Hay que hacer de la ley nuestra bandera
No hay nada más revolucionario que cumplir y hacer cumplir la ley. Esta afirmación la escuché hace ya muchos años siendo yo una estudiante que participaba en un foro sobre la refundación del Estado. Dicho foro desarrollado por la UAB en un espacio de 3 días, cerraba con una magna conferencia a cargo de un renombrado jurista español. El anuncio se había hecho semanas antes y en pocos días el registro para su conferencia estaba copado. Tal personaje era en ese momento uno de los jueces más mediáticos a nivel mundial y la encarnación más profunda en contra de la corrupción y la defensa del Estado de Derecho.
A poco menos de una hora para iniciar la sala estaba completamente llena, todos esperaban la oportunidad de acercarse, saludarse, tomarse la foto o simplemente escuchar a este personaje que para nosotros como estudiantes era todo un rock star del Derecho. El entonces juez dio inicio a su conferencia, la cual todos seguíamos con singular interés, recuerdo que decía dentro de mí que me grabaría a fuego cada una de sus palabras de tan claras y sabias que me parecían, pero el tiempo pasó y lo único que no olvidé nunca fue la frase con la cual cerró su conferencia, llamándonos a nosotros, entonces jóvenes estudiantes a seguir nuestro natural impulso de cambiar el mundo con esa intensidad y rebeldía propia de la juventud.
Transcurridos los años cobra mayor sentido tal afirmación. No hay nada más revolucionario que cumplir la ley. En un mundo que busca salidas rápidas e inmediatas para todo, donde nos empeñamos en encontrar la cuadratura al círculo, hemos aplastado la verdadera esencia de las cosas. Hablando específicamente de nuestro país, nos hemos enredado tanto en la obtención de privilegios para unos cuantos, en repartir el botín llamado patria y en cambiar solo para beneficio de unos cuantos, que lo primero por lo que hemos pasado es encima de las leyes y la Constitución.
Desde que a algún listo metido en la política se le ocurrió en la segunda y tercera década del siglo pasado que no había mejor reclamo que la palabra cambio para el éxito electoral, y que el uso de esta palabra emulaba a la perfección el sentido de la democracia, pues he ahí que tenemos una saturación del término, el cual creen los políticos sirve para todo. Es tan poderosa que su sola evocación permite pasar por encima de las normas sociales, de los constructos jurídicos. Porque enarbolar el cambio, piensan los políticos que se convierte en un cheque en blanco para poder hacer con el gobierno lo que les dicte su propio parecer.
Y ahí vamos cada 3, 6 años a más de lo mismo, aprovechando el caos y la ingobernanza para sacar la bandera del cambio sin que este se refleje en una verdadera transformación del Estado y la sociedad. Pero por más atractivo que puede resultar el cambio, este por sí solo no orienta, ni fortalece al Estado y a sus instituciones. A pesar de los 30 millones de votos, las voces disidentes contra el gobierno de López Obrador se empiezan a multiplicar.
Porque cambiar por cambiar no basta. Lo que necesita México es una profunda revisión de los orígenes y principios que dan vida al Estado como nación. Hoy más que nunca resuena en mi aquella frase sobre que no hay nada más revolucionario que acatar la ley.
Aquel canto de sirenas que prometía el cambio, se ha quedado en el hueco del discurso, porque la palabra, más allá de lo fácil y atractiva que nos pueda parecer, no define nada, se queda en el aire como un vago sueño, ideal. Porque difícilmente habrá un consenso sobre lo qué es el cambio.
Porque en estos tiempos de caos no hay nada más insurrecto que hacer valer los derechos y cumplir con los fines del Estado de: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, …
Si Andrés Manuel López Obrador (y cualquier gobernador, juez, presidente municipal, diputado o senador) quiere en verdad pasar a la historia como un gran reformador solo hay que regresar a las bases sobre las que se asienta el Estado Mexicano.
