Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles se llenan de reclamos que nos recuerdan una herida abierta. Pero hay un territorio menos visible donde también se libra esta lucha: los tribunales. En ese espacio, a veces frío y saturado de trámites, se decide si una mujer encontrará protección o se topará con otra forma de violencia. En un país donde el Poder Judicial atraviesa cuestionamientos y tensiones, hablar de perspectiva de género no es ideología: es una urgencia democrática.
Para entenderlo, vale mirar tres pilares que sostienen el litigio estratégico desde una visión profundamente humana.
El primero es la Equidad. Durante generaciones se repitió que “la ley es igual para todos”, pero aplicar reglas idénticas a personas en condiciones desiguales no produce justicia, sino injusticias legalizadas. La perspectiva de género obliga a ver lo que muchos años se prefirió ignorar: las asimetrías de poder. Omitir el contexto de violencia económica o psicológica en un juicio de divorcio o custodia es condenar a una mujer a perder antes de empezar. Es pedirle correr cien metros con grilletes y luego celebrar que el otro “ganó limpiamente”. Cuando jueces y ministerios públicos no observan estas desigualdades, el sistema deja de ser imparcial para convertirse en cómplice.
El segundo pilar es la Dignidad. Un proceso judicial no puede funcionar como una extensión del maltrato vivido en casa. Sin embargo, con frecuencia vemos cómo la institucionalidad duda de la víctima, minimiza su miedo o le exige pruebas imposibles. Esa desconfianza disfrazada de “neutralidad” revictimiza y erosiona la confianza en el Estado. Ruth Bader Ginsburg recordaba que el disenso abre la puerta a un futuro más justo. Litigar con perspectiva de género hace precisamente eso: construye precedentes que protegen la dignidad hoy para evitar errores mañana. De poco sirve una sentencia impecable en la forma si en el fondo deja desamparada a las miles de mujeres víctimas de violencia.
El tercer principio es el Bien Común. El litigio estratégico no busca solo ganar un caso, sino transformar a vidas seguras y en paz, en pleno ejercicio de derechos. Cada resolución que reconoce que Chihuahua se vive una violencia grave contra las mujeres y que protege las vidas e integridad de estas así como otorga pensiones alimenticias justas fortalece el tejido social. Lo contrario —el formalismo rígido o la politización de la justicia— debilita la confianza ciudadana. Necesitamos sentencias que eduquen, que reparen y que envíen un mensaje firme: la violencia no es tolerable bajo ningún motivo.
El 25 de noviembre nos recuerda que la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional. Pero la respuesta no está únicamente en las marchas ni en las fiscalías: está en cada escrito que se redacta y en cada sentencia que se dicta. Litigar y juzgar con perspectiva de género es un acto de responsabilidad y ética. Es colaborar en quitar la venda a la justicia para que, por fin, pueda vernos a todas con verdadera claridad.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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