El último crimen de “alto impacto nacional”, el del asesinato del valiente alcalde de Uruapan Michoacán Carlos Alberto Manzo Rodríguez, confirma una configuración significativamente pérfida y perversa del poder político que ha llegado a límites intolerables.
Ningún grupo al margen de la Ley puede resistir permanentemente la acción del Estado, si operan y persisten es porque el Estado omite perseguirles, existe colusión, acoplamiento o fallas particularmente deliberadas en el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia.
La Paz y la Seguridad son aspiraciones de la sociedad que dan su razón de ser al Estado; entendido este último como un pacto civil que da vida a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la búsqueda del Bien Común y preservando las libertades inherentes al ser humano.
Es así que en México existe un entramado de niveles de gobierno, leyes e instituciones que detentan un poder político irresistible para la población. Nadie puede desafiar al Estado puesto que cuenta con mecanismos coercitivos que incluso pueden volverse instrumentos de abuso y represión cuando no están mediana y objetivamente controlados por el pueblo o cuando la división de poderes es inexistente.
La corrupción en las áreas de seguridad y justicia de los tres niveles de gobierno creció gradualmente, a tal grado que en las últimas dos décadas México ha padecido una tremenda crisis de violencia criminal que no se explicaría sin el consentimiento de, o parte de, la alta dirección política.
La simbiosis entre intereses políticos, económicos y criminales ha conducido a que vastas porciones del territorio nacional estarían bajo el flagelo de grupos criminales donde el Estado formalmente establecido ha claudicado en su deber de proteger a la población, de aplicar las leyes y de impartir Justicia.Experimentándose un terrible retroceso civilizatorio.
La sustitución del Estado por la “ley del más fuerte” implica una perversión política y solo puede concretarse con pactos siniestros que ofrendan vidas humanas a cambio de dinero y poder ilegítimo esclavizador.
El sometimiento a través del miedo y la violencia se generaliza y se recalca, en la soberbia de la maldad no cabe nadie que tome acciones que desafíen a ese “Estado paralelo” creado para extraer rentas al margen de la Ley.
El caso de Carlos Manzo es otro que se suma a la larguísima, larguísima, lista de hombres y mujeres víctimas de la violencia delincuencial en México, pero también de la negligencia e ineptitud institucional igualmente criminal.
Recientemente otros alcaldes y líderes sociales han corrido con la misma suerte;negarse a colaborar con la delincuencia, no mirar hacia otro lado o denunciar es extremada y mortalmente peligroso en muchísimos municipios y regiones del país. Complicidades que matan, el Estado abandona literalmente a los suyos, si eso pasa con los alcaldes ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de a pie?.
Corresponde desbaratar la aleación que existe entre el crimen y el Estado. Solo será posible si los mexicanos lo exigimos y actuamos en consecuencia, ojalá despertemos a tiempo, ojalá exista voluntad por recomponer la casa.
“Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre: que es la muerte segunda.”
(Apocalipsis 21:8)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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