Vivimos en una sociedad donde, por lo menos en el papel, todos somos iguales ante la ley. No debería importar nuestro género, nuestras preferencias, nuestro origen, nuestra condición social o cualquier otra característica que nos distinga. Por el simple hecho de ser seres humanos, todos deberíamos encontrarnos bajo el mismo manto de protección de las normas y de los derechos que nuestra Constitución reconoce.
Y es que por algo se llaman derechos humanos. No son derechos de las mujeres, de los hombres, de las minorías o de las mayorías. Son derechos que nos corresponden a todos por nuestra propia condición humana.
Sin embargo, cada vez llama más la atención cómo, en la búsqueda permanente de garantizar esa igualdad, estamos llegando a un punto donde las propias normas comienzan a establecer diferencias entre los ciudadanos. Diferencias que, desde mi perspectiva, terminan produciendo justamente aquello que pretenden combatir: la inequidad.
No podemos desconocer que históricamente han existido sectores de nuestra sociedad que fueron desplazados, discriminados, ignorados o simplemente no tomados en cuenta. Esa es una realidad que sería absurdo negar. Durante muchos años, distintos grupos tuvieron que levantar la voz para exigir el reconocimiento y respeto de sus derechos, y en muchos casos tenían toda la razón.
El problema comienza cuando, para corregir las injusticias del pasado, empezamos a generar condiciones que pueden convertirse en nuevas restricciones para otros ciudadanos.
Y aquí es donde considero que debemos hacernos una pregunta: ¿hasta dónde podemos legislar para garantizar la igualdad sin terminar provocando una nueva desigualdad?
La respuesta no es sencilla. Una cosa es reconocer las diferencias sociales y establecer mecanismos para corregirlas, y otra muy distinta es permitir que esos mecanismos se conviertan en restricciones permanentes o desproporcionadas para quienes también tienen derechos.
Todo esto viene a colación por lo sucedido este fin de semana en nuestro estado.
El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua aprobó los criterios de paridad de género y acciones afirmativas que deberán observarse durante el proceso electoral 2026-2027. Entre sus determinaciones destaca una que, particularmente, ha generado discusión: en los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava, las candidaturas a las presidencias municipales, tanto propietarias como suplentes, deberán corresponder obligatoriamente a mujeres.
Así como lo leen.
En esos cinco municipios, independientemente de su preparación, trayectoria, experiencia, capacidad o aceptación ciudadana, un hombre no podrá ser registrado como candidato a la presidencia municipal durante ese proceso electoral.
Y es aquí donde debemos detenernos.
La justificación de esta medida es garantizar una mayor participación de las mujeres en los espacios de poder y corregir desigualdades históricas. Un objetivo que, por supuesto, merece reconocimiento. Pero también debemos preguntarnos si el mecanismo elegido es el adecuado y si sus efectos sobre los derechos de otros ciudadanos son verdaderamente proporcionales.
Porque una cosa es promover que las mujeres participen en igualdad de condiciones, y otra es determinar de antemano que, por el simple hecho de ser hombre, alguien no podrá competir por un cargo determinado.
Las reglas de paridad ya obligan a los partidos políticos a distribuir sus candidaturas bajo criterios específicos. Ahora, además de cumplir con esa distribución, deberán reservar determinadas presidencias municipales exclusivamente para mujeres y atender distintas acciones afirmativas en favor de otros grupos de la sociedad.
Y entonces surge otra pregunta: ¿en qué momento dejamos de elegir entre ciudadanos y comenzamos a elegir entre categorías de ciudadanos?
Por supuesto que las mujeres tienen toda la capacidad para gobernar, legislar y ocupar cualquier cargo público. Eso ni siquiera debería estar a discusión. Lo que cuestiono es que el acceso a una candidatura se determine obligatoriamente por una condición personal, sin permitir que todos los interesados puedan competir bajo las mismas reglas.
Porque también existe otro derecho que pocas veces se menciona en esta discusión: el derecho de los ciudadanos a elegir entre las distintas opciones políticas.
