Los secretos que el Gobierno de México oculta sobre sus vulnerabilidades cibernéticas. Parte III
La característica más preocupante del sexenio anterior no fue únicamente su responsabilidad ante la magnitud de los ciberataques, sino la doctrina de negación sistemática que marcó la respuesta oficial. Cada incidente fue minimizado, desestimado o atribuido a factores externos. Esta postura no solo impidió reconocer la gravedad de las vulnerabilidades, sino que también impidió la posibilidad de crear una política pública integral de ciberseguridad. En lugar de tratar los ataques como señales de una falla estructural, se abordaron como episodios aislados. El resultado fue un ciclo repetitivo: ataque, negación, improvisación y nueva vulnerabilidad.
Un México más digital, pero no más seguro
A partir de 2021, la digitalización gubernamental avanzó con rapidez. La pandemia aceleró la adopción de trámites en línea, sistemas de citas, expedientes electrónicos y plataformas de atención ciudadana. Sin embargo, ese crecimiento no estuvo acompañado de inversiones equivalentes en infraestructura de seguridad cibernética.
Varios especialistas en ciberseguridad advirtieron que el número de ataques dirigidos a instituciones públicas creció de manera sostenida. Aunque muchos incidentes no fueron reconocidos oficialmente, sí existen reportes de interrupciones en servicios hospitalarios por fallas en sistemas digitales; ataques de ransomware a dependencias federales, estatales y municipales; filtraciones de bases de datos alojadas en servidores vulnerables y ataques a plataformas de gestión administrativa del gobierno.
En varios casos, funcionarios y técnicos consultados por medios nacionales describieron episodios que nunca fueron confirmados públicamente, pero que coincidían con patrones de ataque observados en otros países de la región.
La opacidad en el sexenio pasado como política de Estado
La falta de transparencia se convirtió en un obstáculo adicional. Dependencias afectadas por incidentes digitales decidieron comunicar únicamente “fallas técnicas”, incluso cuando especialistas externos identificaron señales compatibles con ataques de ransomware, phishing o explotación de vulnerabilidades conocidas.
Organizaciones civiles y académicas señalaron que esta opacidad impidió evaluar el alcance real de los incidentes, dificultó la coordinación entre instituciones y dejó a millones de usuarios sin información sobre posibles filtraciones de datos personales.
En contraste, países con marcos de ciberseguridad más robustos suelen publicar reportes técnicos después de cada incidente, lo que permite mejorar protocolos y fortalecer defensas. En México, esa práctica, simplemente, nunca se llevó a cabo.
El “ahorro” que salió más caro
La “austeridad republicana” se convirtió en sinónimo de abandono de funciones esenciales del Estado, la lucha contra la “mafia del poder” derivó en la sustitución de expertos por leales, y la supuesta lucha contra la corrupción resultó ser un paraguas para nuevas fórmulas y formas de desvío de recursos.
La suma de negación, austeridad y opacidad dejó al país expuesto en un momento en el que los ataques cibernéticos se volvieron más sofisticados y frecuentes a nivel global. México entró a la era digital sin blindaje, sin estrategia y sin reconocimiento de la magnitud del riesgo.
La responsabilidad es directa porque estas no fueron consecuencias no deseadas de políticas bien intencionadas, sino resultados predecibles de decisiones deliberadas. Se sabía que recortar el presupuesto de ciberseguridad aumentaría el riesgo de ataques. Se sabía que contratar empresas sin experiencia era una apuesta arriesgada. Se sabía que negar los problemas no los haría desaparecer.
La historia continúa, veremos las potenciales implicaciones legales. Nos leemos en la siguiente entrega de esta saga que no termina de acabar.
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Aly Corany Abdallah
Analista, socialdemócrata y librepensador.
Licenciado en Derecho, Licenciado en Gestión y Desarrollo Empresarial, y TSU en Comercialización Inmobiliaria. Actualmente, cursa la Maestría en Derecho Digital y Juicios en Línea. Su enfoque multidisciplinario le permite analizar la realidad política y geopolítica desde una perspectiva integral.
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