Cuando en el Congreso de la Unión, las Cámaras de Diputados y Senadores analizan, modifican, reforman y crean leyes, lo hacen a través de sus asesores, técnicos y especialistas en derecho y materias afines que forman parte de las plazas destinadas para ello, de tal manera que los acuerdos internos e internacionales se formalizan y se publican para el debido cumplimiento en la república. El gasto público que origina está estimado en más de dieciséis mil millones de pesos al año.

Por otra parte el Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, entre las diversas funciones de carácter representativo, lleva al Congreso iniciativas de ley para su aprobación, que incluyen los tratados internacionales. Desde luego que existe una numerosa planta de asesores y especialistas en las diversas materias del derecho, que son las que discuten, debaten y las elaboran. Los datos en cuanto a los miles de millones de pesos que se destinan para su funcionamiento, son imprecisos para el suscrito.

De acuerdo a la Constitución, las legislaturas de los estados tienen derecho de iniciar leyes o decretos. También lo hacen apoyados de especializados en las diversas materias que requieren, para cumplir con los requisitos establecidos y que estén de acuerdo a los preceptos constitucionales. Se aprueban miles de millones que nunca llegan a su destino. Tenemos leyes que se aplican en parte por falta de presupuesto. El enriquecimiento ilícito se nota en la pobreza de las instituciones.

El Poder Judicial representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunal Electoral y los Tribunales Superiores de los Estados, interpretan y aplican la ley en sentido amplio. Les compete hacer valer los derechos y obligaciones de las leyes aplicables en toda la nación. La administración de justicia depende de su debido funcionamiento, a través de especializados en el derecho que conforman el personal asignado para tal efecto. A la SCJN se le aprobó para el próximo año un presupuesto de más de ocho mil millones de pesos.

Los Partidos Políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. Gozan de financiamiento público para lograr los fines a los que se destinan dichos recursos. Para el próximo año el Instituto Nacional Electoral aprobó para financiarlos más de seis mil millones de pesos.

Y si seguimos analizando y enumerando los miles de millones de pesos que se destinan para sostener a los estados en las diversas actividades políticas, así como las pensiones vitalicias de ex presidentes, de ex rectores, ex directores de diversas dependencias gubernamentales y todo lo que significa el gasto público, llegaremos a la conclusión que somos extremadamente ricos para mantener el ritmo que llevamos.

La diferencia es que mientras los funcionarios y partidos políticos gozan de la riqueza que sale de los bolsillos de los millones de mexicanos, que habitamos el territorio nacional y del dinero que llegan de los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos, la mayoría de las dependencias de seguridad pública y social carecen de lo más elemental. Lo que impide que todo lo que se legisla se pueda realizar a través de las dependencias creadas para ello. Se difunden programas de gobierno que realmente no se aplican. El engaño es evidente. Lo bueno no se puede contar cuando no existe.

Esta forma de distribuir inequitativamente la riqueza nacional, ha propiciado descontento, impotencia, resentimiento, odio, y vulnerabilidad en la sociedad civil. La mayoría que no participa en las elecciones y que según datos es el setenta por ciento de la población, es por apatía. Su falta de interés e ignorancia en este asunto de la participación ciudadana en la política nacional, propicia el crecimiento de la corrupción, de la delincuencia, así como la desintegración familiar.

La devaluación del peso frente al dólar. La mal nacida Fiscalía Anticorrupción. Los ex gobernadores corruptos y prófugos de la justicia. Los dirigentes perversos de los partidos políticos que contribuyen a la corrupción. La falta de presupuesto para la educación, la salud, la administración de justicia, y la infraestructura urbana exhibe al mal gobierno desde su más alta jerarquía. Mientras el pueblo se distrae con el futbol, en los antros, festejos patrios, festivales tequileros, despensas y televisiones, jamás tendremos justicia social.