Los expedientes judiciales deberían servir para encontrar la verdad. Pero en política, muchas veces sirven también para mover reflectores. El caso de Ernesto Ruffo Appel parece caminar exactamente sobre esa línea.
Ruffo no es un personaje cualquiera. Fue el primer gobernador de oposición reconocido en la historia moderna de México. Su triunfo en Baja California, en 1989, abrió una grieta en la hegemonía priista que terminaría transformando el mapa político nacional. Por eso, cuando la Fiscalía General de la República lo acusa de presunta delincuencia organizada y participación en una red de huachicol fiscal, no sólo se investiga a un empresario o a un exgobernador: se toca uno de los símbolos históricos del panismo.
Los datos conocidos son serios. La investigación gira alrededor de operaciones relacionadas con importación y almacenamiento de combustibles presuntamente introducidos mediante esquemas irregulares para evadir impuestos. Ruffo ha reconocido ser accionista de una de las empresas investigadas, Ingemar, pero niega responsabilidad penal. Actualmente enfrenta prisión preventiva mientras continúa el proceso. Sin embargo, conviene recordar algo que suele olvidarse en tiempos de redes sociales y juicios instantáneos: prisión preventiva no significa culpabilidad. La Fiscalía aún tiene la obligación de demostrar qué hizo Ruffo, qué sabía, cuándo participó y qué beneficio obtuvo.
Hasta ahí estamos en terreno jurídico.
Pero México rara vez permite que los asuntos judiciales permanezcan exclusivamente en el ámbito jurídico.
La detención ocurre en un momento particularmente interesante para Baja California. Durante el último año, diversos señalamientos y filtraciones habían colocado bajo presión mediática a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y a quien fuera su esposo, ambos mencionados en distintas versiones relacionadas con redes de huachicol fiscal. No existen sentencias condenatorias contra ellos. Sin embargo, el tema había comenzado a generar un costo político evidente.
Entonces aparece Ruffo.
De pronto, la conversación deja de concentrarse exclusivamente en Morena y se reparte entre Morena y PAN. El reflector cambia de dirección. El huachicol ya no parece un problema asociado únicamente a personajes cercanos al oficialismo; ahora también golpea a una figura histórica de la oposición.
¿Eso convierte automáticamente a Ruffo en inocente? No.
¿Demuestra que existe persecución política? Tampoco.
Lo que demuestra es algo mucho más simple: una investigación puede ser legítima y al mismo tiempo resultar políticamente conveniente. Ambas cosas pueden coexistir sin contradicción.
Aquí aparece la declaración de Verónica Ruffo, hija del exgobernador, quien sostiene que su padre es víctima de una justicia selectiva. La pregunta no es menor. Porque la verdadera prueba para cualquier sistema de justicia no consiste en perseguir a un adversario político, sino en aplicar exactamente el mismo rigor cuando las investigaciones se acercan a quienes gobiernan.
El problema es que México carga una larga historia de expedientes que parecen acelerarse o frenarse dependiendo del apellido, el partido o la coyuntura electoral. Por eso la duda encuentra terreno fértil.
El escenario más probable parece ser un proceso largo. Audiencias, recursos, amparos, testimonios, filtraciones y nuevos capítulos mediáticos pueden extender este expediente durante meses o incluso años. Y ahí surge la parte más delicada: una absolución tardía rara vez recibe la misma atención que una detención espectacular. El daño reputacional suele llegar mucho antes que la sentencia.
Si Ruffo participó conscientemente en actividades ilegales, debe responder ante la ley. Sin excepciones. Pero si la ley va a actuar con toda su fuerza, debe hacerlo también contra cualquier funcionario, empresario o político mencionado en investigaciones similares, sin importar el color de la camiseta que porte.
Porque la corrupción no es panista, priista o morenista. Es corrupción.
La pregunta de fondo no es si Ernesto Ruffo será condenado o absuelto. La verdadera pregunta es si veremos el mismo entusiasmo investigador cuando las pesquisas se acerquen a quienes hoy ocupan el poder.
Ahí es donde comienza la diferencia entre justicia y justicia selectiva. Y eso es, El Meollo del Asunto.
Daniel Valles
Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana.
Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
