En Ciudad Juárez, una lluvia puede convertirse en una deuda familiar; reparar el techo, reemplazar un colchón, rescatar el automóvil, comprar nuevamente medicamentos o perder ingresos mientras se limpia la casa.
Cuando la infraestructura urbana resulta insuficiente, una parte de su costo termina trasladándose al bolsillo de quienes padecen las inundaciones.
Para un hogar sin ahorros, unas horas de agua pueden comprometer meses de trabajo.
La alerta amarilla emitida por Protección Civil el 22 de septiembre de 2026 vuelve a mostrar esa vulnerabilidad.
La dependencia advirtió que la saturación del suelo podía provocar acumulaciones rápidas de agua incluso con lluvia moderada y persistente.
Días antes, el 11 de septiembre, el Municipio había informado de ocho familias afectadas y cerca de 250 servicios de auxilio vial durante otra contingencia.
La repetición obliga a discutir cuánto estamos haciendo para reducir el riesgo entre una tormenta y la siguiente.
El rezago tiene un antecedente documental contundente.
El 24 de mayo de 2022, el Gobierno Municipal reconoció que el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial permanecía sin actualizarse desde 2004; 18 años de desactualización en un instrumento destinado, precisamente, a prevenir inundaciones y orientar el crecimiento urbano.
Ese reconocimiento permite hablar de una deuda acumulada que atravesó distintas administraciones.
La planeación hídrica debió acompañar la expansión de la ciudad durante todo ese tiempo.
Las consecuencias tienen dimensión humana. En su balance del 30 de junio de 2025, Protección Civil municipal reportó entre 1,200 y 1,500 personas afectadas, aproximadamente 300 viviendas con daños severos y al menos 12 colonias del poniente perjudicadas por las lluvias iniciadas el día 25.
Entre ellas estaban La Montada, Felipe Ángeles, Francisco Sarabia y Fronteriza. En algunas casas, el agua alcanzó metro y medio de altura.
Son cifras de aquella emergencia, suficientes para mostrar cuánto patrimonio puede quedar expuesto en una sola madrugada.
Para las familias, el daño puede continuar mucho después de que baja el agua.
La reparación de una vivienda compite con el gasto en alimentos, transporte y educación.
Un vehículo averiado puede impedir llegar al trabajo; un pequeño negocio inundado puede perder mercancía e ingresos simultáneamente.
A ello se agregan las horas dedicadas a limpiar, gestionar apoyos y cuidar a personas dependientes.
El mismo daño material tiene consecuencias mucho más profundas para quien carece de ahorro, seguro o acceso a una vivienda alternativa.
Existe una referencia económica reciente; el 14 de septiembre de 2026, Desarrollo Social municipal informó que durante el año se destinaron 5 millones de pesos a alrededor de mil paquetes de impermeabilizante para hogares con goteras y filtraciones.
Ese monto corresponde a un programa de apoyo; no representa el valor total de las pérdidas familiares.
Los reportes oficiales consultados tampoco permiten establecer un costo promedio por vivienda afectada.
Hace falta una evaluación pública que cuantifique daños, gastos de recuperación e ingresos perdidos.
Sin esa información, la discusión presupuestal deja fuera una parte esencial de la factura.
La afectación también alcanza la continuidad de los cuidados.
En el balance municipal del 30 de junio de 2025 se registraron 129 consultas médicas y la entrega de 487 medicamentos a personas que habían perdido sus tratamientos para enfermedades crónicas.
La inundación puede desorganizar una rutina indispensable para conservar la salud.
Por eso, evaluar una emergencia exige mirar lo que ocurre dentro de los hogares, además de contar calles cerradas y vehículos rescatados.
La educación muestra otra consecuencia
Ante el pronóstico de lluvias, la Secretaría de Educación y Deporte dispuso clases a distancia desde la tarde del 22 de septiembre y durante el día 23 de 2026, incluyendo Ciudad Juárez.
La medida protege a la comunidad escolar, pero también puede obligar a reorganizar jornadas laborales, conseguir quién cuide a los hijos y resolver cómo estudiar desde casa.
Para las familias con menor flexibilidad laboral, la emergencia incorpora nuevas dificultades económicas y de cuidado.
La situación más grave corresponde a quienes habitan viviendas expuestas a corrientes y colapsos.
El reporte municipal del 25 de junio de 2025 identificó 30 casas con daños totales que ya no podían volver a habitarse.
Frente a esa realidad, pedir precaución resulta apenas el primer paso.
Una política de reubicación debe ofrecer vivienda segura, servicios, transporte y condiciones para conservar el empleo y las redes de apoyo.
Trasladar a una familia sin resolver esas necesidades puede sustituir una vulnerabilidad por otra.
También hay evidencia oficial de que las obras pueden mejorar las condiciones.
La JCAS informó una inversión conjunta de 26.1 millones de pesos en la calle Apolo, con rehabilitación del drenaje sanitario e infraestructura para manejar por separado el agua pluvial.
Según el organismo, las inundaciones que alcanzaban 70 centímetros y permanecían cinco días se redujeron a acumulaciones aproximadas de cinco centímetros, desalojadas en un máximo de 12 horas.
El beneficio reportado alcanza a 2,688 habitantes.
Estos resultados requieren seguimiento, pero ofrecen un criterio concreto para evaluar la inversión; cuánto disminuyen la profundidad, duración y afectación de las inundaciones.
La prioridad debe ser un programa sostenido de infraestructura pluvial, mantenimiento de diques y cauces, revisión de asentamientos expuestos y control del crecimiento urbano.
Municipio, Estado y Federación deben hacer públicos los proyectos, responsables, presupuestos y plazos.
El esfuerzo del personal de emergencia necesita estar respaldado por decisiones que reduzcan la necesidad de nuevos rescates.
Cada obra debe justificarse también por las viviendas que protege y las pérdidas que ayuda a evitar.
El abandono se vuelve tangible cuando una familia tiene que reconstruir lo que ya había conseguido con años de esfuerzo.
Juárez merece que la prevención ocupe un lugar central en el presupuesto y en la rendición de cuentas.
La capacidad de una ciudad para proteger a sus habitantes también se mide por lo que logran conservar después de la lluvia.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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