Como ciudadano mexicano es fundamental comprender los motivos y el propósito de pagar impuestos, es decir, porqué ser un contribuyente.
En primer lugar, porque los impuestos son uno de los principales medios mediante los cuales los gobiernos obtienen los ingresos que se utilizan para invertir en aspectos prioritarios como: Educación, financiamiento de escuelas y programas educativos; Salud, mantenimiento de hospitales, servicios médicos y dotación de medicamentos; Justicia y Seguridad; Infraestructura, construcción y mantenimiento de carreteras, espacios públicos y servicios básicos, así como programas sociales, entre muchos otros.
Los impuestos nos permiten financiar necesidades colectivas que individualmente no podríamos cubrir.
Además, es una obligación constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31 fracción IV, establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, es decir, aportamos recursos para financiar las actividades del gobierno en beneficio de todos los ciudadanos, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
La ley establece que todos los mexicanos debemos contribuir de manera proporcional y equitativa. Esto significa que cada persona aporta según su capacidad económica, que los impuestos se aplican de manera justa y que tanto las personas físicas como morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos. Es una responsabilidad ciudadana que nos permite construir un México más justo y equitativo.
Todo lo anterior viene a cuenta por la negativa del segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, a pagar los impuestos que adeuda al fisco mexicano por un monto de 63 mil millones de pesos.
El empresario se ha negado a pagar de manera reiterada, enfrenta 17 juicios relacionados con ese adeudo y ha emprendido una defensa jurídica que se le ha venido cayendo a pedazos, por lo que ha optado por emprender una agresiva campaña a través de las redes sociales y, sobre todo, a través de los noticieros de los canales de televisión que le fueron concesionados de manera irregular desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y con financiamiento de origen muy dudoso, aportado precisamente por el hermano del ex presidente, quien incluso estuvo preso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso Salinas Pliego en una mañanera a finales de abril pasado. En clara referencia a TV Azteca dijo: “hay una campaña vulgar, grosera e injusta aprovechando un medio de comunicación concesionado. No deja de ser un medio concesionado que se utiliza para defender intereses particulares de una empresa”.
He aquí el meollo del asunto, el otorgamiento de una concesión de televisión se basa en el interés público, es decir, el concesionario está obligado por ley a brindar un servicio esencial que brinde información de interés general y verídica, entretenimiento y cultura a la población. Las concesiones se otorgan por un período determinado y pueden ser revocadas si se incumplen esas obligaciones.
Como explicar, o más allá, justificar que una persona que evade sus responsabilidades fiscales y que se niega a aportar lo que le corresponde para financiar las necesidades colectivas de todos los mexicanos, se enriquezca a través del usufructo de una concesión pública, propiedad precisamente de todos los mexicanos.
Como ya dijimos párrafos atrás, las concesiones de televisión se otorgan en función del interés público y la promoción del bienestar social; la veracidad de la información transmitida es fundamental para cumplir con este interés público. En TV Azteca sucede todo lo contrario: difunde información falsa de manera sistemática y deliberada, y pruebas hay muchas, como la campaña para que los ciudadanos no hicieran caso a las indicaciones de las autoridades de Salud en cuanto a las medidas para prevenir y evitar los contagios por Covid-19; las falsedades en cuanto a los contenidos de los nuevos libros de texto; y, sobre todo, respecto del o los adeudos de las empresas propiedad de Salinas Pliego y las acciones del gobierno para recuperar los impuestos que éste adeuda.
Todo los anterior puede considerarse un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión y puede ser motivo para iniciar un proceso de revocación o cancelación. Considero es tiempo de empezar a analizar esta posibilidad por parte de las autoridades y nosotros, el pueblo de México, debemos empujar para que ello ocurra a la brevedad posible.
Salinas Pliego es un evasor, un fantoche que pretende aparecer como víctima de hostigamiento por parte de las autoridades, un junior mamón que presume casonas, yates y aviones de lujo comprados con esos recursos que nos está quitando a todos los mexicanos; que usufructuaba un campo de golf en una propiedad pública ubicada en una zona privilegiada de Oaxaca y que se ha inventado un personaje, el Tío Richy, que emula a un Rico McPato de pacotilla y que, sin embargo, tiene sus fans y defensores en las redes sociales, internautas que, siendo víctimas de la ambición de este personaje, lo defienden, sumidos de manera inconsciente, imagino, en una especie de síndrome de Estocolmo.
El caso de Ricardo Salinas Pliego representa un desafío significativo para el Poder Judicial de México, que ya lo tiene en sus manos. Resolver este caso implica evaluar la legalidad y justicia de una deuda de gran envergadura y el Poder Judicial debe tomar decisiones imparciales y justas, independientemente de las presiones de un empresario tan influyente, con amplia presencia mediática y recursos económicos. Resolver este caso requiere garantizar la transparencia y la responsabilidad en la aplicación de la ley.
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