La reciente elección del Papa León XIV y el proceso que se avecina en México para elegir por voto popular a jueces y magistrados tienen, a pesar de sus diferencias, un punto en común: ambos suponen la renovación de instituciones que históricamente han reclamado para sí el poder de guiar a la sociedad hacia la paz, el orden y la justicia.
Por un lado, la Iglesia católica, mediante un cónclave cerrado, eligió al sucesor de Francisco. León XIV, antes cardenal Robert Francis Prevost, ha asumido el liderazgo espiritual de más de mil millones de fieles en un mundo polarizado y herido por conflictos como los de Gaza y Ucrania. Su primer mensaje fue un llamado al cese de la guerra, un gesto necesario, aunque no suficiente. La pregunta sigue siendo: ¿puede una figura elegida a puerta cerrada representar las urgencias y voces diversas del siglo XXI?
Por otro lado, en México se prepara un proceso sin precedentes, la elección directa de más de mil seiscientos cargos judiciales, entre ellos ministros de la Suprema Corte y jueces de distrito. Una reforma que busca democratizar al Poder Judicial, pero que ha despertado serias dudas sobre su viabilidad, la preparación del electorado y el riesgo de politización de la justicia. Varias voces, incluso dentro del propio sistema judicial, han advertido que la justicia no debe ser una competencia de popularidad.
Ambos eventos el del Vaticano y el de México invitan a una reflexión más profunda. ¿Realmente estas renovaciones garantizan un cambio de fondo o son solo nuevos rostros en estructuras que siguen operando bajo lógicas de poder antiguas? ¿Puede un Papa, elegido por un puñado de cardenales, representar hoy las voces críticas de mujeres, jóvenes, personas LGBTQ+ o víctimas de abusos? ¿Puede un juez electo por mayoría popular mantener su independencia frente a partidos, corporaciones o campañas manipuladas?
En el fondo, tanto el líder religioso como el operador judicial comparten un rol: son figuras que influyen desde distintos ámbitos en la forma en que la sociedad entiende el bien, el mal, el castigo y la redención. Ambos, aunque desde lugares distintos, imponen normas, valores y límites. Ambos, en sus mejores versiones, están llamados a ser garantes de justicia, ética y equilibrio. Pero en sus peores versiones, son brazos del control, la exclusión o el silencio.
Y sin embargo, en ambos casos, el poder que representan no siempre ha respondido con eficacia o legitimidad a las necesidades sociales. La Iglesia ha sido criticada por su opacidad, por encubrir abusos, por negar realidades sociales urgentes. El Poder Judicial mexicano ha sido señalado, no sin razón, como una élite alejada de la ciudadanía, que muchas veces ha operado con lentitud, complicidad o indiferencia ante la injusticia.
Así, la elección del Papa y la futura elección de jueces no son solo noticias de coyuntura: son espejos de las tensiones actuales entre tradición y cambio, entre autoridad moral y legitimidad democrática. Son recordatorios de que la paz social no puede descansar únicamente en instituciones jerárquicas sean religiosas o jurídicas sino en una ciudadanía informada, crítica y activa.
Porque al final del día, cambiar nombres no basta. Lo urgente es revisar a fondo las estructuras que permiten o perpetúan la injusticia. Solo entonces, más allá del dogma o la ley, podremos hablar de una paz social verdadera, no impuesta, sino construida. Una paz que no dependa de la fe ciega ni del miedo a la autoridad, sino del diálogo, la transparencia y el respeto profundo por la dignidad humana.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