Sin entrar en la turbulenta historia política de nuestro país, México ha transitado por diferentes formas de organización política; actualmente nos regimos bajo como una república federal y el respeto a ese principio tan básico es algo de lo que agradeceríamos al presidente de la nación. Un verdadero apego y regreso a los principios que dieron vida a este país.
Federalismo como forma de organización política, no populismo ni centralismo. Queremos depuración, limpieza, barrer toda esa basura que tiene ahogado al país, levantar del suelo a las Instituciones con I mayúscula y dejando de crear tanta institución con i minúscula. Lo más atrevido que puede hacer el presidente es regresarle la soberanía a los poderes judicial y legislativo. Empoderar al pueblo no mediante tontas consultas que solo sirven como pantalla para distraer, para repartirse los dineros públicos y darles trabajo a los hijos de los compadres. Sino en invertir la pirámide del poder, de una estructura completamente vertical a una de corte horizontal, donde los estados sean verdaderos garantes de poder.
Reivindicar la autonomía de los estados como una manera de pluralizar la función pública y limitar la concentración del poder político, en congruencia con las libertades y derechos políticos de los ciudadanos.
Si de verdad quiere revolucionar a México es momento de dejar de sangrar a los estados y municipios, abrir el debate a un nuevo pacto fiscal, que dé impulso a la economía a las entidades, que permita a los estados definir sus propias políticas económicas y dé la libertad para responder de manera eficaz ante situaciones extraordinarias, ahí estriba el federalismo en el equilibrio y separación de poderes, así como de roles bien definidos de gobierno central, estados y municipios.
Revolucionar a México es aplicar la ley, no de manera sesgada viendo hacia el pasado, culpando a los antecesores de todos los males del país, ni queriendo castigar por delitos cometidos hace más de 3 décadas. Una auténtica revolución sería la aplicación de medidas ejemplares a todo aquel que comete cualquier acto de deshonestidad, empezando por la propia familia, siguiendo con el primer círculo del gabinete hasta llegar a todo aquel que tenga a su cargo el manejo de recursos públicos.
Imagine usted qué manera más bella y poética de honrar a la Constitución a través del apego al artículo 4 que reglamenta el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos mexicanos, sin importar, su edad, género o condición social. Protegiendo y salvaguardando a los niños enfermos de cáncer.
En lugar de imponer su voluntad y hacer de los ordenamientos legales como la mayoría de quienes han accedido al poder, un verdadero papalote para echarlo a volar. ¿Qué mayor rebeldía ante el presidencialismo y autoritarismo del señor Presidente de la República al convertirse en el primer ciudadano comprometido con la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos? Y no los innumerables casos en los que ha contravenido directamente a lo establecido en la Carta magna
Claro ejemplo son los recursos enviados a países centroamericanos a través de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, para otorgar apoyos financieros a programas de infraestructura y equipamiento, con lo que de acuerdo a sus palabras se busca “contribuir al desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, para estrechar relaciones sobre bases provechosas”.
El problema no es que haya decidido convertirse en redentor y protector de estos países, lo grave del asunto es que una decisión que recae directamente en la Cámara de Diputados, él haya decidido mediante la firma de un decreto enviar dinero a estos países, violando la Constitución.
Lo mismo cuando ordenó la liberación del “chapito” a sabiendas de que era una acción ilegal. Lo mismo con la detención ilegal y el juicio anticonstitucional contra Rosarios Robles y el caso Lozoya que nos habla de la venganza como una política pública. O como cuando se confirmó que los terrenos donde se construye en aeropuerto de Santa Lucía son propiedad de un particular y que las apropiaciones de dichos terrenos se constituyen claramente como robo, ¿quién ordenó tal acción?
Estos son solo algunos ejemplos de acciones en las que el presidente contraviene lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Suprema del sistema jurídico mexicano, entonces. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que de manera sistemática pasa por encima de la ley?
Si de verdad la 4T quiere ser reconocida como transformadora de México, bien haría en empezar a cumplir y hacer cumplir con la ley, porque en un país gobernado por sinvergüenzas, nada más disruptivo que ser un hombre de ley.
Analista Geopolítica.
Maestra en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
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