de esta magnitud requiere.
Se mostraba en completa desaprobación por invertir en mejorar la imagen pública de la ciudad, bachear calles, pintar, limpiar y embellecer camellones, adecentar vialidades, así como proporcionar seguridad a los más de un millón de visitantes que se esperan, además de los participantes locales.
Tras una larga diatriba en contra de brindar equipamiento e infraestructura a la ciudad, sentenció que esos recursos, era dinero tirado a la basura. Desde su perspectiva y opinión, lo que deberían hacer las tres instancias gubernamentales, era repartir ese dinero entre los pobres, llevarlo a las familias ubicadas a las orillas de la ciudad para aliviar las necesidades alimenticias y de supervivencia de los cientos de miles de juarenses en situación de pobreza.
Reconozco que me sorprendió el pensamiento de aquella mujer. Sin embargo, a la luz de los hechos, he debido aceptar que existe un amplio porcentaje de la población mexicana que responsabiliza de forma exclusiva al gobierno de determinar las condiciones en las cuales conducirá su vida.
Cierto es que la razón de ser del gobierno radica en su misión de generar un sistema de protección social para toda la población que integra el Estado, que sea inclusivo, justo, equitativo, autofinanciable, de buena calidad, honesto y seguro a largo plazo, a fin de asegurar el libre acceso a la salud, educación, empleo y vivienda en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Hasta aquí el tema está claro; solo se complica al momento de determinar dónde llega la acción de uno e inicia la acción del otro. Pues no olvidemos que el Estado es una construcción formada por la suma de gobierno y población.
En un mundo marcado por la extrema desigualdad social, México está en el 25% de países con mayores niveles de desigualdad, sólo en el 2014, el Global Wealth Report, dio a conocer que el 10% más rico de México concentra el 64,4 %de toda la riqueza del país.
Mientras los índices de pobreza crecen cada año, a pesar del aumento tanto en presupuesto como en el número de programas sociales dedicados al combate de la pobreza, este año el Coneval informó que en nuestro país existe 63.8 millones de personas con un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades más básicas.
Esta situación nos demuestra que el reducir la pobreza no es un asunto que se solucione con dádivas ni burocracia. De ser así, haría ya varios sexenios que México se ubicaría entre los países con mayores niveles de desarrollo social. No solo es que los programas sociales implementados hasta hoy hayan resultado insuficientes, sino que los pocos beneficios de estos programas no han estado bien distribuidos.
Para comprobarlo, basta ver la reciente entrega de televisores por parte del gobierno federal a la población, de la cual no puede aseverarse que haya llegado a las personas indicadas, mucho menos que esta simple entrega haya contribuido a elevar las condiciones económico-sociales de las familias beneficiadas.
De acuerdo con las cifras de la organización Gestión Social y Cooperación, (GESOC) 8 de cada 10 programas sociales existentes en nuestro país no tienen la capacidad para resolver los problemas para los que fueron hechos. Según datos de esta misma organización de cada 10 pesos invertidos en programas federales, solo 4.4 pesos tuvieron un efecto positivo.
Es claro pues, que ni el reparto de despensas, ni las múltiples ayudas gubernamentales son capaces de sacar del atraso y marginación a millones de personas. Para hacerlo, es urgente replantear la política social, eliminar los programas que no están funcionando y replantear el actual modelo económico, con un crecimiento más equitativo y mayor distribución de recursos.
Dejar de arrojar toda clase de recursos a un barril sin fondo, para en su lugar invertir en condiciones que brinden la posibilidad de forjarse un futuro propio, como lo sería la verdadera existencia y aplicación del artículo tercero de la Constitución y garantizar así educación gratuita y de calidad para todos los niños y jóvenes.
Una sociedad educada, es sin duda una sociedad productiva y sobre todo autónoma e independiente. El mantener el discurso de los pobres, es solo perpetuar su situación, al segregarlos como un grupo aparte, incapaces de determinar sus condiciones de vida, sin la ayuda asistencialista del Estado.
En el momento en que dejemos de pensar que la dádiva y la falsa caridad es la única manera de apoyar a los ciudadanos con menos recursos económicos y los veamos como hombres y mujeres capaces de salir adelante bajo condiciones de igualdad y oportunidades, en ese momento tendremos una sociedad más próspera.
Nadie sale de la pobreza por mandato, ni por generosidad ajena, el salir de la pobreza parte de una decisión personal, donde el papel del Estado se limita a garantizar las condiciones materiales para que el individuo ejecute su propio proyecto de vida.
Y no hay más importante inversión que pueda hacer un gobierno que la de invertir en sus niños y jóvenes a través de seguridad alimenticia y educación. En Juárez no hay que llevarles dinero a las familias, mucho menos dejar de invertir en infraestructura, en Juárez al igual que en todo el país lo que hace falta es desaparecer tanto programa ocioso y destinar esos recursos a poblar las zonas vulnerables con escuelas auténticamente gratuitas, sin cuotas ni inscripciones, de tiempo completo y donde se garantice a los estudiantes tres comidas diarias.
El arrojar un pan a los más pobres nunca ha servido de mucho, el transformar un país en un lugar de educación y trabajo sí. Décadas de políticas asistencialistas solo nos han llevado a comprobar lo poco eficaces de estos remedios que solo han servido para engrosar la burocracia y ejercer los recursos con fines electoreros.
La opción más sólida para superar la pobreza, radica en hacer crecer la economía, crear empleos bien pagados, y generar una nueva política social que garantice educación, salud y vivienda. Y ese reto no es solo para los gobiernos, es también para los ciudadanos que nos decidamos dejar de aceptar el pescado y construyamos las condiciones para ponernos a pescar.
Analista Geopolítica.
Maestra en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
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