La reciente jornada para elegir a quienes integrarán órganos del Poder Judicial ha abierto una discusión necesaria sobre la forma en que se concibe y ejecuta la participación ciudadana en el diseño institucional. No se cuestiona la legalidad del proceso, sino la lógica bajo la cual fue estructurado: ¿estamos empoderando al pueblo o debilitando la justicia?
Aquí entra en escena un concepto poco citado pero profundamente vigente: la Oclocracia. Definida por los clásicos como la degeneración de la democracia en manos de la mayoría, la oclocracia representa un riesgo real cuando las decisiones colectivas se toman no con base en el conocimiento, el mérito o la institucionalidad, sino en emociones, afinidades políticas o impulsos momentáneos. No es una crítica al pueblo, sino a la forma en que se le convoca y se le informa para decidir.
En este proceso, vimos ciudadanos confundidos, funcionarios de casilla con preparación insuficiente y prácticas que, aunque legales, rozan lo éticamente cuestionable: “acordeones” con nombres sugeridos, presión partidista disfrazada de asesoría, y una narrativa que privilegió el acceso por encima de la idoneidad.
La pregunta no es si la ciudadanía debe participar en la elección de jueces. La participación es un pilar de la democracia. El problema surge cuando esa participación se desliga de la formación, del análisis y de la responsabilidad. La elección de un juez no es un acto simbólico, es la definición de quién tendrá la potestad de interpretar la ley y afectar directamente los derechos de las personas.
En una república, el poder se distribuye para equilibrarse, no para diluirse. Cuando el método de elección reduce la justicia a un concurso de popularidad o cercanía política, se corre el riesgo de transformar al Poder Judicial en un actor débil, complaciente o rehén de intereses particulares. Justamente eso advertían autores como Polibio o Aristóteles cuando alertaban sobre el tránsito de la democracia hacia la oclocracia: cuando el número sustituye al juicio, y la pasión desplaza al derecho.
México necesita un Poder Judicial más transparente, más humano y más accesible, pero también más profesional, más técnico y más autónomo. No hay contradicción entre cercanía y capacidad; lo que sí hay es un riesgo serio cuando se confunde representación con improvisación.
Este proceso debe servir para replantear cómo construimos legitimidad en nuestras instituciones. Ojalá quienes han sido electos entiendan la responsabilidad que ahora cargan: no representan a un partido ni a una tendencia, representan el último resguardo de la legalidad.
Porque si el pueblo entrega el poder de juzgar a quien no sabe o no puede hacerlo con imparcialidad, no estamos ante una democracia fortalecida, sino ante una Oclocracia judicial disfrazada de inclusión.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
