Históricamente, la juventud en México ha tenido muy poca participación en los asuntos políticos del país. Considerando que la Convención Iberoamericana de Derechos de las personas jóvenes, en su artículo 21, reconoce la participación ciudadana como un derecho de las juventudes, el Estado mexicano debe tomar medidas para fomentarla.
Tradicionalmente, al joven se le ve como un “adulto en proceso”, alguien que estudia y/ o trabaja, y que además por falta de tiempo, inmadurez o inexperiencia, no puede tomar parte en los asuntos políticos, económicos y sociales del país.
Como consecuencia la relación de la juventud con las instituciones se ve deteriorada. Esto se ve reflejado en el aparente desinterés de los jóvenes, el cual es más bien desilusión y desconexión de sus espacios sociales.
Esta visión de la juventud es producto de una “adultocracia”, que perpetua la idea de qué los jóvenes son inmaduros y/o inexpertos para ocupar posiciones de poder. Privilegiando personas de edad más avanzada y generando desigualdad entre estos dos sectores.
La “adultocracia” provoca que los jóvenes muestren desinterés en los asuntos políticos, y que no sean partícipes en la generación de políticas públicas que los beneficien. Muestra de esto es la representación juvenil en los cargos públicos de elección popular.
Según el Instituto Estatal Electoral, en el Estado de Chihuahua, en el proceso electoral 2020-2021, se eligieron 880 cargos de elección popular, de los cuales solo 122 obtuvieron el triunfo para ciudadanos menores de 29 años. Esto representa tan solo el 13.86% de los cargos contendidos.
Es decir, el Estado debe fomentar la participación de los jóvenes, garantizando sus derechos, brindando los medios para que sus voces sean escuchadas, y dándoles la oportunidad de demostrar su talento. Porque los jóvenes no son el futuro de México; los jóvenes somos el presente.
Regidor en el Cabildo Juvenil 2022 de Cd. Juárez. Estudió administración pública y ciencia política en la UACH
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