Si desde antes de comenzar una elección establecemos quiénes pueden y quiénes no pueden aparecer en la boleta por razón de su género, estamos delimitando las alternativas entre las cuales podrá decidir el electorado.
Y cuidado, porque esta discusión no termina ahí.
Durante los últimos sexenios, independientemente de los partidos que han gobernado, hemos visto cómo se multiplican las disposiciones destinadas a garantizar la representación política de distintos sectores. Muchas responden a injusticias reales y tienen una finalidad legítima, pero eso no significa que deban quedar fuera del debate público ni del análisis jurídico.
Hay otro ejemplo que resulta particularmente interesante: los mexicanos que cuentan con doble nacionalidad.
Nuestro sistema jurídico ya contempla condiciones especiales para acceder a determinados cargos públicos cuando una persona posee otra nacionalidad. Y apenas el pasado 7 de octubre se publicó una reforma constitucional que, a partir de los procesos electorales de 2028, exigirá a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renunciar a su otra nacionalidad antes de solicitar el registro correspondiente.
Estamos hablando de ciudadanos mexicanos que, aun teniendo vínculos familiares, sociales y políticos con nuestro país, encuentran requisitos adicionales para aspirar a determinadas responsabilidades públicas.
Ahora imaginemos a un ciudadano mexicano, hombre, con doble nacionalidad, que decide participar en política.
Para determinados cargos existen requisitos especiales derivados de su nacionalidad. Para otros, además de cumplir con las condiciones legales de elegibilidad, deberá enfrentarse a las reglas de postulación de los partidos y a las acciones afirmativas establecidas para cada proceso electoral. Y si su aspiración es la presidencia municipal de Juárez en 2027, simplemente no podrá ser registrado por ser hombre.
¿Entonces todos tenemos realmente las mismas oportunidades de competir?
Es una pregunta que merece una discusión mucho más profunda que la simple defensa o condena de las cuotas de género.
El principio de igualdad no significa necesariamente que las leyes deban ignorar todas nuestras diferencias. También es cierto que, en ocasiones, se requieren medidas especiales para corregir desigualdades históricas. Pero esas medidas deben tener una justificación clara, ser razonables y evitar restricciones desproporcionadas a otros derechos.
De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la búsqueda de la igualdad en una competencia entre grupos para determinar quién merece mayores espacios o consideraciones dentro de la ley.
Y eso debería preocuparnos a todos.
Porque cuando comenzamos a dividir a los ciudadanos según las características que poseen y no por los derechos que comparten, abrimos la puerta a una discusión que puede terminar alejándonos del objetivo original.
No se trata de quitarles derechos a las mujeres ni a ningún otro sector de la sociedad. Se trata de preguntarnos si estamos construyendo un sistema en el que todos podamos participar o uno donde las oportunidades políticas dependan cada vez más de la categoría en la que las normas nos coloquen.
No podemos pretender resolver una discriminación histórica creando restricciones que no estén plenamente justificadas.
Mucho menos podemos dejar de discutir esas decisiones por temor a que cuestionarlas sea interpretado como una oposición a los derechos de determinados grupos.
La democracia también consiste en debatir, cuestionar y revisar las reglas bajo las cuales se ejerce el poder.
Y es que, al final, podemos terminar creando aquello que nuestra propia Constitución busca evitar: una sociedad donde algunos ciudadanos sientan que tienen más derechos que otros y donde surja la percepción de que existen ciudadanos de primera y de segunda.
Porque la verdadera igualdad no debería consistir en decidir quién tiene más derecho que otro, sino en garantizar que los derechos de todos sean respetados.
Y si para alcanzar la equidad necesitamos justificar cualquier diferencia, sin importar sus consecuencias, entonces vale la pena preguntarnos si realmente estamos avanzando hacia una sociedad más justa o simplemente estamos aprendiendo a llamar equidad a una nueva forma de inequidad.
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
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