En la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores del Congreso del Estado de Chihuahua, se aprobó recientemente un dictamen para incluir en nuestra legislación la figura de la llamada “alienación parental”. Esto no es una novedad ni un avance: es un retroceso que ignora lo que lo que ya se ha demostrado y lo que ya han advertido organismos de derechos humanos.
En 2017, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró la derogación de esta figura en el Código Civil de esa entidad. ¿Por qué? Porque no tiene sustento científico, porque se usa con sesgo de género y porque ha servido para revictimizar a mujeres que buscan proteger a sus hijas e hijos de la violencia. En ese momento, se advirtió que esta figura formalizaba una discriminación indirecta, reforzaba estereotipos y podía afectar desproporcionadamente a la infancia, al no tomar en cuenta su voz.
El concepto de “alienación parental” fue propuesto en los años 80 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner. Él decía que, en casos de divorcio o conflicto, uno de los padres podía “programar” a los hijos para rechazar al otro sin motivo real. Pero su teoría no tenía respaldo científico, ignorando y minimizando los delitos de violencia familiar y abuso sexual. Gardner llegó a escribir que, en ciertos contextos, el contacto sexual entre un adulto y un menor podría no ser traumático.
Estas ideas no solo son peligrosas, son una amenaza directa contra la infancia. Hoy ningún organismo de salud o de derechos humanos reconoce este supuesto “síndrome” como válido, porque para “detectarlo” se usan los mismos signos que sirven para identificar abuso sexual o violencia familiar. Esto significa que, si esta figura se aplica, las palabras de un niño que pide ayuda pueden ser desestimadas, silenciadas o interpretadas como una mentira. En la práctica, se corre el riesgo de devolver a un niño o una niña a vivir con su agresor, negándole la protección que necesita.
Richard Gardner se quitó la vida en 2003. Su legado no es el de un aporte real a la protección de la infancia, sino el de una figura cuestionada, sin sustento, y que puede abrir la puerta para encubrir abusos y perpetuar la violencia contra quienes menos pueden defenderse.
En entidades donde esta figura ha estado vigente, hemos visto cómo se ha usado para forzar convivencias con presuntos agresores, para quitar custodias a madres protectoras y para prolongar procesos judiciales que desgastan emocional y económicamente a las familias.
Hoy me preocupa que, en Chihuahua, se avance en una iniciativa que ya fue señalada como violatoria de derechos humanos y que ha sido eliminada en otras partes del país. No podemos legislar de espaldas a la evidencia.
Hago un llamado a mis compañeras y compañeros legisladores para que escuchemos a quienes trabajan todos los días por la protección de la infancia. Nuestro deber no es dar nuevas herramientas a la violencia, sino reducir las posibilidades para que sea ejercida.
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
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