A unos días de la conmemoración del 59° Aniversario de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), se celebró la LXXIV reunión de su Consejo Directivo. Este órgano colegiado, que es encabezado por la Presidencia de la OLACEFS, a cargo de la Contraloría General de la República del Perú, se integra por las EFS de Chile, Brasil, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay, que ejerce funciones de dirección y consultivas y vela por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de la OLACEFS.

Durante esta reunión del Consejo Directivo, tanto la Presidencia como la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS y sus distintas instancias de trabajo, como Comisiones y Grupos de Trabajo, informaron sobre las actividades realizadas durante 2021 y las que se desarrollarán en este año. Además, se presentaron proyectos de colaboración regional con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), la Iniciativa de Desarrollo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDI-INTOSAI) y el Banco Interamericano de Desarrollo, y con organizaciones de la sociedad civil, como AC Colombia organización civil con más de 20 años experiencia en la implementación de estrategias para el ejercicio del buen gobierno a través de programas innovadores en el campo del desarrollo humano en contextos de alta complejidad social. y la International Anti-Corruption Academy  IACA que fue iniciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, INTERPOL, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude entre otros, con la idea de una academia internacional anticorrupción.

La Auditoría Superior de la Federación tiene una activa participación en las distintas actividades desarrolladas por la OLACEFS, ya que forma parte de las distintas instancias de trabajo, pero,  especialmente, lidereando las actividades del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de la Gestión de Desastres en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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El mandato de este Grupo de Trabajo se amplió en el 2020 para considerar los riesgos biológicos y los sistémicos, como la pandemia de COVID-19. Estos últimos, considerados en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de las Naciones Unidas, implican la articulación de distintos factores, de carácter estructural, que incrementan la posibilidad de la ocurrencia de un desastre e impactan en el proceso de recuperación: la pobreza, la desigualdad o la existencia de infraestructura deficiente, entre otros. 

Además, debemos considerar que, debido a la crisis climática, la frecuencia y fuerza de distintos fenómenos naturales, como huracanes y sequías, ha aumentado y afectan de manera particular a América Latina y el Caribe, por lo que la labor de este Grupo de Trabajo favorece y consolida las capacidades de las EFS de la región para fiscalizar la gestión de desastres y colaborar en la construcción de comunidades sostenibles y resilientes, razón por la cual, solicitamos que la labor de este Grupo de Trabajo se extendiera por tres años más, debido a que la pandemia no ha concluido. Lo que la Asamblea aprobó hasta 2025.

Los resultados y proyectos considerados por el Consejo Directivo de OLACEFS muestran que la cooperación entre las EFS y otros actores relevantes, el intercambio de buenas prácticas y el trabajo conjunto entre las EFS latinoamericanas y caribeñas es un aspecto clave para generar un mayor conocimiento de las distintas problemáticas que nos afectan y avanzar en la búsqueda de soluciones innovadoras y oportunas que potencien el impacto y valor de la fiscalización superior y, con ello, contribuir al desarrollo y bienestar de nuestras regiones y poblados en condiciones de pobreza extrema.

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David Colmenares Páramo
Auditor Superor en Auditoria Superior de la Federación

Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.

Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.


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