Esta semana se generó un debate en torno a la secrecía de los ingresos de la élite del periodismo en México, de un grupo privilegiado de comunicadores famosos cuyo ejercicio profesional les ha permitido tener ingresos muy generosos.
La gran mayoría de ellos, más que trabajadores de los medios, son empresarios que durante décadas han obtenido grandes ganancias, originadas en la venta de publicidad y propaganda, pagada regularmente con fondos públicos.
En defensa de la confidencialidad de los ingresos y la riqueza acumulada de estos empresarios de la comunicación salió la consejera presidente del INAI, alegando que la obligación constitucional de transparentar los movimientos de sus finanzas sólo recae en los entes públicos.
Desde una perspectiva formal su observación tuvo razón, pero es evidente que dados los cambios que ha sufrido el país en los últimos años, para muchas personas sus argumentos sonaron débiles y lejanos.
Débiles porque en una sociedad en la que se han borrado las fronteras entre las actividades formales e informales y entre éstas y las ilegales, es evidente que urge revisar el alcance de las normas que regulan la transparencia y visibilidad de transacciones y operaciones financieras, no sólo de las asociadas a las actividades gubernamentales, sino de muchas otras que realizan los particulares y tienen impactos decisivos en la vida y el bienestar de todos los mexicanos.
Lejanos porque la visión detrás de su argumento de que la opacidad y franca oscuridad de las operaciones de los agentes privados no debe ser escrutada públicamente, corresponde a una idea obsoleta, que hizo fortuna en las reformas electorales de los noventa, dando lugar a una legislación electoral con enormes deficiencias para regular, tanto el financiamiento de las campañas, como el conocimiento del origen y destino de los recursos con los que se sufraga la propaganda y publicidad electoral.
Es del dominio público que en una sociedad como la mexicana en la que una proporción muy elevada de su economía está alejada de los mercados regulados, no se puede tener certeza del verdadero origen y destino de los recursos comprometidos con actividades, como las electorales, si no se proyectan los lentes de las miradas ciudadanas sobre las operaciones y actividades de los negocios privados.
Con toda certeza los mexicanos sabemos que las declaraciones de gastos de campaña no corresponden a la realidad, en buena medida porque la fiscalización efectiva sólo recae sobre las actividades financiadas con los fondos, pagados a los partidos por el INE; pero más allá hay un océano de recursos pagados por y a los particulares cuyo origen y destino nadie conoce, a pesar de que su uso suele ser determinante en la definición de un resultado electoral.
Pero no sólo en los asuntos electorales es fundamental tener certeza de transacciones económicas de gran calado, de enorme impacto, no sólo sobre asuntos electorales, sino además en temas como la formación y la inducción de la opinión pública en tiempos no contenciosos, cuando la publicidad y la propaganda pagada a agentes privados define el destino y la imagen de los gobernantes, máxime cuando sabemos que los gobiernos en todos sus niveles, pero en especial de los estados y los municipios, viven en una eterna paradoja financiera: en la que el gasto real en publicidad es creciente, ilimitado y deliberadamente opaco; mientras que los déficit de operación y los recursos destinados a proyectos esenciales son cada año más reducidos.
Al igual que el INE los órganos de fiscalización cada vez son más incompetentes para detectar con oportunidad cuál es la verdadera magnitud de los fondos públicos destinados a lavar la imagen de miles de pequeños y grandes gobernantes; por lo que parece absolutamente legítimo recorrer los velos que impiden conocer quiénes son los beneficiarios de este gran negocio que realizan los dueños y grandes empresarios de la comunicación que se refugian bajo la niebla muy espesa de reglas de transparencia que los dejan fuera del lente público.
Finalmente, un asunto eminentemente técnico nos indica que la calidad de una auditoría depende de la trazabilidad de los recursos: esto es conocer con detalle la trayectoria que han seguido los dineros públicos, desde su origen hasta sus destinatarios finales; pero esto no se puede realizar, sin que se abran al escrutinio las cuentas de todas los negocios que viven de la venta de bienes y servicios al sector gubernamental.
Por todo ello es enteramente necesario pasar a debatir la relevancia de conocer con detalle el monto y el origen de las ganancias que reciben, quienes tienen como oficio el maquillar la obra y la figura de los funcionarios públicos; entre los que se cuentan gobernadores, alcaldes, legisladores, rectores y cientos de autoridades que tiene el vicio de pagar para que no les peguen, siendo fieles a la famosa sentencia que nos legó José López Portillo.
Empresario y político defensor de la cuarta transformación.
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