Cuando se trataba de corrupción en los altos niveles de gobierno, existía también el código de “honor” entre los de mayor confianza del presidente en turno, como ocurría durante los sexenios que gobernó el PRI.
Los presidentes nunca fueron expuestos a la crítica pública, porque aparte de tener comprados a los medios de mayor impacto en el país, lograban la sumisión y lealtad a toda prueba de sus subalternos. Todos se podían equivocar, cometer errores o actos indignos, menos el presidente. Me refiero en tiempo pasado, dadas las circunstancias en que se proyecta nuestro actual Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien al finalizar el año tuvo el setenta y cuatro por ciento de aprobación, gracias a su postura firme de combatir a la corrupción.
El presidencialismo en nuestro país, siempre se protegió entre los mismos presidentes como cómplices del autoritarismo y de la corrupción, de tal forma que hubo muchos “chivos expiatorios” que cumplieron condenas en la cárcel, para proteger a su padrino político a cambio de dinero y favores a sus familiares. Casos como el de Raúl Salinas de Gortari, hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, preso durante diez años, quien obtuvo finalmente diversas sentencias absolutorias con la devolución de millones de dólares confiscados por su relación con el crimen organizado. El caso de la líder de maestros Elba Esther Gordillo, presa durante cinco años, salió libre absuelta y con devolución del erario de los millones de pesos de enriquecimiento ilícito.
Ahora le tocó el turno al hombre de confianza de Vicente Fox y principalmente de Felipe Calderón: Genaro García Luna, -aunque también lo fue de Enrique Peña Nieto-, cuyo poder ejerció durante los tres sexenios por su trayectoria como Secretario de Seguridad Pública Nacional. La diferencia estriba en que fue detenido en los Estados Unidos de Norteamérica, al ser señalado por el narcotraficante Jesús “El Rey” Zambada, en el juicio contra el Chapo Guzmán, como el encargado del gobierno federal para proteger a los criminales a cambio de varios millones de dólares.
Sin embargo existe la posibilidad de un convenio. A cambio de información de gran valía para determinar la participación de los principales actores políticos de los sexenios anteriores, el proceso penal estadounidense permite reducir la pena a quien colabore con la justicia para enjuiciar a quienes participaron en actos delictivos.
García Luna si se declara culpable, logrará reducir considerablemente los años de prisión que le esperan. Recordemos que cuando fungió como titular de Seguridad Pública, tuvo acceso a información y miles de millones de pesos que el Presidente Calderón en su época autorizó para enfrentar a los narcotraficantes. Igualmente conoció a criminales peligrosos que tienen su red de la mafia a nivel internacional.
Se sabe que el crimen organizado está infiltrado en el gobierno. Y si lo está en el federal, es de presumir que controla a los estados y municipios, que poco o nada han podido hacer para evitar la tremenda ola de violencia.
Los diversos cómplices corruptos y chivos expiatorios, han participado no solamente con el crimen organizado del narcotráfico, sino también con fundaciones de beneficio social y del campo, que obtenían millones de pesos como prestanombres y con empresas fantasmas para facturar, mediante pagos autorizados de las Secretarías del Estado Mexicano, como Gobernación, que cuentan con facultades y acceso para tales efectos.
Las investigaciones que realizan las autoridades americanas contra los narcotraficantes detenidos, así como de Genaro García Luna, tendrán un efecto retroactivo en contra de políticos que participaron en la función pública en los últimos tres sexenios. Felipe Calderón se encuentra en la cuerda floja si llega a demostrarse su participación delictiva en los hechos del crimen organizado, que supuestamente enfrentó en México.
Enrique Peña Nieto, probablemente será el menos afectado porque negoció con los norteamericanos la entrega de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a través de él se obtuvieron datos definitivos contra autoridades mexicanas.
En su visita a esta frontera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como Jefe del Ejecutivo, verificará la inseguridad que padece como consecuencia de los gobiernos autoritarios, perversos y corruptos. Constatará que urge una limpieza desde arriba como lo está haciendo en la federación. Los datos están a la mano mediante investigaciones de periodistas expertos en el tema como Anabel Hernández.
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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