El pasado martes 4 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la adquisición a través del fondo de inversión denominado Mexico Infrastructure Partners (MIP) -con participación mayoritaria del Fondo Nacional de infraestructura (Fonadin)-, de 16 centrales eléctricas; 15 de gas natural y una eólica, por una cantidad cercana a los U.S. $6,000 millones de dólares. Esta cifra se integra por U.S.$5,480 millones de dólares y la cancelación de una de las mayores multas en la historia energética de México por U.S. $466 millones de dólares, impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a Iberdrola, por incumplimiento a la normativa de autoabastecimiento, actualmente en litigio.
En los recursos aportados al fideicomiso para la compra se incluye capital público y privado, así como financiamiento de la banca privada y de desarrollo, por lo que según afirmó el Secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, la operación no representará deuda pública adicional. Se anunció que los activos productivos serán dados en operación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con el traslado de la operación de estas 16 plantas a la CFE, esta generará el 55.5% de la producción nacional, aumentando su capacidad en 8,539 megawatts (MW) y particularmente su presencia de generación en el noroeste del país del 6.7% al 44.8%. De lo comprado, 8,436 megawatts corresponden a energía de ciclo combinado de gas y 103 megawatts a eólica.
A su vez Iberdrola se desprende del 87% de sus activos de generación en México, que funcionaban bajo el esquema de producción independiente de energía. Esto le permitirá enfocar sus operaciones en renovables, para cumplir con sus compromisos europeos de la agenda 2030, en cuanto al proceso de descarbonización y la transición a energías limpias. En el 2021 estuvo entre las empresas más contaminantes y emisoras de gases de efecto invernadero a la atmósfera en España.
Iberdrola es la segunda empresa eléctrica más valiosa del mundo y primera en España, líder en la generación de energía eólica. Con ingresos anuales de aproximadamente U.S $40,000 millones de dólares. Cuenta con 28,836 empleados, de los cuales aproximadamente 1,500 se encuentran en México.
Es importante señalar que la citada compra no incrementa la capacidad de generación en México, pero si da un mayor control a la CFE sobre las plantas generadoras; lo que a juicio del gobierno federal abona al concepto de soberanía al tener mayor poder de decisión el Estado sobre la producción de electricidad en el país. Se ha tratado de encontrar un modelo que le dé cabida a la inversión privada, manteniendo siempre la tutela sobre los recursos energéticos. Una política de respuesta a que en el pasado se mermaron las capacidades productivas de la CFE, se instituyó un marco normativo que favoreció a particulares (Iberdrola señalado particularmente) y se privilegiaron vicios de corrupción y derroche.
La compra a Iberdrola no fue barata. Se adquirió el megawatt a un promedio de U.S. $700,000 dólares, con algunas centrales ya de hasta 22 años de antigüedad; mientras que, por ejemplo, plantas de ciclo combinado como la de Topolobampo III en Sinaloa, se adquirieron nuevas en U.S. $480,000 dólares por megawatt (U.S. $375 millones de dólares para producir 780 megawatts).
Esto representa un gran reto para la CFE, que como operadora del activo productivo deberá mantener una mejor gestión de la que llevaba Iberdrola. Gestión que le permita distribuir ganancias al capital mexicano y canadiense que integran el MIP, pague los intereses a la deuda que se haya adquirido y abarate la producción de la energía para beneficio de los consumidores; objetivo final de la operación que puntualmente señaló el Presidente de la República. Desafío aún mayor, si consideramos que las memorias de cálculo de la CRE no posicionan bien a la CFE como operador eficiente.
También falta esperar la calificación de la operación por parte de la Comisión Federal de Competencia. Con la adquisición el Estado Mexicano concentraría el 55% de la generación eléctrica, convirtiéndose en un agente preponderante en el mercado.
Finalmente es importante transparentar para conocimiento de la gente, la integración y origen de los recursos con los que se fondeó el MIP, para comprar las multi citadas plantas de generación eléctrica.

Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.