Las reformas penales que crearon el nuevo sistema oral, además de establecer su aplicación mediante un procedimiento único nacional, generó infinidad de opiniones a favor y en contra. Se implementó con la finalidad de que sea uniforme y facilitar su operación mediante jueces capacitados sin perder su autonomía estatal y/o federal.
Sin embargo los delitos no han disminuido bajo este esquema y los delincuentes aprovechan al máximo las deficiencias en el debido proceso desde que son detenidos. Los derechos humanos son determinantes en cuanto a garantizar a todo ciudadano(a), el acceso a la justicia y su defensa, bajo la presunción de que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
La corrupción en los mandos de policía en general, sea municipal, estatal o federal, han impedido que el procedimiento penal se pueda lucir como una justicia pronta, expedita y transparente para las partes que intervienen en el mismo. Por ello se critica incluso, que es la puerta giratoria donde el delincuente tarda más en entrar que en salir de prisión. Esto ocurre con frecuencia por muchas causas imputables a las autoridades que investigan, principalmente en la actuación de las policías.
Recordamos en el sexenio del terror de Felipe Calderón, como irresponsablemente lanzó a las calles a los militares, sin medir las consecuencias y sin un diagnóstico para analizar la situación criminal del país, además de carecer de los recursos económicos e infraestructura suficientes para exponerlos frente al crimen organizado. Los resultados ya los conocemos, sobre todo en Ciudad Juárez de donde soy y que junto con mis hermanos de ésta gran frontera, padecimos todos los síntomas del estrés que existen y miles murieron víctimas del mal gobierno.
Ante la falta de un organismo eficiente, preparado y disciplinado para la investigación y prevención del delito, el Presidente y titular del Poder Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, contempló dos escenarios para impedir la corrupción bajo dos mandos nacionales: el civil y el militar. Además de que sea factible y constitucionalmente admitido para impulsar la justicia. Por ello, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que recibió del Ejecutivo, en la creación de la Guardia Nacional.
Esto implica la reforma a la Constitución, para mejorar el sistema penal nacional, implementando las herramientas necesarias para combatir la inseguridad. Como testigos de la corrupción en materia de seguridad que hemos visto en las diversas corporaciones e intentos fallidos para combatir el crimen, nace esta nueva institución que será administrada por la Secretaría de Seguridad Pública y la parte operativa por la Secretaría de la defensa Nacional.
La creación de la Guardia Nacional tiene como objetivo principal combatir el delito y a la corrupción. Por eso es incluyente en cuanto a los elementos que la conformarán, en la que intervienen las principales instituciones de Seguridad Pública Federal, incluyendo a la Marina y al Ejército. La finalidad es prevenir el delito, preservar la seguridad pública y el combate a la delincuencia a nivel nacional.
Se determinó que el mando sea mixto, a través de una junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por las Secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de la Marina. Con esta institución se pretende mejorar en entrenamiento, disciplina, control, y actuación en la investigación y esclarecimiento de los delitos, así como controlar los mandos para evitar la corrupción con la administración mixta.
Todo lo que beneficie en el combate al crimen y en la prevención del delito, producirá efectos positivos para la inversión, tranquilidad y la paz social, pues actualmente el país está inmerso en el estrés y la desconfianza en la administración de justicia, que se aplica precisamente basada en los elementos que proporcionan los investigadores y policía que interviene en el lugar donde se presentan los hechos.
Creo que ya está causando un impacto positivo porque se está estructurando formalmente y a diferencia de la militarización que utilizó Felipe Calderón, que lanzó a los militares sin sustento jurídico, ni justificó su actuación, implementando a la corrupción; en este nuevo esquema se pretende cumplir con los principios básicos del debido proceso, sin abusos de poder, ni violación a los derechos humanos.
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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